El Tribunal de Cuentas exige al Ministerio de Vivienda más diálogo y supervisión a las CCAA en la redacción de su medida estrella

El Tribunal de Cuentas, en su último informe, ha puesto negro sobre blanco y ha exigido al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana liderado por la socialista Isabel Rodríguez reforzar la cooperación y coordinación entre los diferentes estamentos de la administración en la redacción de los planes estatales, la ley que recoge los diferentes programas en materia de vivienda durante cuatro años, además de un mayor seguimiento de los compromisos asumidos por las diferentes comunidades autónomas que reciben los fondos.

Esta es la principal conclusión del último informe fiscalizador del Tribunal de Cuentas, en el que audita el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que ya ha sido enviado a las Cortes. Aquí, la comisión mixta encargada, presidida por un socialista, pero controlada por la mayoría absoluta del PP en el Senado, ha instado al Gobierno a tomar varias medidas que nada tienen que ver con las recomendaciones que se incluyen en el documento, con un fuerte carácter político. Entre ellas, la derogación de la ley de vivienda y la recuperación de todos los inmuebles de propiedad estatal en situación de cesión a sindicatos y patronales o la deducción por la compra de una casa.

Fuera de estas exigencias al Ejecutivo, la comisión mixta ha elaborado también una serie de recomendaciones al Ministerio de Vivienda, que estas sí van en la línea de las conclusiones del informe. El Congreso de los Diputados y el Senado han instado a la cartera de Rodríguez a "reforzar la cooperación y coordinación interadministrativa para alcanzar un enfoque integral de la política de vivienda", "crear un parque público estatal de viviendas de alquiler social", rehabilitar las casas propiedad de Sareb y promover sobre suelo público.

Sobre los planes estatales, las Cortes solicitan "establecer un sistema de seguimiento efectivo" de los futuros que se aprueben y de los "compromisos asumidos por las comunidades autónomas", fijando "objetivos y metas" cuantificables y adaptándolos en el horizonte temporal a la ejecución real de los programas, como mínimo de cuatro años. También se exige que estos planes "no prolonguen su duración efectiva, evitando el solapamiento de planes", fijando a estas los criterios para el reparto de fondos y exigiendo las liquidaciones finales de las comunidades autónomas se cumplan en los plazos previstos en los reales decretos de publicación de los distintos planes.

Recomendaciones del Tribunal de Cuentas

En su informe, el Tribunal de Cuentas realiza siete recomendaciones en referencia a cuatro puntos. Sobre la planificación del Plan Estatal de Vivienda de 2018-2021, el organismo propone que la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, que aglutina a los diferentes consejeros de las comunidades autónomas, fije "unos criterios objetivos, actualizados y de conocimiento público para la distribución territorial del crédito presupuestario" y la creación de un grupo de trabajo a modo de apoyo para esta materia, en el que participen expertos e interesados.

Con respecto al seguimiento de los hitos que se cumplen, el Tribunal de Cuentas cree que se debe "establecer un sistema de seguimiento efectivo", con "unos objetivos o metas cuantificados" e "indicadores de impacto y no solo de proceso". "Sería aconsejable reforzar la coordinación con las CCAA para asegurar la remisión normalizada y homogénea de la información sobre la ejecución", señala el documento. Aun así, el tribunal considera necesario "agilizar los plazos para la aprobación de la normativa reguladora de los planes estatales" y "emplear un mayor rigor en el seguimiento de los compromisos asumidos por las comunidades".

Por último, en lo relativo a la relación entre el plan estatal en vigor y las diferentes estrategias nacionales, regionales y locales, el organismo invita a Vivienda y Agenda Urbana a "coordinar los futuros planes estatales de vivienda con las demás estrategias", especialmente "con la Estrategia de Desarrollo Sostenible", y a "reforzar la supervisión de los datos sobre la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible".