Informes internos del TC complican el plan de Conde-Pumpido para evitar que se cuestionen sus sentencias

La resistencia del tribunal de los ERE en Andalucía a ejecutar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional sobre la pieza política del caso, que supuso la anulación de las condenas de una decena de implicados, ha acabado provocando toda una tormenta en el órgano de garantías, que la próxima semana ha programado un "debate jurídico" -así se denomina en el orden del día del Pleno-- para analizar las posibilidades que tienen los juzgados españoles de cuestionar sus sentencias ante la justicia europea.

Sobre la mesa ya existen cinco informes internos que, realizados por letrados del órgano a petición de dos magistrados del sector conservador y del propio presidente, Cándido Conde-Pumpido, abordan la cuestión desde diferentes aspectos jurídicos. Todos ellos descartan, no obstante, que desde el Tribunal Constitucional pueda evitarse que cualquier juez u órgano pueda plantear dudas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) antes de adoptar cualquier decisión que afecte al derecho europeo.

Este movimiento es precisamente el que se plantea la Audiencia de Sevilla, que considera que el Constitucional podría haberse "extralimitado" al anular las condenas de, entre otros, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, realizando una "interpretación alternativa de la prevaricación y la malversación" que choca con la normativa europea contra la corrupción.

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Así lo ha comunicado a las diferentes partes personadas en el procedimiento en una providencia en la que fijaba un plazo de diez días para recibir la respuesta y tomar una decisión al respecto. El plazo no concluirá hasta bien entrada la próxima semana, ya que ha empezado a correr un poco más tarde dado que la defensa de Griñán pidió aclaraciones a la sentencia. No obstante, ya se conoce el dictamen de la Fiscalía, que se alinea con las cautelas ya expresadas sobre este asunto por el presidente del Tribunal Constitucional y rechaza dicha extralimitación, además de desaconsejar que el asunto llegue a Europa.

No se decidirá sobre los ERE

Tras conocer el movimiento de la Audiencia de Sevilla el Tribunal Constitucional le requirió la providencia en la que plantea sus dudas --que ya le ha sido enviada, según las fuentes jurídicas consultadas-- y ello ahondó aún más en las diferencias entre el bloque conservador y progresista del Constitucional. Por su parte, fuentes cercanas a la Presidencia señalan que Conde-Pumpido busca desvincular el debate del asunto particular de los ERE y advierte del interés jurídico de fondo, por afectar al sistema de recursos de todo el sistema.

"El debate no prevé tomar ninguna resolución procesal que afecte al planteamiento de la cuestión", señalan las mismas fuentes. Los tres informes encargados por Conde-Pumpido han sido elaborados expertos en derecho europeo, en derecho constitucional español, y a los letrados más antiguos y expertos en la doctrina del Tribunal y del Derecho Europeo. Su contenido versa sobre efectiva ejecución de las sentencias del Constitucional, pero no van a determinar "acción procesal alguna", es decir, no están dirigidos a impedir la consulta del tribunal de los ERE.

Advertencias de los letrados

No obstante, uno de ellos si advierte de que "la prudencia y el respeto institucional al ámbito competencial de las distintas jurisdicciones impiden sugerir ningún tipo de actuación por parte del Tribunal Constitucional en una tesitura como la abierta por la providencia de la Audiencia Provincial de Sevilla". En el mismo sentido se pronuncia otro de los escritos, encargado por el magistrado José María Macías, en el sentido de que la propia doctrina del TJUE impide que desde el Constitucional se pueda intentar incluso disuadir de realizar la consulta, por contravenir al derecho de la Unión. Un primer informe, auspiciado por el magistrado César Tolosa, señalaba igualmente la ausencia de impedimentos para consultar a la justicia europea este tipo de cuestiones.

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A todo ellos se suma que el órgano de Luxemburgo ya tiene sobre la mesa una cuestión parecida, planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, después de que el Constitucional anulara una decisión por la que se ordenaba a este órgano en relación al litigio entre Cabify y Auro sobre la exclusividad a la hora de prestar servicios. El órgano madrileño planteó su cuestión el lunes pasado, por lo que la respuesta ya solo depende del TJUE.

 Con todos estos mimbres, y según reza en el orden del día del Pleno, los magistrados abordarán el "planteamiento de cuestiones prejudiciales en la ejecución de sentencias definitivas dictadas por el Tribunal Constitucional u otros tribunales superiores nacionales", y ello en relación con el "deber de velar por el cumplimiento efectivo" de sus propias resoluciones que tienen los magistrados del órgano de garantías en cumplimiento del artículo 92.1 de la ley orgánica por la que se regulan.

Las mismas fuentes insisten en que atendiendo a dicho planteamiento, el debate que se desarrollará a partir del martes próximo no tiene la finalidad de impedir el planteamiento de la cuestión por el tribunal sevillano , sino abordar una cuestión novedosa y que no se había suscitado hasta la fecha, y que puede afectar a la efectividad de todo el sistema de recursos en nuestro ordenamiento jurídico. Se trata de discutir esa novedad en un marco de "diálogo entre tribunales", como el que ya han planteado otros Tribunales Constitucionales europeos como el italiano o el alemán con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con doctrinas o resoluciones que pueden colisionar con sus competencias, añaden.