Canarias logra al fin el sí de Madrid para iniciar el reparto de menores migrantes

El Gobierno central atendió este martes, por fin y tras muchos avatares políticos durante casi un año, la reclamación de Canarias para establecer un mecanismo de reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados desde los territorios frontera hacia el resto de comunidades autónomas.

El Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley de medidas urgentes que “da una solución solidaria, estructural y reglada a la situación que viven miles de estos niños, niñas y adolescentes” que ahora colapsan los centros de acogida de Canarias y Ceuta y que supone una modificación del artículo 35 de la ley de extranjería en términos pactados por el Ejecutivo estatal y el Gobierno de Canarias, y con el visto bueno de Junts per Cataluña para que el real decreto pueda ser convalidado en el Congreso en el plazo de un mes.

Aunque el decreto será publicado este mismo miércoles en el BOE y podría entrar en vigor de forma inmediata, el Gobierno no le dará curso hasta que no se produzca esa convalidación efectiva de la Cámara Baja, mientras que el PP y la mayoría de las comunidades gobernadas por este partido han salido en tromba a rechazarlo y algunas anunciando recursos judiciales contra él.

Con todo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, encargado de explicar la medida tras el Consejo de Ministros, mostró su disposición a “explicar” a los populares, “e incluso a Vox”, el contenido del decreto, y aseguró “no renunciar” a contar con el apoyo al menos del partido que tendrá que aplicar la medida en once comunidades autónomas y dos ciudades autónomas.

La reforma legal supondrá, en primer lugar, el traslado de en torno a 4.000 menores desde Canarias (que en la actualidad acoge a casi 4.800) y otros 400 desde Ceuta (con casi 500 menores tutelados) al resto de territorios a partir de los criterios de distribución que previamente también pactaron los gobiernos central y canario.

Los criterios de distribución apuntan a una salida de 4.000 menores de las Islas, Madrid asumirá 700 nuevas acogidas, y Cataluña únicamente 20 o 30

Hasta que las comunidades autónomas no certifiquen el número de menores que tiene tutelados en estos momentos no se sabrá el resultado final de la distribución, pero según cálculos oficiosos, habrá una gran diferencia en las cifras de nuevas acogidas, de las 700 que podría asumir Madrid, a los 20 o 30 de Cataluña. Es el resultado de la combinación de elementos que entran en juego a la hora de hacer el reparto, especialmente el del esfuerzo de acogida en los años anteriores por las comunidades de forma que algunos territorios ya copan un alto porcentaje del total del colectivo en todo el país.

Torres calificó esta modificación de “hito histórico porque así lo llevan reclamando los territorios frontera durante 30 años” y recordó que “es la primera vez que el Consejo de Ministros aprueba una modificación legislativa reclamada por estos territorios, y por primera vez se pone sobre la mesa una respuesta justa y equilibrada” al problema de los menores que migran sin familiares.

Anunció una “intensa labor negociadora” similar a la ya se llevó a cabo en julio pasado durante el primer intento de esta modificación legal que, sin embargo, fue rechazada por el PP, Vox y Junts, y remarcó en este sentido que “en esta ocasión a los apoyos de entonces sumamos el de Junts, con lo que hay garantías de que será aprobado”. “Tenderemos la mano a quienes votaron en contra , el PP y Vox”, insistió.

El decreto fija un fondo de 100 millones para financiar el primero de los repartos este año

El ministro dijo que la reforma de la ley de extranjería “es la mejor opción y la más eficiente ante la respuesta que debemos dar en defensa de los derechos humanos”, asegurando también que “hay consignación económica suficiente y necesaria” y anunciando un primer fondo de 100 millones para los traslados que se lleven a cabo este mismo año.

Criterios de reparto

El texto legislativo establece en primer lugar que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia sigue manteniendo su plena autonomía y tiene la posibilidad de acordar y modificar cualquier aspecto de este real decreto siempre que se acuerde por unanimidad, y que en tanto no se tenga otro criterio se plantea que cualquier comunidad autónoma que tenga en un momento determinado un número de menores que multiplica por tres su capacidad ordinaria está en contingencia migratoria y trasladará al Gobierno su situación de emergencia para que se activen los mecanismos del reparto. Es la situación en la que se encuentran en estos momentos Canarias y Ceuta, aun que podría haber comunidades que están ya cerca de superar ese límite.

Ángel Víctor Torres: Eestamos ante un real decreto-ley de obligado cumplimiento y esperamos que esto no lleve a que tengamos conflictos de carácter jurídico”

Uno de los apartados de la norma regula el modelo de gestión de contingencias, con un conjunto de criterios objetivos para la determinación -por el órgano competente de la Administración General del Estado- de cuál será la ubicación de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en las diferentes comunidades; el mecanismo de derivación a otros territorios; y los criterios de determinación de plazas por territorio.

En el caso de que no haya acuerdo unánime en la Conferencia Sectorial se establecerán criterios en función de parámetros como el de población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%). Otro elemento fundamental del decreto establece cómo debe registrarse el menor cuando llegue a territorio español, “un derecho perfectamente establecido con fiscalía del menor”, según recordó el ministro. Cuando un menor llegue a una comunidad en contingencia migratoria una vez esta se establezca, será distribuido a otras comunidades.

Plazos

Para el año en curso, las comunidades autónomas tendrán hasta el 31 de marzo para trasladar al Gobierno de España las certificaciones sobre el número de menores que ya acogen y deberán hacerlo mediante fe pública del funcionario pertinente de la consejería correspondiente. De esa información de todas las comunidades saldrá el número total de menores en todo el país, que determinará el resto de operaciones para fijar la capacidad ordinaria de cada territorio antes de llevar a proceder a cualquier reparto desde las comunidades que se hayan declarado en emergencia migratoria.

Para los siguientes ejercicios las comunidades tendrán que comunicar antes del 15 de enero el número de menores que ha atendido en el año anterior. El decreto será revisable anualmente y necesitará de su correspondiente prórroga para que la obligatoriedad que establece no decaiga.

Torres asegura que esas certificaciones podrán “negro sobre blanco la realidad de cada territorio” y que dará la medida de la situación real de cada territorio. “Teniendo en cuenta lo que se ha afirmado y publicado sobre la situación de saturación de muchas comunidades, el ejemplo mejor de transparencia y rigor es que emitan los informes certificados”, dijo el ministro.

“No hacerlo sería dejar en evidencia sus afirmaciones. Si no lo hacen es que no es verdad y tendremos que recurrir a los informes de los ministerios pertinentes”, advirtió antes de recordar que “estamos ante un real decreto-ley de obligado cumplimiento y esperamos que esto no lleve a que tengamos conflictos de carácter jurídico”. “Es el momento de saber quién está realmente saturado y quien ha hecho esfuerzo menor”, remachó.

Según el ministro, el País Vasco y Cataluña son los que históricamente han hecho un mayor esfuerzo de acogida, razón por la que ahora asumirán muchas menos acogidas que otras. Cataluña cifra en 1.065 los menores migrantes en acogida, lo que supone el 24% del total, Euskadi 498 y Navarra 85. Pero el Gobierno asegura que no se quedarán fuera del reparto, como señala el PP. Torres reclama al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, a “aclarar qué defiende”, y que “si ahora no acoge es que las amenazas de Vox han surtido efecto”. Por contra, agradeció el trabajo realizado “con la presidencia del Gobierno de Canarias, y sus servicios jurídicos”. 

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