Montero y Díaz mantienen el pulso por la tributación del SMI: Sumar busca tumbar el veto de Hacienda con el PP

La brecha abierta entre los socios de coalición por la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sigue agrandándose. Un choque que amenaza con materializarse en el Congreso y descuadrar las cuentas al ministerio de Hacienda. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, favorable a que tribute, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien apuesta por dejarlo exento, no han acercado posturas desde que el Ejecutivo aprobó la subida del SMI a 1.184 euros, según reconocen fuentes próximas a ambas.

Ante esta falta de entendimiento, desde Hacienda aseguran que mantienen su intención de presentar un veto del Gobierno a las iniciativas, entre otros de Sumar, para evitar su tributación. El departamento de Montero podrá hacerlo hasta el viernes 28 de marzo, cuando termina el plazo. Desde el espacio que liderada Yolanda Díaz responden por su parte que, en caso de no alcanzarse un acuerdo con los socialistas, lo tumbarán votando en contra en la Mesa del Congreso que se celebra todos los martes. Para ello deberán hacer pinza con el PP, aunque en el entorno de Díaz evitan confirmar contactos con los populares.

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Fuentes del PP avanzan que “harán lo que esté en su mano”, también en la Mesa del Congreso (en la que tienen cuatro miembros) para frenarlo. Sus votos con Sumar son suficientes. “Nuestro objetivo es que los trabajadores que cobran el SMI no tengan que tributar. Haremos todo lo posible”, recalcan.

El Ejecutivo argumentará afectación presupuestaria para presentar un veto a las tres iniciativas registradas para modificar la tributación del SMI. Una del socio minoritario del Gobierno, otra del PP y una última del PP. Aunque desde Sumar se mostraron convencidos en un principio de que Montero daría marcha atrás en sus planes, ante lo "impopular" de su planteamiento, en Hacienda son tajantes: “Lo vamos a vetar, en la próxima reunión de la Mesa del Congreso o en la siguiente”. La posición, añaden, no variará, por lo que el margen para negociar es prácticamente nulo.

Desde Sumar mantienen la mano tendida al PSOE para llegar a un acuerdo que evite la confrontación parlamentaria entre los socios de Gobierno a cuenta de este asunto. Pero lo cierto es que las posturas están muy alejadas, y fuentes del espacio ven difícil que la situación pueda reencauzarse, y apuntan a que lo más probable es que deban unir sus votos al de los populares para forzar el debate en el Congreso de las tres iniciativas que hay en el Congreso: la de Podemos, la del PP y la de Sumar.

Esta falta de expectativas se explica en al férrea posición que ha mantenido el ala socialista del Gobierno sobre este asunto. Desde Moncloa trasladan que “la política fiscal la decide Hacienda” y, como desde que se inició el debate, justifican que “llegado un punto” de ingresos se deben comenzar a tributar. En esta línea, señalan que los 2.000 millones que se dejarían de percibir si no tributa el SMI desajustarían las cuentas, máxime después de que se haya tumbado el impuesto a las energéticas. Una cantidad que, dicen, sería el presupuesto total del Ministerio de Vivienda, y apelan a la necesidad de financiar el Estado de bienestar y los servicios públicos.

Amenaza de congelación

En Hacienda suman el argumento de que dejar exento de tributación el SMI lo condenaría a que “esté congelado”, además de poner en riesgo el Estado de bienestar por el agujero en las cuentas. El enroque de Moncloa se combina con una labor de “pedagogía fiscal”, al sostener que el Gobierno no ha subido los impuestos, sino mejorado las rentas y situado el SMI cerca del 60% del salario medio.

Dejarlo exento de cotización, por tanto, sería tanto como que no pagase impuestos casi la mitad de los trabajadores, según apuntan desde el departamento que lidera María Jesús Montero. Un debate que consideran pernicioso para la izquierda y que asocian a posiciones más ultraliberales, contrarias a la progresividad fiscal y los servicios públicos. De ahí, que remarquen que se trata de una cuestión “de principios”.

En caso de que se abra la vía parlamentaria, en el Ejecutivo se resignan a acatar lo que se vote en la sede de la soberanía nacional. Si el Parlamento aprueba las iniciativas para dejar exenta la tributación, explicaron desde el principio, "el Gobierno tiene que asumir la ley”.