Funcionarios

El Gobierno pacta con los sindicatos sacar más plazas a oposición para facilitar la jubilación parcial de los empleados públicos

El ministro Óscar López acuerda con CCOO y UGT introducir una tasa adicional pensada para el personal laboral, pero no concreta cuándo abonará el incremento salarial pendiente desde el año pasado

Más de 5.400 aspirantes a administrativos de la Generalitat se examinan este sábado

Más de 5.400 aspirantes a administrativos de la Generalitat se examinan este sábado / / Toni Albir

Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

Barcelona

El Gobierno ha pactado con CCOO UGT crear una tasa adicional para aumentar el número de plazas que saca a oposición y facilitar así que el personal laboral pueda acceder a la jubilación parcial. A partir del 1 de abril entra en vigor las nuevas condiciones para permitir que los empleados públicos recorten su jornada laboral y accedan antes al retiro. Y el Ejecutivo se ha comprometido a aumentar sus futuras ofertas de empleo público (OPE) para incorporar a los suficientes nuevos trabajadores públicos para evitar que esta nueva posibilidad adelgace a la Administración o dispare los porcentajes de temporalidad.

El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ha reactivado las negociaciones con las centrales para tratar de ir cerrando las carpetas pendientes que acumula en materia funcionarial. De la reunión de este lunes al mediodía no han trascendido avances en materia de la subida salarial pendiente para este año o del pago del plus pendiente desde el año pasado. Hay otra reunión prevista para este mismo lunes por la tarde, a las cinco, en la que también participará Csif y en la que podría haber movimientos, si bien las fuentes sindicales consultadas coinciden en señalar que de la misma meramente esperan un primer contacto.

En lo que sí ha habido concreciones es en materia de jubilación parcial. El Gobierno pactó con CCOO y UGT a finales del año pasado recuperar condiciones suprimidas durante la década pasada, en el contexto de recortes. Y para hacerlo posible, además de los cambios normativos ya aprobados, el ministro Óscar López ha puesto encima de la mesa la creación de una tasa adicional para incorporar a más personal.

El sistema de reclutamiento del Estado se basa en ofertas de empleo público, que cada año incluyen la lista de plazas que la Administración General del Estado saca a oposición para incorporar a nuevos funcionarios y personal laboral. El número exacto de plazas se calcula en base a un sistema de cálculo que tiene en cuenta cuántos empleados públicos se jubilarán ese año. Lo que se conoce como 'tasa de reposición'.

Ahora López ha prometido a los sindicatos crear una tasa adicional que se sumará a ese ratio jubilaciones-incorporaciones y que permitirá incorporar a más personal. Con la mirada puesta en ir generando una suerte de 'colchón' de personal para amortiguar el potencial incremento de trabajadores que accedan a la jubilación por la vía parcial. Dicha tasa adicional no computará en la tasa de reposición, según precisan fuentes sindicales consultadas.

Pendientes de la subida de 2025 y de las 35 horas

Donde no han encontrado concreciones los sindicatos ha sido en materias como la subida salarial prevista para este año. Los funcionarios llevan tres meses con el sueldo congelado, a expensas de que el Ejecutivo decida cuál debe ser el incremento de las nóminas públicas. Unos 3,5 millones de trabajadores en toda España están a la espera de cómo se despeja esta incógnita, si bien este lunes está previsto que arranquen las conversaciones con el Ministerio al respecto.

Otra materia pendiente es el pago del incremento de 0,5 puntos pendiente desde el año pasado y fruto de la buena evolución del PIB. Y es que esta era una variable pactada en el anterior acuerdo salarial y para cumplir con la misma las centrales calculan que el Gobierno deberá desembosar unos 700 millones de euros. Todavía debe concretar el cuándo.

Y la tercera gran carpeta pendiente es la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, desde las actuales 37,5 horas. Algunas administraciones ya la aplican, pero no hay una obligación general para todo el sector público y el Ejecutivo se comprometió a ello durante la pasada legislatura.

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