Segundo fallo judicial contra el Ayuntamiento por no abonar la paga de prejubilación

Son ya dos los extrabajadores del Ayuntamiento de Avilés que van a recibir las pagas de prejubilación denegadas por el Consistorio en su momento. "Y no serán los únicos", vaticina el abogado Manuel Gómez Mendoza, que calcula "más de sesenta reclamaciones, una veintena de ellas correspondientes a policías locales" que han pedido el retiro.

El primer extrabajador que ganó judicialmente su derecho –la paga extra por prejubilación es un beneficio del empleado que decide adelantar su marcha: el Ayuntamiento, entonces, se compromete a pagar aquello que el trabajador pierde para cerrar el cálculo de la pensión final– fue un antiguo jardinero. A él se ha sumado ahora una antigua técnica en una de las escuelinas para menores de tres años que, hasta hace pocas semanas, dependían de la administración local (actualmente, las administra el Principado).

"Los dos casos siguen el mismo canal: demandamos al Ayuntamiento en Primera Instancia, ganamos, el Ayuntamiento recurre al TSJA y vuelve a perder. Entonces acude al Supremo, pero en las dos ocasiones los dos recursos que presentó el municipio fueron inadmitidos; es decir, los rechazaron porque estaban mal hechos", relata el abogado.

El Ayuntamiento empezó a rechazar "el llamado premio de jubilación" porque decía que existía una ley que lo prohibía y, en el caso de la técnica de educación, porque el "devengo" "superaría el límite presupuestario". En la misma sentencia se señala, sin embargo, que "faltan los hechos o datos que acrediten que el premio de jubilación demandado, que según el precepto se abonará dentro del concepto de productividad, conlleva al caso del demandante un gasto por encima de incremento autorizado". Es decir, según Mendoza, "el Ayuntamiento se plantea argumentos de película" para definitivamente "olvidarse del pagar a sus empleados".

Además el Ayuntamiento tiene que pagar las costas judiciales, esto es, se tiene que encargar de la factura del abogado Mendoza. Así como un porcentaje de los salarios de tramitación.

Más de medio centenar de personas han presentado sus correspondientes pleitos.