El enfado de Gonzalo Bernardos con los políticos: "La gran reforma pendiente, de la que no habla ningún partido, es la de la Administración Pública"

El economista Gonzalo Bernardos ha estallado contra los políticos, después de que se conociese el alarmante dato de que más de 100.000 familias que han solicitado el ingreso mínimo vital en España están pendientes de una respuesta de la Seguridad Social. Dicho con otras palabras y como advierten subdirectores y secretarios provinciales del INSS, están "desamparadas", debido a la huelga que vive el organismo y que está poniendo en peligro las pensiones.

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El profesor de Economía de la Universidad de Barcelona ha entrado de lleno en el debate a través de su cuenta de X (anteriormente, Twitter), escribiendo: "Más de 100.000 personas han solicitado el Ingreso Mínimo Vital y aún no ha obtenido ninguna respuesta de la Seguridad Social". Y aquí viene su crítica: "La principal reforma pendiente, de la que ningún partido habla, es la de la Administración Pública".

Los secretarios y subdirectores provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), unos 200 empleados públicos, han convocado hasta la fecha dos paros parciales, los días 10 y 13 de marzo, por el deterioro de sus condiciones de trabajo. Pero el colectivo ha anunciado nuevas huelgas, esta vez indefinidas, a partir del 1 de abril y hasta con tres días de parón por semana, según informa "El Confidencial".

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Según denuncian, el Instituto Nacional de la Seguridad Social atraviesa una situación crítica, con "cargas de trabajo excesivas, falta de personal especializado y dejación de sus obligaciones por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones". Con el pacto con Junts para cederle competencias en materia migratoria todavía en el aire al tener que pasar por el filtro del Congreso, la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, tiene otro importante frente abierto. 

Más del 60% de los subdirectores y secretarios provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se sumaron el 10 de marzo a la primera jornada de huelga para protestar por la inactividad del Gobierno de Pedro Sánchez para atender las reformas estructurales que eviten un colapso de las pensiones en el futuro. La participación fue "un éxito", con un seguimiento que superó el 60 por ciento del colectivo convocado. En las provincias más representativas a nivel nacional, (Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Alicante, Zaragoza, Asturias, Murcia) "el paro fue del 90 por ciento, por lo que el impacto fueron prácticamente total", según manifestaron.