La jueza de la DANA encarga a la Guardia Civil un informe sobre el Centro de Emergencias

La jueza que investiga los efectos de la DANA del 29 de octubre ha encargado un informe a la Guardia Civil de València sobre el funcionamiento y detalle del Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra ha acordado requerir a la Conselleria de Emergencias que le remita nueva documentación y encarga a la Guardia Civil la elaboración este informe sobre las instalaciones del Centro de Coordinación de Emergencias, en respuesta a la petición de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), acusación popular en la causa, que solicitaba que la inspección de las instalaciones fuera presencial.

Relación de puestos de trabajo

Las diligencias de investigación acordadas hoy por la titular del Juzgado incluyen requerir a la Conselleria de Emergencias y de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre) para que remitan al juzgado la relación de puestos de trabajo de los trabajadores que prestan servicio en el Centro de Coordinación de Emergencias. Esa documentación deberá especificar las tareas, formación y datos personales de los empleados, así como identificar a los que estuvieron presentes en el centro entre las 6 y las 23.59 horas del 29 de octubre (29-O).

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El auto también emplaza a la misma institución a que facilite documentación relativa al Plan Especial de Inundaciones y la información que se remitió el día de la DANA a los ayuntamientos y diputaciones que se pudieran haber visto afectados por la crecida del barranco del Poyo.

Del mismo modo, requiere al director general del Medio Natural y Animal, Luis Gomis Ferraz, para que informe sobre las acciones desarrolladas y el momento en que finalizaron las medidas de control en el barranco del Poyo la fatídica jornada del 29 de octubre.

Documentación solicitada a la Guardia Civil

La magistrada concreta de forma detallada el contenido del informe encargado a la Guardia Civil: tendrá que incluir los "sistemas de videograbación de entrada al edificio, así como aquellas cámaras de videovigilancia que cubren las distintas estancias interiores; la información que comparten las pantallas de sus estancias; la información que se almacena en el sistema suministrada por los servicios que participan en la emergencia; el sistema de gestión geográfica; el sistema que garantice en todo momento la cobertura de red para el funcionamiento de telefonía móvil; el programa de cartografía adaptado a las necesidades específicas de las emergencias; el sistema de localización automática del lugar desde donde se llama al 112, tanto desde un móvil como de un terminal fijo; la ubicación en la pantalla y en tiempo real de la situación de las unidades móviles asignadas, incluidos aviones y helicópteros, mediante equipos GPS localizados en los vehículos; las múltiples posibilidades de búsqueda a través de callejeros, mapas de carreteras por topónimos; la visualización de todo el territorio de la Comunidad Valenciana a través de fotos aéreas; los sistemas de participación en reuniones, vía telemática, y la grabación de las mismas.

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Aunque cabe destacar que la magistrada deniega la práctica de otras diligencias de investigación solicitadas por ACPV como "la conservación de los datos de las comunicaciones electrónicas emitidas o recibidas desde el Centro de Coordinación de Emergencias" porque no se pueden incorporar a la causa debido a que la investigación de la dana no se refiere a delitos dolosos (en este caso que los presuntos homicidios imprudentes se cometieron de forma intencionada).

Rechaza que Argüeso declare por videconferencia

Asimismo, la magistrada rechaza la petición del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, de declarar como investigado por medios telemáticos el próximo 11 de abril, según acaba de informar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La jueza basa su decisión en la “gravedad de los hechos objeto de la investigación, homicidios y lesiones imprudentes”, el elevado número de fallecidos, la “intervención de un gran número de partes” en la causa, la “falta de acreditación de dificultad alguna al objeto de personarse en el juzgado” y la “ausencia de razones de orden público ni de seguridad” que justifiquen que esa declaración no se lleve a cabo de forma presencial.

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La magistrada explica en el auto notificado hoy a las partes que "la posibilidad de llevar a cabo la declaración mediante medios telemáticos y no en la sede del Juzgado, no es procedente en el presente caso". Porque, justifica, "ha de atenderse a la gravedad de los hechos objeto de la investigación, homicidios y lesiones imprudentes, el altísimo número de fallecidos, 227 y una desaparecida, la aplicación del art. 142 bis del Código Penal, la intervención de un gran número de partes, la falta de acreditación de dificultad alguna al objeto de personarse en el Juzgado y la ausencia de razones de orden público ni de seguridad que justifiquen que no se lleve a cabo presencialmente".

Y añaden que "nos encontramos en fase de instrucción y la posibilidad de desplazarse es perfectamente posible, no siendo necesaria la utilización de auxilio judicial, ni tampoco de sistemas telemáticos al objeto de recibir declaración al investigado".

La magistrada añade también que "es de reseñar que la práctica totalidad de los familiares de los fallecidos y perjudicados están compareciendo presencialmente en la sede de este juzgado, pese a su grave afectación anímica, alguno de ellos incluso con grave dificultad física, desplazándose desde otras poblaciones, facilitando en todo momento la labor de este órgano judicial. Es por ello que procede denegar la declaración mediante medios telemáticos del investigado Emilio Argüeso".