La Junta aprueba la ley de Ciencia e impulsa la creación de un CSIC asturiano
La oposición aplaude la normativa, aunque duda de la capacidad del Gobierno para ejecutarla de forma efectiva

Gimena Llamedo defiende la ley de Ciencia. / David Cabo / LNE
Asturias ha aprobado este miércoles, con la abstención de Vox, su primera ley de Ciencia. Una herramienta que permitirá a la región disponer de su propio Cuerpo Superior de Investigación (CSIC), que se creará “a imagen y semejanza” de la institución nacional. “Podremos tener nuestra propia fábrica de conocimiento, una herramienta de incalculable valor”, destacó la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, encargada de la defensa de la norma en sustitución del consejero del área, Borja Sánchez, de baja por enfermedad y a quien los grupos han deseado una pronta recuperación.
La nueva normativa incorpora la creación del registro del Sistema Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación (SACI), el cual servirá como inventario y seguimiento en tiempo real de la inversión. También se impulsarán los bancos de pruebas experimentales, se incrementará la financiación y se incorporan medidas para impulsar la participación activa del tejido empresarial.
Para Llamedo, la ley es la “piedra angular” necesaria para el despliegue de una política científica moderna, que consolide las relaciones entre la administración pública, las empresas y los centros tecnológicos para impulsar la competitividad de la región “Es una ley buena y necesaria. Es un paso más para seguir avanzando, para hacer de Asturias un territorio fértil”, afirmó.
El portavoz de Convocatoria por Asturias-IU, Xabel Vegas, destacó en su intervención que la ley “va a marcar un antes y un después”, aunque lamentó el rechazo de la Cámara a su propuesta de limitar las subvenciones y las ayudas a las empresas militares y armamentísticas. “No estamos en contra de la industria de defensa, pero sí de la armamentística que construye máquinas de matar”, explicó.
Mostró, además, su apoyo a Covadonga Tomé en lo que respecta a la situación por la que pasan los investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado (ISPA), cuya regulación no se incorpora en la normativa al ser rechazada por los letrados. Aun así, “compartimos la preocupación y nos comprometemos a buscar una fórmula que nos permita abordar este asunto de la mejor manera”. Por ello, en las próximas semanas convocarán una reunión con los grupos y las consejerías competentes.
Precisamente, Covadonga Tomé inició en la importancia de "favorecer y regular la interacción entre diferentes agentes, atraer y retener inversión y talento, generar valor añadido y, en definitiva, alcanzar una eficiencia que redunde en beneficio de la ciudadanía y contribuya al desarrollo económico y la competitividad en Asturias”, aunque lamentó que la ley sea “incapaz de dar cobertura a sus investigadores”.
La oposición también mostró su preocupación por la capacidad del Gobierno del Principado para desarrollar la ley una vez aprobada. Adrián Pumares, portavoz de Foro, insistió en que la normativa se quedará en nada si no va acompañada de “un esfuerzo inversor, si no hay un esfuerzo por reducir la burocracia y si no hay una apuesta sincera por la colaboración público-privada”.
“Esta ley debería ser una oportunidad. Desde Vox estamos convencidos de que darle un impulso es fundamental, pero es necesario dotarla de herramientas y fondos. De una apuesta decidida que estamos seguro se verá limitada”, apuntó Sara Álvarez Rouco. La diputada explicó que su grupo fue el que más enmiendas presentó a la ley, con el objetivo de “mejorar los aspectos técnicos”, pero también de hacer frente a un “enfoque de género que va a restarle objetividad al articulado”.
El diputado Andrés Ruiz, del PP, hizo hincapié en que si Asturias no construye “una arquitectura que nos permita atraer I+D+i nos veremos rezagamos”, aunque también puso en duda de la capacidad del Ejecutivo regional. “Veremos cuánto tardamos en tener el reglamento para ponerme en marcha. Seis meses, un año, dos… O quizás no lo haga este gobierno, igual lo acaba haciendo un partido del PP”, afirmó.
Por último, la socialista Ana Isabel Puerto defendió una ley que es “transversal” y “esencial para producir conocimiento científico-técnico”. El texto insistió, será “muy útil para consolidar los tres pilares de la sociedad del conocimiento: investigación, innovación y formación". Porque es importante “seguir generando actividad económica con la que ayudar a hacer sostenible el estado de bienestar".
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