El PP canario se desmarca del 'ala dura' de la dirección nacional y celebra el decreto ley

El PP de Canarias se desmarca de las posiciones más críticas de los principales dirigentes conservadores, como la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso -que ha amenazado con ir a los tribunales y recurrir ante la UE-, y el de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y celebran la aprobación del decreto ley que reorganiza la distribución de los menores inmigrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas.

Jacob Quadri, coordinador general de los conservadores isleños, fue tajante: "creemos que era urgente y necesario y lo llevamos pidiendo a gritos desde hace mucho tiempo porque la situación en el Archipiélago es totalmente insostenible".

Sobre los mensajes de los presidentes del PP en otras autonomías, sobre todos de las que dependen del apoyo de Vox para sacar adelante sus cuentas regionales, Quadri insistió en que "este reparto debe venir acompañado de la financiación adecuada porque no queremos trasladar el problema a otras comunidades autónomas, sino que se solucione".

"Son otros gobiernos, otras circunstancias y otras condiciones, pero nosotros estamos en Canarias, defendemos los intereses de Canarias y ahora mismo lo mejor para el archipiélago es este reparto de menores", insistió.

Con todo, mantuvo sus "dudas ante los engaños e incumplimientos en numerosas ocasiones en materia migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez" y de las promesas "que no se han cumplido" por parte del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y consideró que "ahora no es relevante" lo que sus compañeros del PP voten en el Congreso cuando se tenga que convalidar el decreto: "lo importante es que este decreto ofrezca garantías a las comunidades autónomas que van a recibir a esos menores".

La reacción del portavoz del Gobierno ceutí, Alejandro Ramírez (PP), es también favorable al texto aprobado al reseñar que "la acogida de menores debe ser abordada desde una perspectiva estructural porque es un asunto de todos, ya que la situación es insostenible en Canarias y en Ceuta y en un futuro inmediato puede ser en cualquier otro territorio nacional".

Precisamente, Miguel Tellado, portavoz de los conservadores en el Congreso, insiste en que el partido no va a incumplir las disposiciones del real decreto ley que supone la reforma de la ley de extranjería para que las comunidades autónomas no puedan rechazar la acogida de menores inmigrantes, aunque planea implementar un plan para oponerse. "No encontrará ninguna comunidad autónoma del PP que incumpla la ley nunca, no lo hemos hecho nunca y no lo vamos a hacer", que es lo que ha pedido el presidente Fernando Clavijo durante su comparecencia para valorar la aprobación del decreto ley que modifica el artículo 35 de la ley de extranjería.

Sin embargo, Tellado no ha desvelado cuál será el sentido del voto de los conservadores cuando haya que convalidar el decreto ley en el Congreso -ya se opuso el 23 de julio a tramitar la proposición de ley que presentaron el PSOE y CC en los mismos términos que se han incluido en el decreto-, aunque sí avanzó que el partido estudiará el texto para decidir «la línea de acción»y oponerse a él "si el Gobierno no pone medios ni financia la acogida de estos menores".

Para el PP, la redistribución de los menores de Canarias y Ceuta se ha hecho "de forma partidista, siguiendo el chantaje del independentismo" y es, además, "una imposición a las comunidades autónomas" con las que el Ejecutivo central se ha negado a consensuar.

Un reparto "de manera desalmada"

Madrid y la Comunidad de Valencia han sido las más beligerantes en manifestar su más absoluto rechazo a la modificación de la legislación de extranjería para la redistribución de menores migrantes hasta el punto de que la presidenta Díaz Ayuso avisó de que recurrirá en los tribunales y en la UE el decreto ley: "Ni Cataluña, ni Madrid, ni Canarias. No se puede fomentar la inmigración irregular masiva", escribió en sus redes sociales. Y añadió que "la política migratoria de Sánchez es un lastre para todos: para España, para Europa y para los mismos inmigrantes, en manos de las mafias".

"Se usa a estos menores de arma política. Lo pagan ellos y cada ciudad donde son enviados de manera desalmada" remachó la baronesa madrileña.

Igual de contundente se mostró el president Mazón, al insistir en el mensaje que ya adelantó el lunes cuando suscribió el acuerdo con Vox para aprobar los Presupuestos de la Comunidad Valenciana: "no aceptamos más trampas del Gobierno al dictado de los separatistas", en alusión al acuerdo con Junts.

Ante las críticas que vierten los barones del PP, la portavoz de los postconvergentes en el Congreso, Míriam Nogueras, aseveró que el acuerdo alcanzado con los socialistas para llevar a cabo el reparto de menores migrantes este año impedirá que comunidades autónomas como Madrid sigan "mirando hacia otro lado" y ayudará a Cataluña a aliviar su "saturación" y recibir una mayor compensación económica. Por eso, defiende que con este acuerdo lo que se hace es corregir una "desigualdad histórica" entre las distintas comunidades autónomas.

Fuentes de Junts ponen el foco en los niveles de "saturación" que aseguran que tiene Cataluña con los menores migrantes y justifican así que dicha comunidad autónoma vaya a recibir solo 20 o 30 menores frente a los 700 que recibiría Madrid. De hecho, este pacto para la distribución obligatoria de menores migrantes no resuelve el problema de fondo, ya que su duración será temporal y sólo tendrá un plazo de un año. Pasado este tiempo, ya en 2026, el Gobierno tendrá que volver a negociar con los de Carles Puigdemont un nuevo reparto de menores para aprobar la prórroga del texto.

Abascal fue de nuevo el más radical al apuntar que los menores han de volver "a Marruecos con sus padres y con su Rey"

La dureza de Ayuso y Mazón solo es equiparable al discurso que mantiene Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, dijo en sus redes sociales que los inmigrantes deben regresar a Marruecos. "Ni a Bilbao, ni a Barcelona, ni a Valencia, ni a ningún sitio. A Marruecos con sus padres y con su Rey. Punto", ha subrayado.

En esta línea, la portavoz del partido ultraderechista en el Congreso, Pepa Millán, señaló que tanto la reforma de la ley de extranjería como el acuerdo alcanzado con Junts para el traspaso de competencias en inmigración son "una absoluta irresponsabilidad con los españoles, que son al final quienes sufren las consecuencias de estas políticas, no las sufre Pedro Sánchez, que está en Moncloa con su seguridad, con su coche blindado y con todo ese séquito que le acompaña a él".

Por último, la portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, consideró "un paso positivo" un acuerdo que el lehendakari Imanol Pradales analizará en los próximos días con Clavijo porque "toma como base la propuesta trabajada por Euskadi y Canarias", aunque cree que tiene "margen de mejora" porque, entre otras cuestiones, no se hace "una mención específica a la frontera norte, que era lo que Euskadi pedía".