Los inspectores alertaron en 2022, tras un accidente con un fallecido, de que en la mina de Cerredo se sacaba carbón de forma ilegal

El Servicio de Seguridad Minera del Principado ya tuvo en 2022 indicios de que en la mina de Cerredo se llevaban a cabo labores extractivas de carbón irregulares y recomendó abrir un expediente a la empresa titular de las instalaciones. Un informe interno de la entonces Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, realizado tras un grave accidente en la misma instalación en la que este lunes han fallecido cinco trabajadores, constataba "indicios racionales de una actividad extractiva no autorizada".

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El documento provenía de la dirección general de Energía, Minería y Reactivación, que ocupaba entonces Belarmina Díaz, hoy consejera de Transición Ecológica. El informe prueba que el Principado ya tenía en 2022 sospechas firmes de que los propietarios de la instalación, Combustibles Asturiana y Leonesa (cuya explotación reclamaron en 2024 bajo el nombre de otra sociedad del mismo entramado empresarial) podían estar incumpliendo la legalidad. Este informe se realizó tras un accidente en el que falleció un trabajador y otro quedó con heridas graves tras perder una pierna.

Belarmina Díaz se reunió con la sociedad en 2023. A la luz del informe, en el Principado se conocía que los titulares de la explotación (entonces en manos de Combustibles Asturiana y Leonesa) podían estar llevando a cabo actuaciones irregulares en la mina subterránea, supuestamente clausurada. Un año más tarde, el 12 de diciembre de 2023, Belarmina Díaz, entonces directora general de Minas, se reunía con los mismos responsables del siniestro (entonces actuando bajo el nombre de Blue Solving), según consta en su agenda oficial. La consejería de Transición Ecológica autorizó en 2024 una supuesta investigación sobre la presencia de grafito de alta calidad en las minas, llevada a cabo por las mismas sociedades empresariales que dos años antes habían sido sospechosas de extraer ilegalmente carbón en las instalaciones.

El hijo de un empresario enjuiciado por tráfico de drogas. Blue Solving, sociedad unipersonal creada con 3.000 euros de capital, tiene como administrador único a Adrián Rodríguez Rodríguez, hijo de José Manuel Rodríguez Morán, empresario minero pendiente de un juicio tras detectarse en una de las empresas de su entorno 400 kilos de cocaína dentro un cargamento de carbón vegetal importado en el puerto gijonés de El Musel. Esta causa está pendiente de juicio. Se trata del mismo empresario que estaba tras Combustibles Asturiana y Leonesa, la sociedad responsable del accidente de 2022.

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Para continuar desarrollando la actividad, los titulares de la mina realizaron un cambio de nombre. La explotación en la que se produjo el suceso se mantenía en manos de Combustibles Asturiana y Leonesa, al menos a ojos del Ayuntamiento de Degaña, ya que esta no comunicó el traspaso a Blue Solving hasta febrero de este mismo año. Un simple rastreo en internet permite comprobar cómo los responsables de Combustibles Asturiana y Leonesa estaban también vinculados a Blue Solving. De hecho, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el mismo facultativo de Combustibles Asturiana y Leonesa fue quien registró el traspaso de la titularidad a Blue Solving. Este documento está firmado por José Antonio Fernández Casillas, a la sazón secretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias, entidad que ayer continuó guardando silencio sobre el asunto pese a los requerimientos de este periódico.

Una inspección el pasado septiembre no detectó nada. La consejera de Transición Ecológica y exdirectora de Minas. Belarmina Díaz aseguró ayer que en septiembre de 2024 se realizó una "inspección rutinaria" que concluyó que "todo estaba en regla" y que los trabajos que se estaban realizando se correspondían con los previstos en las licencias concedidas a la empresa, y que concluyen el próximo 11 de abril. Belarmina Díaz aseguró que ha convocado de urgencia para el próximo jueves a la Comisión Regional de Seguridad Minera, en línea con lo manifestado por el presidente del Principado, Adrián Barbón, de que la investigación se va a desarrollar con el "máximo rigor", según recalcó la consejera. La reunión de esta comisión de seguridad había sido reclamada por el sindicato minero SOMA-FITAG-UGT.

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Un informe demoledor que debió hacer saltar las alarmas. El accidente de 2022 se produjo después de que un camión de volquete, cargado con carbón y que descendía por una pista interior del complejo minero, se saliese de la calzada. Uno de los tripulantes, R. D. S. R., falleció y otro, E. R. M, resultó herido de gravedad, por lo que sufrió la amputaciónde la pierna izquierda. El informe de los inspectores mineros constató graves deficiencias: el vehículo tenía 26 fallos que impedían que pasase la ITV. Además, el informe detecta irregularidades en el mantenimiento del equipo, carencias en la formación e información a los trabajadores, deficiente organización de los trabajos y del personal implicado, falta de certificados de capacitación para el manejo de equipos mineros e irregularidades en los trabajos, por lo que reclamó incoar un expediente sancionador. Es en las conclusiones finales donde los inspectores señalan que "el carbón que transporta el camión accidentado procede de la plaza del sexto piso de la mina de interior, para la que no existe autorización de explotación, encontrándose en proceso de cierre". Ante los "indicios racionales de una actividad extractiva no autorizada", los inspectores instaron la apertura de un expediente informativo.

La empresa trató de lavarse las manos. El informe de los inspectores señala "temerario e imprudente" el argumentario utilizado por la empresa para justificar el accidente. La mutua responsable aseguró que este se produjo por "una actitud imprudente y temeraria, innecesaria dentro de su actividad", poniendo "voluntariamente en peligro su vida", por lo que pedía que el siniestro no se considerase accidente laboral. "El juicio de la mutua se emite sin aportación de argumento o prueba alguna", señala la inspección minera, por lo que decide directamente "no tenerlo en cuenta".

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Subvenciones estatales. El mismo entramado societario titular de la explotación no solo consiguió autorización para buscar grafito de alta calidad en la explotación, sino que logró un permiso de desmontaje de estructuras en la zona en la que se produjo el accidente y que expiraba el 11 de abril. Se trata del mismo permiso que esgrimió el entramado societario en 2022 pero que, supuestamente, fue utilizado para extraer carbón de manera presuntamente irregular. Además, los propietarios de las empresas señaladas, Blue Solving y Combustibles Asturiana y Leonesa, lograron subvenciones del Instituto de Transición Justa por valor de más de 1,5 millones de euros. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica recalcaron que el Instituto de Transición Justa "no financia la extracción minera", y que Blue Solving recibió una subvención "para recuperar antiguas instalaciones y valorzar materiales estratégicos". "En ningún caso para la actividad extractiva", insistieron las mismas fuentes.

Asimismo, Combustibles Asutiana y Leonesa recibió otra ayuda para una planta de briquetas de productos principalmente de origen mineral para uso industrial, inicialmente siderúrgico y después para otros sectores. "Todos los proyectos mineros deben cumplir la normativa y contar con los permisos preceptivos que otorgan las autoridades competentes, "entre las que no se encuentra el propio ministerio", recalcan las citadas fuentes del Ministerio de Transición Ecológica.

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