"Nunca quise quedármelo, todo se desmoronó": así fue el nuevo juicio contra el policía acusado de estafas en la cuenca del Nalón

“Mi intención es devolver el dinero como pueda, nunca tuve intención de quedármelo”. Fue la última palabra del policía nacional adscrito a la comisaria de Langreo y San Martín del Rey Aurelio acusado de estafa. El agente, que este jueves compareció como acusado en un proceso penal por no devolver 250.000 euros que le prestó una familia de Langreo, aseguró que “siempre hubo intención de devolver el dinero, pero se me desmoronó todo (sus empresas)”. El hombre alegó que cuando la familia le prestó el dinero él tenía cuatro fuentes de ingresos: su sueldo de policía, una guardería y ludoteca, un bar y su empresa de máquinas de vending. “Facturaba entre 60.000 y 80.0000 euros al año”, explicó.

La acusación particular pide para él seis años de prisión y la fiscalía solicitó el sobreseimiento de la causa (considera que debería ser una causa civil).

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El acusado reconoce que la familia que ahora le ha demandado le dio 250.000 euros en varios préstamos personales firmados entre particulares entre 2016 y 2019. Durante ese tiempo él les abonó los intereses, al igual que, como ellos mismos reconocieron, les pagaba puntualmente la renta del local en el que tenía la guardería. Ahí empezó la relación entre ambos, con el alquiler del local. El acusado tenía una empresa de máquinas de las que se instalan en los bares en las que los niños sacan un juguete por un euro, también tenía máquinas de frutos secos y otros modelos. En 2016 los demandantes le prestaron 48.000 euros a un interés de un seis por ciento para que pudiese ampliar el negocio. Los intereses se pagaban trimestralmente y el capital inicial se abonaba al concluir el contrato, a los dos años.

La acusación particular, ejercida por la letrada Cristina Fernández Díez, explicó que lo que está por dilucidar es si se trata de un delito penal o civil. La clave está en si el acusado engañó a quienes le prestaron el dinero. Para la acusación “ese engaño existía desde el primer momento”. En su alegato final, Fernández Díez, expuso que en 2016, cuando se firmó el primero de los préstamos, la empresa del acusado “ya estaba en causa de disolución por lo que sabía que no iba a poder devolver el dinero”. Además, añadió, “ese dinero nunca se invirtió en compra de maquinaria que según él mejoraría la rentabilidad de la empresa, con lo que mal lo iba a devolver”. Esta familia le dio 48.000 euros en 2016, 130.000 en 2017, 42.000 en 2018 y 30.000 en 2019. “Los rendimientos de la sociedad eran ruinosos”, insistió la acusación para argumentar que el acusado pidió el dinero sabiendo que su compañía no podría pagarlos. “Era perfectamente consciente de que no podía devolver ese dinero, todo fue una simulación”, apostilló Fernández Díez.

Por su parte, la defensa, ejercida por Hipólito Iglesias, aseguró que se trataba de préstamos personales entre particulares y por tanto “poco importaba la situación de la empresa”. “No hubo engaño, cuando firmaron el primer contrato lo hicieron asesorados por la letrada de la acusación y han reconocido que eran conocedores del riesgo que conlleva un contrato de este tipo”, subrayó Iglesias. “Es como si alguien invierte en una empresa que luego va mal, ellos invirtieron en el acusado”, remarcó para añadir que “otra cosa es que él sea mal empresario, que sea un desastre, el peor empresario de Asturias, pero eso no es un delito penal”. El abogado defensor reveló además que durante esos cuatro años en que los demandantes le fueron prestando dinero “recibieron 28.450 euros en intereses y nunca pidieron el capital inicial al vencimiento de los contratos”. Desde la defensa se argumentó también que “todo le ha ido empresarialmente mal”. El Ayuntamiento de Langreo decretó el cierre de la guardería porque no estaba insonorizada y la mayor parte del negocio de las máquinas estaba relacionado con la hostelería, que tuvo que cerrar durante once meses por la pandemia. En ese punto la acusación recordó que el vencimiento de los préstamos era antes de decretarse el confinamiento.

Además del acusado, comparecieron la madre y el hijo afectados por la presunta estaba de 250.000 euros. La mujer reconoció que le pagaba puntualmente la renta del local de la guardería “y de mano me dio confianza porque pensaba que como era policía, tendría que ser una persona seria, formal, de no robar. Después fue todo lo contrario”. La mujer, que llegó a decir que “este hombre ha acabado con mi salud”, explicó que “le dejé un primer préstamo a dos años, no me decía para qué quería el dinero, luego le hice más préstamos y no ha devuelto nada”.

El hijo de la mujer también confió “porque era policía y pensé que había seriedad”. “Él nos decía que tenía pisos, coches, plazas de garaje y un almacén, pero nunca me dijo que tenía hipotecas ni otros créditos con bancos”.

El hombre reconoció que le dieron el dinero al acusado porque “nos daba un seis por ciento de interés y en el banco nos daban un cero así que decidimos arriesgarnos para tener más estabilidad”. “Cuando nos pagaba los intereses estábamos contentos”, reconoció. A lo que el abogado defensor apostilló que “no reclaman el capital principal porque siguen pagando los intereses y la primera vez que reclaman fue ya en 2020”.

La acusación insistió en que hubo un engaño, una estafa y para aquilatar este aspecto señaló que en septiembre de 2022 se declara extinguida la empresa y en noviembre se crea otra empresa a nombre de la esposa del acusado, y en agosto de 2023 la esposa dimite como administradora única y se nombra a la hija. Otros supuestos afectados, aún pendientes de juicio, añadieron que esa nueva empresa sigue utilizando las máquinas de la anterior.

El juicio celebrado este jueves en la Audiencia Provincial ha quedado visto para sentencia, pero al acusado le quedan otros procesos. El montante total que le reclaman los distintos afectados asciende al millón de euros. 

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