Ampliación de Cabueñes: claves de un fracaso y vías para reactivar un proyecto vital para miles de asturianos

La ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes (Gijón) era la mayor inversión, con diferencia, que tenía en marcha el Gobierno de Asturias. Hace dos semanas, la Consejería de Salud anunció la rescisión unilateral del contrato con las constructoras a las que habían sido adjudicadas las obras. Según el Principado, después de treinta meses de trabajos, y cuando sólo restaban cuatro del plazo otorgado para completarlos, únicamente se habían certificado 20 millones de euros de los 79 de la adjudicación. O sea, una cuarta parte. "El Gobierno toma la decisión por los reiterados incumplimientos de los plazos, que han obligado a imponer una penalidad a la compañía", argumentó el Ejecutivo el pasado 24 de enero.

Algunas preguntas esenciales

¿Cómo actuó en este tira y afloja el Gobierno que preside Adrián Barbón? ¿Por qué no rompió antes la baraja? ¿Qué sucederá en adelante? Éstas son algunas de las cuestiones a las que LA NUEVA ESPAÑA intenta responder en estas líneas, habida cuenta la relevancia de la ampliación del Hospital de Cabueñes. Relevancia sanitaria, social y política no sólo para Gijón y su entorno, sino para el conjunto de Asturias.

El Principado confía en retener los fondos europeos de la obra de Cabueñes

Datos que conviene conocer

Anticipemos algunas claves que párrafos más abajo tendrán un desarrollo más detallado: 1) Los retrasos de las obras del centro sanitario gijonés fueron patentes desde el primer momento; 2) Las empresas advirtieron desde muy pronto que algunas partes del proyecto eran "inejecutables"; 3) El Principado no tramitó otras sanciones propuestas por los técnicos, supuestamente con el ánimo de no avivar las tensiones con las empresas; 4) Los cinco añadidos al proyecto que ahora propone la Consejería de Salud tienen un coste aproximado de 20 millones, tanto como la obra que ya está hecha; 5) Los plazos que maneja el Principado para el futuro inmediato hablan de "tener hecho el nuevo proyecto en el otoño de este año" e iniciar las obras "en el primer semestre de 2026"; y 6) Esto implicaría llegar a las elecciones de 2027 con un año de desarrollo de los trabajos. Expuestas estas claves, iniciemos un relato de los hechos por orden cronológico.

El primer anuncio

El 10 de octubre de 2013, el entonces consejero de Sanidad, Faustino Blanco, anunció una inversión de más de 100 millones de euros para una "renovación integral" del Hospital de Cabueñes. Y añadió que en un plazo de 18 meses estaría elaborado un plan funcional, un catálogo de necesidades. En un momento de crisis financiera mundial, la viabilidad del proyecto fue cuestionado por algunas instancias, entre ellas Izquierda Unida. Además, faltaba poco tiempo para la entrada en servicio del nuevo HUCA en La Cadellada (Oviedo) y parecía obligado compensar a Gijón, cuyo principal hospital, inaugurado en agosto de 1968 bajo el nombre de Residencia Sanitaria José Gómez Sabugo, se había quedado desde hacía tiempo pequeño para las necesidades del área sanitaria V (Gijón, Carreño y Villaviciosa) y también obsoleto.

Primer y único pronunciamiento de los profesionales

En la realidad, los trabajadores de Cabueñes –básicamente, los jefes de servicio– se pronunciaron sobre estas necesidades en los años 2015 y 2016. Se elaboró la primera fase del proyecto de ampliación y la supervisión final de ese proyecto la llevó a cabo en los últimos meses de 2018 la Dirección General de Vivienda, que es el órgano competente del Principado para este cometido.

Error grueso y adjudicación a la oferta más barata

La Consejería de Salud lanzó en octubre de 2021 una primera licitación por un precio de 44,9 millones de euros. En un error mayúsculo de cálculo, quedó desierta. Ante el fiasco, se aceleró la segunda licitación, de casi el doble de coste: 85,8 millones. La UTE que se llevó la obra de ampliación de Cabueñes estaba integrada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y la empresa asturiana Los Álamos. Su propuesta no tuvo la mejor valoración técnica, que correspondió a Acciona. Sin embargo, tuvo como gran baza una rebaja de 6,6 millones respecto a lo presupuestado. "En la contratación administrativa, el precio es el criterio objetivo determinante", subrayan fuentes del Gobierno regional, reafirmándose en lo decidido en su momento. Los trabajos se adjudicaron en 79 millones y con un plazo de ejecución de 29 meses.

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Demoras y quejas de las empresas

Las obras comenzaron en agosto del 2022. La actual consejera, Conchita Saavedra, al llegar al cargo un año después firmó una prórroga de cuatro meses y cuatro días porque habían aparecido un árbol centenario, un aljibe… Y se replanificaron los plazos, los hitos. Nueva fecha de finalización: mayo de 2025. Empezaron las obras y pronto empezaron los retrasos. Las empresas han argumentado que les generó un gran perjuicio la inflación galopante que se registró en los meses posteriores a la adjudicación de la obra, debido sobre todo a la invasión de Ucrania por Rusia. Además, FCC y Los Álamos advirtieron desde pronto que algunas partes del proyecto eran "inejecutables", lo que obviamente generó una mala relación ya permanente con el autor del proyecto y director facultativo de las obras, Joaquín López-Fando de Castro. Las tesis de este arquitecto han ido coincidiendo en todo momento con las de Jesús Menéndez Fernández, responsable de los servicios técnicos de la Consejería de Salud.

Aviso serio y penalización

Un informe de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias alertó hace ahora un año del riesgo de "falta de control" en las obras. Entre los expertos de la Sindicatura, la preocupación fue durante un largo tiempo tan silenciosa como patente. En realidad, ya se ha dicho, hubo retrasos desde el día uno. Pero es en octubre de 2023, sostiene el Gobierno asturiano, cuando se empiezan a sobrepasar los plazos para los hitos. Pese a las admoniciones, las empresas no agilizan los trabajos al gusto del Gobierno regional. Y el 6 de febrero de 2024 la Consejería inicia la tramitación del expediente de penalidades, que cristaliza el 27 de diciembre del mismo año con una resolución firme de imposición de penalidades de 2,7 millones de euros.

Hubo más propuesta de sanción

Según ha podido saber este periódico, la dirección facultativa y los servicios técnicos propusieron alguna sanción más a las empresas por incumplimientos, pero la Consejería de Salud se negó a tramitarlas, quizá como gesto de buena voluntad e intento de reconducir las relaciones con las constructoras.

Demandas de las constructoras

Las empresas reclamaron 13 millones de euros en concepto de "riesgo imprevisible". Según el Principado, se trata de "una figura que no está contemplada en la legislación, sino que es jurisprudencial y que sólo en casos muy excepcionales la conceden los juzgados·. Esta petición de las empresas está aún pendiente de un pronunciamiento del Consejo Consultivo. Las empresas añadieron a sus exigencias 31 millones de euros para un modificado que fue rechazado por la dirección facultativa, los servicios técnicos de la Consejería y los responsables políticos de la Consejería.

¿Pudo resolverse hace un año?

Conocedores de la negociación aseguran que las empresas llegaron a ofrecer, hace un año, dos posibilidades: la primera, rescindir el contrato de manera amigable; la segunda, solventar las diferencias por un montante total de 20 millones de euros. Entre tanto, el Gobierno regional habla de una exigencia global de 44 millones (los ya citados 13 más 31), una cifra que definen como inaceptable. "No podíamos salvar el contrato con soluciones que están fuera de mercado", señalan fuentes del Principado.

¿Por qué tan tarde?

Pese a estas abultadas discrepancias, el Gobierno no rompió la baraja hasta hace dos semanas, lo que ha supuesto una pérdida de tiempo adicional. La Consejería de Salud argumenta que los corsés que impone el derecho administrativo no permitían otra cosa. Otros conocedores de la situación consideran que las autoridades del Principado subestimaron la potencia y la actitud de FCC y depositaron excesiva confianza en alcanzar una "solución política", o políticamente vendible. Y otros observadores, más cáusticos, resumen así el itinerario del proyecto: "Lo mataron entre todos: la incompetencia del Principado y la ambición de las empresas".

Ahora, ¿qué va a pasar?

La Consejería de Salud ofrece como analgésico a los profesionales sanitarios y a los usuarios una mejora del proyecto que consta de cinco áreas adicionales: farmacia, laboratorios y extracciones, hospital de día oncohematológico, esterilización y hemodiálisis. La Consejería de Salud estima que estos añadidos costarán unos 20 millones de euros. O sean, tanto como lo que ya está ejecutado.

¿Una planta más?

La Consejería también se plantea añadir al edificio una planta más, la séptima, y asegura que la estructura del edificio permite hacerlo. Serían unos 3.000 metros adicionales para "esponjar el área de consultas". Hay otras mejoras que se barajan, entre ellas incorporar el área de psiquiatría de Gijón, que actualmente está instalada en el Hospital de Jove.

¿Y el enfrentamiento con las constructoras?

La Consejería de Salud tiene en sus manos la posibilidad de impulsar sanciones y reclamar indemnizaciones a las empresas por un contrato que no se ha cumplido. Las empresas pueden defenderse y la plantilla de abogados de FCC, advierten algunos conocedores del sector, no es asunto menor. A FCC le interesa el dinero y al Gobierno regional le interesan el dinero y, sobre todo, el tiempo; que el asunto no se eternice en los tribunales. Estas prioridades embocar un acuerdo de no hacerse demasiado daño.

Grandes incógnitas sobre la ampliación de Cabueñes

¿Cuánto costará todo ello en tiempo y en dinero? ¿Habría sido mejor satisfacer a las empresas? ¿Terminará costando esta primera fase 20 millones más de los 79 en los que habían sido adjudicadas las obras? ¿Terminará costando 44 millones más? ¿O costará mucho más de todo eso y en unos plazos que se vayan, por ejemplo, a 2030? Ciertamente, el hospital que surja del nuevo proyecto estará notablemente más ajustado a las necesidades reales que el que iba a salir de la actuación ahora abortada. ¿Pero merecerá la pena el tiro fallido? ¿Será esto entendido y aprobado por los ciudadanos de Gijón? ¿Pueden permitirse el PSOE regional y el PSOE de Gijón llegar a las elecciones autonómicas con las obras sin iniciar?

Nueva etapa

La Consejería de Salud tiene decidido que la empresa pública Tragsatec, con menos corsés burocráticos y temporales, se haga cargo ahora de impulsar la elaboración del nuevo proyecto. Sobre su contenido, "se está hablando de una manera continua con los profesionales desde que llegó la nueva gerencia", señalan fuentes de la Consejería.

Los tiempos

Los plazos que maneja el Principado hablan de "tener hecho el nuevo proyecto en el otoño de este año" e iniciar las obras "en el primer semestre de 2026", lo que implicaría llegar a las elecciones de 2027 con un año de desarrollo de los trabajos. ¿Y el plazo final? Sobre eso nadie se atreve a hace cábalas. Ni sobre el final de la primera fase, ni de la segunda ni de la tercera. Nadie se atreve a aventurar cuándo podrían concluir unas actuaciones anunciadas por vez primera en octubre de 2013.

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