Las razones por las que el Gobierno defiende el cierre de las nucleares

El Ministerio para la Transición Ecológica vuelve a incidir en que el cierre de las nucleares se hará de un modo “ordenado” y “acompasado con la entrada de más energía renovable para sustituir la generación de origen nuclear” y por tanto no supondrá riesgo alguno para el suministro como revelan, sostiene, los informes de Red Eléctrica. Tras la declaración institucional firmada ayer por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde el departamento que dirige Sara Aagesen se rebaten las afirmaciones realizadas por ambas dirigentes, entre otras la de que las centrales no se pueden cerrar por criterios técnicos, científicos y ambientales, según expresó Guardiola.

Otros cierres

De inicio, se recuerda que en España ya han cerrado tres plantas: Vandellós I, tras el accidente que sufrió en 1989 y que será desmantelada a partir de 2030, cuando se haya reducido el riesgo radiológico para las personas; José Cabrera (Zorita), en 2006, ya desmantelada; y Garoña, en 2012, cerrada “de forma unilateral por parte de las empresas, lo que les acarreó una multa de 18 millones de euros por parte de la CNMC [Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia], ratificada por el Tribunal Supremo en 2018”, esgrimen fuentes del ministerio.

De la misma forma, se considera que "no deja de resultar una ironía" que el protocolo de cierre nuclear se firmara en 2019, cuando Jordi Sevilla [que ahora mantiene una postura abiertamente a favor de la continuidad de las nucleares] estaba al frente de Red Eléctrica". Fue entonces cuando se “preparó el primer análisis sobre seguridad de suministro del PNIEC [Plan Nacional Integrado de Energía y Clima] 2021-2030, en el que descartaba cualquier riesgo por el cierre de las centrales”.

Depender de otros países

En relación a la condena “a depender de otros países” que conllevaría el cese, el ministerio señala que el 75% del uranio que se emplea como combustible nuclear se produce en Kazakhstán, Australia, Canadá y Namibia, y el 99% del enriquecimiento del uranio para convertirlo en combustible está en manos de cuatro empresas, con 45% del total en manos de Rosatom, la empresa pública rusa, según los datos de la Agencia Internacional de la Energía.

Igualmente, se incide en que Francia, con una importante flota nuclear, durante la crisis energética de 2022 tuvo paradas casi la mitad de sus centrales por averías y eso le obligó a importar energía de España. “En España tenemos sol, agua y viento de forma inagotable, autóctona, sostenible y segura”, se arguye. Una ventaja de la que no disponen otros países, lo que les haría más dependientes de la tecnología atómica y les estaría llevando en algunos casos a prolongar la vida útil de sus instalaciones.

“En España tenemos sol, agua y viento de forma inagotable, autóctona, sostenible y segura”, se arguye

En el caso belga, en relación la autorización dada por la vicepresidenta Teresa Ribera para ayudas de Estado, este apoyo incluye, "según los cálculos de la presidenta extremeña", un desembolso de más de 2.600 euros a cada uno de los 12 millones de ciudadanos belgas, a lo que se añade una tarifa para la generación nuclear de 85 euros por megavatio-hora, "prácticamente el doble que el precio medio histórico de España y mucho más alto que los 35 euros por megavatio hora previstos por el PNIEC para 2030". “¿Eso es lo que quiere para los españoles?”, se preguntan las citadas fuentes, que apostillan que la propuesta belga incluye también un 50% de participación pública en las centrales con vida útil prorrogada durante 10 años y otras garantías adicionales, porque las empresas no estaban dispuestas a mantener el negocio nuclear. La vicepresidenta europea de Competencia “ha constatado” que el plan belga no contraviene la normativa de ayudas de Estado, pero “la cuestión es si en España estamos dispuestos a asumir un coste similar, teniendo otras opciones más baratas, seguras y ecológicas”.

Coste económico

Sobre la afirmación de Díaz Ayuso de que “el cierre de en toda España está estimado en 22.500 millones de euros y provocaría una pérdida de 30.000 empleos”, se contesta que “nos gustaría saber el origen de esos datos. El PNIEC prevé un crecimiento del PIB de 25.700 a 44.000 millones de euros anuales entre 2025 y 2030 y un incremento del empleo de 362.000 a 560.000 personas por año entre 2025 y 2030, diez veces más que la supuesta pérdida por el cierre nuclear”. “Las energías renovables están convirtiendo España en un polo de atracción de inversión industrial y desarrollo económico que no ha conseguido la energía nuclear”, se concluye. Igualmente, se replica que el Gobierno, además, ya trabaja en soluciones para las regiones afectadas por los cierres de las centrales, dentro de las políticas de Transición Justa. En el entorno de Almaraz, por ejemplo, "se levantará una gigafactoría de Envision para producir baterías. Con una inversión total de 1.000 millones de euros, ha recibido ya una ayuda de 300 millones del Perte".

Sin petición oficial

Asimismo, se vuelve a recalcar que ninguna de las empresas titulares de las centrales ha solicitado al Miteco la modificación de este calendario de cierre, más allá “de declaraciones genéricas. Ninguno de sus planes de negocio prevé la modificación del calendario”. “Son otros actores del ámbito nuclear los que reclaman la ruptura del protocolo de cierre. Ahora se añaden los líderes regionales del PP, para confrontar con el Gobierno central”.

Por lo que respecta a que “el fin de la energía nuclear supondrá un aumento de la factura de la luz del 23% para hogares y pequeñas empresas”, desde Transición Ecológica se rebate que las renovables pueden generar entre tres y cuatro veces más energía que la nuclear al mismo coste. "Las renovables ya expulsan a la nuclear de la cesta de generación en España: durante la pasada primavera dejaron de producir durante largos períodos para evitar pérdidas por los bajos precios de la electricidad renovable", se razona. Es más rápido y barato instalar renovables que abrir nucleares ya que en los últimos años, los reactores que se construyen en la UE "tienen sobrecostes brutales y retrasos de lustros".

No se ha subido un 70% la carga fiscal

Se niega también que se les haya incrementado a las plantas en torno al 70% la carga fiscal en los últimos cinco años, para desincentivar la inversión en energía nuclear. El Gobierno, se asevera, ha revisado el coste de gestión de los residuos radiactivos, un coste operativo de las centrales que deben pagar las empresas, de acuerdo con el principio ‘quien contamina, paga’. "Este coste, que no se actualizaba desde 2006, asciende a unos 20.000 millones. Quien equipara este pago, informalmente denominado ‘Tasa Enresa’, con una medida fiscal, está engañando a la ciudadanía y quiere que lo paguen los consumidores", subraya el ministerio. "Los tributos que sí se han incrementado en estos años son los autonómicos, y está entre sus competencias modificarlos o suprimirlos, en función de sus prioridades y sus necesidades; carece de sentido condicionar la actuación propia a la del resto de administraciones", zanja el Miteco.