El Gobierno se reserva la baza del TC para frenar la ofensiva de Sumar contra la tributación del salario mínimo

El pulso entre los socios de Gobierno por la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ya atravesó los muros de La Moncloa y llegó a la arena parlamentaria, pero el recorrido puede desembocar en la vía judicial. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, insiste en que mantendrá el pulso en el Congreso para que se debatan las iniciativas para evitar que los salarios más bajos paguen IRPF. Para ello Sumar tendrá que recurrir a la pinza con el PP en la Mesa del Congreso y votar junto a populares para levantar el veto que el Ministerio de Hacienda presentará a estas medidas. Esta decisión de la Mesa, creen en las filas socialistas, chocaría con la "competencia constitucional" del Gobierno, con potestad reconocida en la Constitucional de vetar aquellas iniciativas que afecten al presupuesto en vigor. Una situación que pone sobre la mesa la opción de plantear un conflicto de atribuciones ante al Tribunal Constitucional, después de que esta misma semana el Consejo de Ministros haya sentado un precedente con el Senado.

El choque comenzó a mediados de febrero, con la confirmación del departamento de María Jesús Montero de que no elevaría el mínimo exento, obligando a tributar a los perceptores del SMI tras la última subida. La respuesta de Sumar fue presentar una iniciativa en el Congreso para enmendar a Hacienda. En total, hay tres propuestas en este sentido contando con la del PP y Podemos, y el Gobierno ha apurado los plazos para emitir su veto, apelando a razones presupuestarias. El plazo expira el próximo viernes 28 de marzo y es previsible que el siguiente martes, 1 de abril, la Mesa se reúna para decidir si acepta o no este veto. Y Sumar amenaza con rechazarlo junto al PP, en un acuerdo que el Gobierno podrá después llevar a la Justicia.

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En las filas socialistas apuntan al Tribunal Constitucional como una posible vía, aunque el ala mayoritaria del Gobierno aún no ha concretado sus planes. Desde el Ministerio de Hacienda, al menos de momento, se mantienen en sus posiciones de ejercer el "derecho constitucional" de vetar las propuestas que infieran en el diseño presupuestario. En caso de que PP y Sumar terminen levantando ese veto, advierten que "estudiaremos políticamente" la situación.

En Sumar se muestran convencidos de que el agua no llegará al río y el PSOE terminará cediendo en este punto antes o después. A día de hoy, ante el enrocamiento de Montero, ven poco probable que esto pueda suceder antes de que levanten el veto, y creen que de darse un acuerdo se terminará produciendo una vez iniciada la tramitación parlamentaria de las iniciativas. En las filas de Yolanda Díaz priorizan el acuerdo, aunque conlleve también cesiones por su parte para dar una "salida digna" a la titular de Hacienda, ante la evidente soledad que la líder de Sumar se esfuerza en remarcar: "Toda la Cámara piensa como yo", vino a decir este jueves en una entrevista en Telecinco.

El Gobierno activa el conflicto de atribuciones

La vía del Tribunal Constitucional tiene un precedente extremadamente reciente por el que el Gobierno activa la vía constitucional contra la decisión de Las Cortes de repeler su veto. Ha sido este mismo martes cuando el Consejo de Ministros dio el primer paso para comenzar un conflicto de atribuciones contra el Senado, después de que incluyeran en la ley de desperdicio alimentario enmiendas que afectaban al presupuesto en vigor, y de que el PP hiciera valer su mayoría absoluta para rechazar el veto del Congreso.

Esto llevó a que el Ejecutivo presentara un nuevo veto en el Congreso a la enmienda ya vetada y aprobada del Senado. Con esa decisión, evitó el debate de estos polémicos apartados, que incluían entre otras cosas bajada del IVA de alimentos o la prórroga de vida útil de plantas de tratamiento de los purines. Unas enmiendas que hicieron saltar por los aires el Pleno de este jueves, ante el enorme enfado de PP y Junts, que terminaron castigando al Gobierno y tumbando a Sumar su proyecto de ley salido del Consejo de Ministros para crear una Agencia Estatal de Salud Pública.

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Después de que el Senado, con la mayoría absoluta del PP, desoyera las razones presupuestarias del Gobierno para frenar estas enmiendas, el Consejo de Ministros acordó el martes requerir al Senado que revocara los acuerdos y resoluciones de la Mesa donde se levantaban sus vetos. Es el primer paso para activar el conflicto de competencias en el Tribunal Constitucional, que se produce cuando una administración u órgano constitucional considere que otro de ellos adopta decisiones asumiendo atribuciones que a él le confieren la Constitución o las leyes orgánicas.

El funcionamiento establece que el primer paso es, en el mes siguiente a los hechos, el órgano agraviado debe trasladar la situación al que acusa de asunción indebida de atribuciones, en este caso el Senado, que tendrá un mes a partir de su recepción para rectificar o no en el sentido solicitado. En caso de no hacerlo, el órgano que envió el requerimiento -en este caso, el Gobierno- podrá plantear el conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, especificando los preceptos que considera vulnerados.

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En caso de que la Mesa del Congreso levante los vetos sobre la tributación del SMI, la situación sería similar, con dos órganos constitucionales atribuyéndose unas competencias que el otro no reconoce. Un paso que, de darse, supondría un salto cualitativo en la escalada entre los socios de coalición, que pasarían de protagonizar un rifirrafe en en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa a enfrentarse directamente por la vía judicial.