Una firma catalana asumirá el derribo de la nave de Flex

A falta de que la Junta de Gobierno de su aprobación oficial –algo que se espera para la semana que viene ya que no dio tiempo a incluir el expediente en la sesión convocada para esta mañana ni siquiera fuera del orden del día– ya hay empresa seleccionada para hacerse cargo de la esperada demolición de la nave de Flex, en La Calzada. La propuesta elevada por la mesa de contratación elige a la firma Hercal Diggers, con sede en Tarrasa (Barcelona). La empresa catalana se llevó los 90 puntos del criterio de valoración por precio al presentar una oferta que, con impuestos incluidos, alcanza los 687.397 euros. Es algo más de un 35% de rebaja sobre el millón de euros en que se había licitado el derribo desde el Ayuntamiento. A esos 90 puntos sumó 10 en criterios ambientales por el uso de vehículos de bajas emisiones para la obra.

Con esos 100 puntos en el total Hercal Diggers consiguió la mejor puntuación entre los diez licitadores admitidos finalmente de los 18 que se presentaron a un proceso, que no ha estado exento de problemas. Para empezar de las 18 ofertas, 13 se consideraron incursas en presunción de anormalidad, y para seguir la mesa de contratación exigió un segundo informe al servicio técnico de Urbanismo motivando la decisión sobre la aceptación o no de las justificaciones que fueron dando las empresas sobre las que había sospecha de baja temeraria. De hecho, Hercal Diggers fue una de las empresas que fueron "repescadas" tras justificar sus números. Al igual que le ocurrió a Construcciones y Excavaciones Erri Berri, Excavaciones Graval, Trandex y Excade.

Pasar la factura al banco

Tras la aprobación por Junta de Gobierno habrá un plazo de presentación de documentación por parte de la empresa previo al inicio de las obras, que tienen una duración estimada de 4 meses según lo marcado en el pliego de condiciones del contrato. El equipo de gobierno mantiene la intención de que el derribo del inmueble de La Calzada comience antes del verano.

No hay que olvidar que el Ayuntamiento de Gijón decidió acometer esta obra de forma subsidiaria con el objetivo de poder adelantar plazos en una demolición que los vecinos de La Calzada llevan demandando décadas. Y es que el prolongado abandono del edificio, ahora al lado de la remodelada ecomanzana del barrio, ha convertido esa zona del barrio en un foco de inseguridad y suciedad. Una vez ejecutada la actuación el Ayuntamiento pasará la factura al banco que es su actual propietario.