La "vía fiscal asturiana" muestra desgaste: ¿tiene sentido el inmovilismo socialista?

Hay relatos políticos que nacen como emblema y terminan, con el tiempo, transformados en camisa de fuerza. Algo parecido ocurre con la llamada "vía fiscal asturiana", esa formulación estratégica que el PSOE del Principado –y en particular su presidente, Adrián Barbón– convirtió en seña de identidad diferenciadora. No se le puede negar a Barbón la capacidad para construir relato: supo vestir de singularidad fiscal lo que era, en su origen, un marco de pactos cómodos con Foro y una respuesta prudente ante el ruido bajista que agitaban otras comunidades, incluso algunas gobernadas por el propio PSOE. Mientras el entorno iniciaba deflactaciones o bonificaciones al calor del alza inflacionaria, el Ejecutivo asturiano optó por encapsular sus decisiones bajo una marca discursiva propia, lo suficientemente elástica como para contener desgravaciones parciales sin quebrar del todo el relato de progresividad.

El PSOE ha defendido desde entonces esa vía como un modelo sólido, justo y socialmente responsable. Su fundamento es conocido: solo con una fiscalidad progresiva, aseguran, pueden sostenerse servicios públicos universales. En su marco, las rebajas fiscales generalizadas no son alivio, sino regresión; una rendición simbólica al populismo tributario que beneficia a los de siempre y debilita lo común. El Gobierno asturiano reivindica incluso haber introducido ajustes –como en el impuesto de Sucesiones– sin renunciar a su principio rector: Asturias no compite bajando impuestos, sino protegiendo la estructura pública que define su modelo social.

Pero los relatos, como las estructuras, también envejecen. Y enfrente, el PP ha logrado instalar uno nuevo, más eficaz en términos emocionales: el del alivio fiscal como derecho ciudadano, el de una Asturias ahogada por la carga impositiva, penalizada frente a comunidades que aplican rebajas y, por tanto, más atractivas para vivir, invertir o emprender. No es tanto una batalla contable como narrativa: mientras el PSOE se parapeta en la solidez del sistema, el PP conecta con el malestar difuso de quien percibe que paga demasiado y recibe poco. Y esa conexión, aunque no siempre sustentada en datos, es políticamente rentable.

¿Cumplen los servicios públicos las expectativas que espera el ciudadano? ¿Es coherente un relato de blindaje de esos servicios con unas listas de espera que no descienden? Y en el lado contrario: ¿es lógico defender una desescalada fiscal para favorecer patrimonios que cuando las cosas vienen duras terminan recurriendo a la sanidad pública?

El escenario de aquí a 2027 será, inevitablemente, una batalla ideológica y fiscal. El PP ha encontrado ahí un campo fértil para desgastar al Gobierno, y lo hará con insistencia: cada sesión parlamentaria será una escaramuza fiscal; cada titular, una grieta abierta en el relato socialista. La "vía fiscal asturiana", convertida en tótem gubernamental, se verá crecientemente erosionada no solo en términos económicos, sino como símbolo de una concepción estática del papel del Ejecutivo autonómico, del esfuerzo individual y del sentido del equilibrio tributario.

Es cierto que la crítica del PP, aunque eficaz en lo simbólico, necesita matices en lo técnico. La presión fiscal autonómica no puede medirse como la estatal, y muchas comparaciones interterritoriales son más retóricas que contables. El Principado mantiene tipos más altos en algunos tramos del IRPF y tributos propios que elevan la percepción de carga, pero el impacto real sobre la renta disponible no siempre es tan gravoso como sugiere el discurso popular. Además, la eliminación de figuras como el impuesto de Sucesiones podrá suponer una merma, pero habría que echar números no sea que se ganen en otros conceptos. A veces hay costes que son menores de lo que se piensa si se miden en términos de imagen. Porque el debate fiscal ya no se juega en tablas Excel, sino en la imaginación política del ciudadano.

Tampoco el relato socialista está exento de fatiga. La insistencia en la progresividad como única brújula comienza a sonar, para algunos sectores, como un mantra desconectado del pulso cotidiano. Incluso IU, socio del Ejecutivo, ha declarado el modelo "agotado", aunque desde un ángulo inverso: el de quien considera insuficientes las cargas actuales y aspira a mayores niveles impositivos. Esa doble presión –la del PP por abajo y la de IU por arriba– convierte al PSOE en el único actor aparentemente inmóvil, atrapado entre el relato y la resistencia.

Y ahora, un tercer actor empieza también a mover ficha: las elecciones en FADE (complejas y casi de cuerpo a cuerpo) ya han dejado claro que el empresariado quiere que la fiscalidad sea un elemento básico en su relación con el Gobierno . De nada valen avances de boquilla si no hay cesiones bajo la mesa.. No es solo una presión económica: es una señal política. Cuando la patronal deja de asumir con resignación el marco impositivo vigente y comienza a exigir una inflexión, el terreno institucional también se desplaza. Y con él, la capacidad del Gobierno para mantener el equilibrio entre relato, pactos y gobernabilidad. Muestra de que la fiscalidad lo es todo es el hecho de que la última reforma estatutaria, dirigida a la oficialidad del asturiano, encalló precisamente por el debate tributario.

Quizá ya no sea tanto la política fiscal en sí, sino el argumento que la sostiene el que comienza a mostrar grietas. El PSOE mantiene su lógica, pero el entorno la desmiente: el mapa autonómico se mueve, la ciudadanía busca respiro, y el adversario gana la batalla emocional. Tal vez no se trata de claudicar, sino de reformular. De actualizar el marco, introducir señales, redefinir el equilibrio. No por debilidad, sino por inteligencia política. Porque si no se mueve la acción del Gobierno, se mueve la percepción. Y en política, a veces, eso basta para perder el relato. O incluso para perder las elecciones.

El Partido Popular lo sabe y no va a soltar esa bandera. De aquí a 2027 defenderá su ofensiva fiscal con tenacidad, convencido de que Asturias merece algo más que una ortodoxia bienintencionada. Pero los debates parlamentarios, por más que se tensen, acabarán reproduciendo su liturgia previsible. Como en las tragedias griegas, los actos se repiten, los personajes cambian, pero el texto permanece. Las sesiones en el parlamento en las que se abordan cuestiones de fiscalidad no hacen más que repetir posiciones inamovibles, sin voluntad real de alcanzar un acuerdo.

El problema es que, fuera del escenario, el público también evoluciona. No basta con sostener el relato; hay que percibir el momento exacto en el que este deja de ser refugio y comienza a sonar como dogma. Porque en política no cae primero quien se equivoca, sino quien insiste demasiado tiempo (más del adecuado) en tener razón.

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