Cuatro jueces de violencia asturianos rechazan asumir los delitos sexuales

Uno de los aspectos más polémicos de la ley de eficiencia de la Justicia es la atribución de los delitos sexuales y de trata de blancas a los Juzgados de Violencia de Género, una reforma que entra en vigor el 31 de octubre. Para el Gobierno tiene lógica que estos juzgados asuman todas las variantes de violencia contra la mujer, haya o no un vinculo afectivo. Sin embargo, el previsible aumento de la carga de trabajo, que en Asturias será del 14,13 por ciento (12,9 por ciento en toda España), ha puesto a los magistrados en pie de guerra.

Un total de 136 jueces de violencia, cuatro de ellos asturianos (Estrella María González, jueza de violencia de Gijón; Virginia Fernández Pérez, de Oviedo; José María Rodríguez Balsera, juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Mieres, encargado de violencia de género; y Marta Iglesias, exmagistrada titular del Juzgado de violencia de Oviedo, hoy en la Audiencia en Gijón), ha firmado un manifiesto indicando que no pueden hacerse cargo de los asuntos sexuales a menos que se dote de más personal y medios a estos juzgados. Los magistrados críticos se reunirán este martes con el Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo. Según el CGPJ, los dos Juzgados de violencia asturianos, y los de instrucción encargados de estos asuntos fuera de Oviedo y Gijón, asumieron un total de 9.157 asuntos en 2023 y 2024. En ese mismo periodo, hubo en Asturias 1.294 delitos sexuales.

Los jueces resaltan que Justicia admite que los delitos sexuales supondrán un aumento de la carga del 20 por ciento, pero el Gobierno pretende que la reforma a un coste cero. "El efecto inmediato va a ser el colapso total de unos Juzgados ya de por sí sobrecargados, en una materia tan sensible como es la relacionada con la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres y de sus hijos e hijas", indican.

Añaden que, en veinte años, no han dejado de aumentar los asunto, sin que se haya aumentado la dotación. "La mayoría de estos órganos trabaja con una absoluta precariedad, sin contar con los preceptivos equipos de valoración forense; de asesoramiento y asistencia a la víctima; con un más que deficiente funcionamiento de los dispositivos telemáticos de control; sin forense de guardia; sin salas Gesell para explorar a menores; con salas de vistas compartidas que impiden las grabaciones de las declaraciones; y sin dotar de sistemas de grabación en los despachos", enumeran los jueces.

Y añaden que "se va a producir un significativo paso atrás en la lucha contra la violencia de género, que puede generar espacios de desprotección y riesgo para las mujeres y sus hijos e hijas, ante la imposibilidad material de poder atender de manera pormenorizada y detallada cada asunto civil y penal". Y avisan de que "los Juzgados más congestionados son los más proclives a rechazar las peticiones. Cuando todo es importante y urgente, nada es preferente", finalizan.

Peláez busca el consenso para aplicar la reforma

El consejero de Hacienda, Fondos Europeos y Justicia, Guillermo Peláez, indicó que se está reuniendo con los diferentes operadores judiciales para preparar la aplicación de la ley de eficiencia judicial "con el máximo diálogo posible". Peláez dijo que, para el 1 de julio, debe estar lista la conversión en tribunales de instancia de los 13 partidos judiciales con un solo juez. El siguiente hito será el 31 de diciembre, cuando deben haberse transformado los mayores partidos judiciales: Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo y Siero. Será en este momento cuando se creen las oficinas judiciales propiamente dichas. El diputado regional del PP Manuel Cifuentes indicó que hay una gran incertidumbre tanto entre magistrados como funcionarios. "No todo el mundo está convencido de que pueda conseguirse, y puede tener el efecto de una Justicia aún más lenta. Los funcionarios quieren saber cómo será la reorganización", dijo.

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