La jueza que investiga al novio de Ayuso se jubila en agosto: el CGPJ le concede el retiro voluntario

La investigación realizada por jueza de Madrid Inmaculada Iglesias sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que este mismo miércoles ha tenido un importante impulso por la imputación al empresario de dos nuevos delitos, deberá haber terminado el próximo mes de agosto o tendrá que proseguir con otro magistrado o magistrada diferente. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial celebrada este martes, día 18, dio el visto bueno a la petición que la titular del juzgado de Instrucción número 19 ha realizado para acogerse a la jubilación voluntaria con carácter anticipado a los 65 años, han señalado a este periódico fuentes de este órgano.

Los jueces en España se jubilan de forma forzosa a los 70 años, aunque si lo solicitan pueden solicitar una prórroga y extender sus funciones hasta los 72, como hizo el juez Juan Carlos Peinado, que instruye también en los juzgados de Madrid la causa contra Begoña Gómez.

Iglesias investiga la denuncia que hace una año presentó la Fiscalía de Madrid contra Ia pareja de Isabel Díaz Ayuso, por dos presuntos delitos de defraudación tributaria y otro de falsedad en documento mercantil en relación con la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente SL. Le atribuye indiciariamente un fraude de 350.951 euros en relación con el impuesto de sociedades de 2020 y 2021 a través de un entramado de facturaciones falsas y sociedades interpuestas. El intento del abogado del empresario por llegar a un acuerdo por este asunto que evitara llegar a juicio propició la apertura de una causa en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, acusado de revelar datos confidenciales sobre esta propuesta que perjudican a la presunción de inocencia del empresario.

Por otra parte, este mismo miércoles, la jueza Iglesias ha citado a González Amador el próximo 10 de abril, en calidad de investigado por delitos de corrupción entre particulares y administración desleal en la pieza separada que trata de esclarecer si utilizó una sociedad interpuesta para ocultar ingresos procedentes de Quirón.

La investigación a González Amador por presunta corrupción en los negocios se centra en Masterman & Whitaker Medical Supplie And Health Process Engineering S.L., una empresa pantalla según la Fiscalía que éste compró en diciembre de 2020 a la mujer del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, cuando todavía se llamaba Círculo Belleza. Se trataba de una dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética que fue adquirida por 499.836,92 euros y que, según la inspección Tributaria, no tenía inmuebles o empleados -- su activo material se limitaba a un ordenador portátil y tres aparatos de depilación y remodelación corporal-- y el empresario cambió su nombre por el de Masterman.

Según las sospechas de la Fiscalía, la pareja de Díaz Ayuso habría utilizado Masterman como "sociedad pantalla" para tratar de eludir sus obligaciones con Hacienda, que es precisamente la conducta que dio origen a la causa abierta contra el empresario hace ahora un año por parte de la jueza de instrucción de Madrid Inmaculada Iglesias. Pero además, el Ministerio Público apunta que esta sociedad pudo servirle al empresario para ocultar ingresos procedentes de Quirón y el presunto pago de comisiones encubiertas, que es lo se investiga en la pieza separada como posible delito de corrupción en los negocios y administración desleal. Para la defensa del empresario, si la acusación pretende sostener que los beneficios no declarados al fisco tuvieron un origen ilícito se anularía la causa por fraude, pues no serían cantidades por las que debiera pagar impuestos.