El PP de Colunga carga contra la reducción de la jornada laboral del personal municipal y advierte del coste para los vecinos: "Es un disparate"

Después de meses de negociación, la propuesta de mantener una jornada laboral de 32,5 horas semanales para el personal municipal del Ayuntamiento de Colunga ha desatado la crítica del PP, que cuestiona su legalidad y su impacto económico en el concejo. Los populares advierten que la medida, que pretende aprobar el alcalde y que cuenta con el rechazo de la oposición, supone un perjuicio de 310.000 euros anuales y exigen al equipo de gobierno que lleve a cabo una gestión transparente en el cumplimiento de la ley.

"El alcalde se pliega a las exigencias del personal de Ayuntamiento y da continuidad a lo que venía haciendo el PSOE desde hace veinte años", lamentan los concejales populares, quienes calculan que mantener esta reducción horaria supone a las arcas municipales más de 20.000 euros mensuales en horas no trabajadas.

"Esta jornada reducida se ha aplicado sin ningún respaldo legal, con la complicidad de quienes han preferido mirar hacia otro lado", denuncia el presidente del PP de Colunga, Justino Pérez, quien explica que en la negociación del convenio se planteó corregir esta situación y ajustarse a la normativa vigente, sin embargo, el alcalde habría ignorado el borrador "trabajado durante meses".

Ante esta situación que consideran una "irregularidad", los populares decidieron abandonar la mesa de negociación y poner en conocimiento de los vecinos la decisión política y económica tomada por el regidor: "No solo deteriora la calidad de los servicios municipales, sino que también genera un agravio comparativo con el resto de trabajadores que cumplen con sus horarios conforme a la ley. No podemos permitir que se normalice el incumplimiento de la jornada laboral establecida y que se blinde en un convenio que debería buscar transparencia y eficiencia en la gestión municipal", subrayó Pérez.

Por su parte, el concejal popular Javier Brea cuestionó la postura del equipo de gobierno y calificó la medida de "disparate". Según explicó, el horario supondría 1.391 horas anuales por empleado, cuando la normativa establece 1.647 horas para los funcionarios de entidades locales: "Esto representa un 15,5 por ciento menos, es decir 256 horas menos por empleado", expuso.

Desde el PP advierten que esta reducción, en términos económicos, supone al año un coste de 310.000 euros, lo que equivale según sus cálculos a "casi diez trabajadores al año": "No entendemos que el alcalde, que es quien debe velar por los intereses de los contribuyentes, una vez más de la espalda a sus vecinos".