Pablo Baquero: "El silencio administrativo no es deseable, se deben resolver todos los asuntos"

Pablo Baquero Sánchez (Pola de Lena) ha tomado posesión este viernes en Gijón como presidente del Consejo Consultivo, el tercero desde que se creó este órgano de asesoramiento de la administración del Principado hace 20 años. Este abogado y alto funcionario indica en esta entrevista a LA NUEVA ESPAÑA, la primera que concede tras acceder al cargo, que una gran mayoría de sus dictámenes son reclamaciones patrimoniales por negligencias en el sistema de salud. Para Baquero, "el silencio administrativo no es deseable, la Administración debe resolver expresamente todos los asuntos"

-¿Qué pretende para esta nueva etapa del Consejo?

-En líneas generales debo decir que lo tengo fácil, porque es seguir un poco la trayectoria de una institución que yo creo que está consolidada en el ámbito autonómico y que gracias al trabajo del primer presidente, de Bernardo Fernández, y de la segunda presidenta, Begoña Sesma, yo creo que está plenamente consolidada y que son un buen espejo de su gestión en la que vernos nosotros. Y lo que tenemos que procurar como órgano consultivo es estar muy atentos a las demandas consultivas de las administraciones activas, tanto la del Principado como las entidades locales asturianas. Y estar en esa posición proactiva dentro de nuestra perspectiva consultiva.

-Lleva en el Consejo consultivo desde el 2021, ¿no?

- Sí. Yo soy funcionario del Cuerpo Superior de Administración del Principado de Asturias, estuve en el Principado de Asturias, en la Dirección General de Justicia. Fui letrado del Servicio Jurídico, luego fui jefe del Servicio Jurídico del SESPA. Después pasé a la Administración General del Estado, a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Allí fui durante un tiempo director técnico, llevaba sobre todo asuntos de coordinación legislativa y normativa de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Luego fui director de gabinete del Secretario de Estado de Medio Ambiente. Y los últimos meses estuve en Moncloa, en presidencia. Ocupaba un puesto de asesor de la vicepresidencia, pero adscrito a la subsecretaría del Ministerio de Presidencia.

-Supongo que esos fueron años de vértigo.

-Sí, recuerdo profesionalmente la época de Madrid como muy intensa y muy fructífera. Además, con un equipo humano que dirigía el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, excepcional. Y ahí aprendí muchísimas cosas y también trabajé muy duro. Muy positivo y muy gratificante.

-¿Y qué asuntos han tratado en el Consultivo?

-Básicamente tenemos una serie de consultas preceptivas, que la ley obliga a la Administración, antes de resolver, a que las veamos nosotros. Con carácter general, nuestros dictámenes no son vinculantes, es decir, nosotros emitimos la opinión en derecho a la Administración y la Administración puede o no aceptarlos. Lo habitual es que los acepte. Solamente en el caso de las revisiones de oficio por ley son vinculantes nuestros dictámenes, que es en los casos en los que la propia Administración anula algunos de los actos que dictó, porque son nulos. Y ese es el bloque, digamos, de los de carácter preceptivo. Dentro de estos, el Consejo Consultivo ve en una proporción del 77 por ciento responsabilidades patrimoniales. De ese 77 por ciento, la mayoría son responsabilidades patrimoniales sanitarias en el ámbito del SESPA y de los centros concertados en la sanidad pública asturiana. Y luego, por volumen de consultas, serían las disposiciones generales, que están en torno a un 6 por ciento, con los datos de la última memoria, que son los informes que hacemos a los reglamentos que pretende aprobar el Consejo de Gobierno, que ahí hacemos dictámenes. Y luego hay otras consultas que son facultativas, en asuntos de cierta complejidad jurídica, en los que la Administración solicita el informe del Consejo Consultivo. Son muy pocas, el año pasado solamente tuvimos una, un asunto de contratación, un asunto muy técnico, sobre cómo se debía valorar la solvencia.

-¿Ustedes están ahí para intentar que el Principado no meta la pata?

-Sí, somos el refuerzo jurídico de las decisiones que adopta. Intentamos eso, contribuir a reforzar el acierto jurídico de las decisiones que adopta el Principado y las entidades locales.

-Y también hacen sugerencias para cambiar determinados aspectos de la Administración, ¿verdad?

-Se trata más bien de un análisis jurídico y tenemos la posibilidad de, si vemos que existe una norma que está generando algún tipo de problemas, a través de las mociones, dar alguna alternativa regulatoria.

-Begoña Sesma, su antecesora en el cargo, dice que uno de los fallos de la Administración suele ser el silencio. ¿Qué opina?

-Sobre las Administraciones pesa la obligación de resolver expresamente todos los asuntos. Y es cierto que muchas veces, por la insuficiencia de medios, por la complejidad, se genera el silencio. Que, desde luego, no es una situación deseable, no es lo normal. Y desde nuestra perspectiva, desde la función consultiva, como no hay propuesta de resolución expresa, no podemos emitir los dictámenes. Porque, obviamente, si no hay actuación administrativa, no hay dictamen previo.

-¿Cuál es el plazo para realizar sus dictámenes?

-Con carácter general, 30 días hábiles. Hay otros procedimientos que, por una cuestión de urgencia, tenemos plazos más cortos. Y luego, también, dependiendo del órgano consultante, la autoridad consultante puede solicitarlo con urgencia y se acortan los plazos.

-Quiere decir que no se pueden dormir en los laureles.

-Afortunadamente, el consejo está al día y se cumplen esos plazos.