Cataluña emitirá permisos de residencia y podrá efectuar devoluciones de inmigrantes

Catalunya podrá emitir los permisos de residencia temporal y de larga duración, al tiempo que podrá efectuar devoluciones de inmigrantes. Así lo han acordado el PSOE y Junts y queda reflejado en el pacto suscrito para que la autonomía gestione las competencias en inmigración. Además, el Govern también gestionará los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y los Mossos d'Esquadra gestionarán la seguridad de puertos y aeropuertos y de "zonas críticas", y estarán presentes en las fronteras, en "colaboración" con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como ya avanzó EL PERIÓDICO. Una plantilla que se dotará de 1.800 nuevos agentes para alcanzar los 26.800 efectivos en 2032.

Sobre los flujos migratorios, la policía catalana podrá hacer devoluciones en algunos de los casos ya previstos en la ley de extranjería: haber entrado de forma ilegal o haber desobedecido una orden de expulsión quedándose en el país. En el resto de supuestos, la Generalitat podrá hacer una propuesta de expulsión, teniendo en cuenta "los criterios orientativos que ofrezca la Junta de Seguridad de Catalunya", pero la decisión final seguirá en manos del Ministerio del Interior y, en última instancia, de los jueces de la Audiencia Nacional.

La policía catalana

El papel de los Mossos ha sido uno de los puntos que más ha alargado las negociaciones para el traspaso efectivas de las competencias en inmigración. Junts reclamaba que el cuerpo policial autonómico se quedara con el control de las fronteras, de forma exclusiva, algo que el Gobierno rechazaba al verlo inconstitucional. Finalmente, el texto firmado otorga a los Mossos la capacidad de "estar en la frontera" siempre en "coordinación" con las unidades de Policía Nacional y Guardia Civil. "Es inevitable", ha reconocido el presidente del partido, Carles Puigdemont, en la rueda de prensa de presentación del acuerdo organizada por los posconvergentes.

Otro de los puntos importantes del acuerdo son las "contrataciones en origen", ya que "Catalunya "determinará (junto a sus empresas y sindicatos) "los perfiles y el contingente de trabajadores extranjeros" para diagnosticar en qué sectores hace falta más mano de obra y ofrecer oportunidades a los recién llegados.

El Estado no solo facultará a la Generalitat, sino que también transferirá "los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para que Catalunya ejerza las competencias que se le delega", algo que deberá ser sancionado en una nueva ronda de comisiones bilaterales.

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El relato

El PSOE y Junts han pactado el relato de la nueva norma, que deberá ser aprobada en el Congreso de los Diputados y después desplegada en otra ley en el Parlament. En el preámbulo, ambos partidos dejan claro que "Cataluña ha sido siempre un territorio que ha acogido a mucha población procedente de otros lugares" y que "ha tenido la capacidad de integrarla en un modelo democrático de sociedad y en la catalanidad".

También recalcan que un 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y que el 24% ha nacido fuera de la comunidad, por lo que la Generalitat y las "entidades locales" tienen "la necesidad de asumir la gestión" del fenómeno migratorio "como administraciones más cercanas a la población", una cesión de competencias que se hará a través del artículo 150.2 de la Constitución y atendiendo a los artículos del Estatut.

"Con esta ley, Cataluña podrá dar respuesta con capacidades suficientes a la necesaria plena integración en el país -incluida la integración lingüística- basada en un marco de derechos y deberes y el respeto a los derechos fundamentales, que es condición para la cohesión social y el progreso", rematan en el texto.

Más de un año de negociación

Los dos partidos, después de más de un año tratando de encontrar puntos en común, han conseguido armar la proposición de ley, después de que los posconvergentes lo exigieran como contrapartida para salvar con su abstención dos decretos del Gobierno que pendían de un hilo.

A principio de diciembre de este año, la falta de acuerdo en esta cuestión, junto con la ausencia de avances en la oficialidad del catalán en la UE y el hecho de que Sánchez aún no se haya reunido con Puigdemont, llevó a Junts a exigir en diciembre una cuestión de confianza al presidente del Gobierno. El pulso planteado por el expresident de la Generalitat tensó la situación, pero finalmente el partido de Puigdemont acabó retirándola a petición del mediador para tratar de dar aire a la negociación.

La confianza PSOE-Junts

El entendimiento endereza la crisis y despeja nuevas amenazas de ruptura, aunque queda pendiente la oficialidad del catalán en la Unión Europea y lo que los posconvergentes definen como "amnistía política", lo que supone una reunión entre Puigdemont y Sánchez.

Así lo ha advertido ya Puigdemont, que ha afirmado que es una "osadía" especular con que Junts pueda apoyar los Presupuestos Generales del Estado. "No cambia nada, han puesto al día esta carpeta, pero hay otras y están en números rojos", ha remachado, tras afirmar que su partido negocia "carpeta a carpeta". Sin embargo, una semana después de haber retirado la propuesta sobre la cuestión de confianza, Puigdemont ha admitido que con este acuerdo "la desconfianza (con el PSOE) ha disminuido".

Los socialistas aseguran que están haciendo todo lo que pueden para avanzar en la cuestión del catalán, pero que no depende solo de ellos porque requiere el consenso de todos los socios europeos, mientras que para la cita entre los máximos dirigentes de los dos partidos no hay ninguna fecha prevista. Sánchez, de momento, ha abierto la puerta al encuentro, pero sus colaboradores descartan que este sea inminente.