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Choque total Congreso-Senado: Feijóo prepara cuatro recursos ante el TC por los vetos a la ley de desperdicio alimentario
Gamarra pide a Sánchez que deje de "actuar como un pequeño dictador" y reclama a Vox que deje de actuar como un "mayordomo" de Trump

El vicesecretario de coordinación autonómica y local, Elías Bendodo, la secretaria general, Cuca Gamarra, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, este sábado, al inicio de la interparlamentaria en Sevilla. / Julio Muñoz / EFE

El Partido Popular ha decidido denunciar ante la justicia el choque de la semana pasada en el Congreso por el trámite legislativo de la ley de desperdicio alimentario. Los conservadores creen que tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como la Mesa del Congreso (donde tienen mayoría PSOE y Sumar) han prevaricado y han actuado de forma arbitraria al vetar enmiendas aprobadas en el Senado, una Cámara en la que el PP tiene mayoría absoluta.
Cuca Gamarra, secretaria general de los conservadores, ha anunciado en Sevilla, durante la inauguración de la 27ª interparlamentaria, que sus servicios jurídicos están preparando cuatro recursos ante el Tribunal Constitucional por esa disconformidad total: dos del Senado por conflicto de competencias contra el Gobierno y el Congreso y otros dos recursos de amparo y de inconstitucional por parte de diputados y senadores.
La número dos de los populares ha pedido a Pedro Sánchez que, "menos celebrar los aniversarios de la muerte de un dictador", en referencia a Francisco Franco, y "más actuar de manera democrática" en España. "Deje usted de actuar como un pequeño dictador y empiece a respetar la separación de poderes y los contrapoderes en nuestro país. Respete la voluntad de la mayoría, que es de lo que estamos hablando", ha lanzado entre aplausos de los diputados, senadores y eurodiputados que han viajado a Sevilla. En su discurso, de más de media hora de duración, Gamarra también ha dedicado pullas a Vox, al que, sin citarle, ha acusado de comportarse como un "mayordomo" de "poderosos extranjeros", en referencia al presidente de EEUU, Donald Trump. Ha lamentado que Santiago Abascal aplauda "bobaliconamente" sus amenazas de imponer aranceles a productos españoles.
El origen del conflicto institucional entre el PP y los socialistas son enmiendas de los populares, de ERC y Junts que fueron aprobadas por el Senado y que el Gobierno vetó amparándose en el artículo 134.6 de la Constitución, que señala que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”. El PP de Alberto Núñez Feijóo proponía que se rebajara el IVA de los alimentos básicos del 4% al 2%, lo que suponía una merma de los ingresos del Estado de 900 millones de euros; otra de ERC y Junts pretendía prorrogar la vida de plantas de purines para que pudieran seguir cobrando ayudas, por lo que también afectaba a los ingresos del Estado.
La Mesa del Senado, donde tiene mayoría el PP, hizo oídos sordos al veto del Ejecutivo porque no lo consideró lo suficientemente motivado y permitió que se debatieran y se aprobaron. Ya con la ley de vuelta en el Congreso para su aprobación definitiva, la Mesa (mayoría PSOE y Sumar) recibió un escrito del Ejecutivo reclamando que se retiraran esas enmiendas.
Los avisos del secretario general
Fuentes cercanas a la presidencia de la Cámara Baja explicaron que, la Mesa del 18 de marzo, analizó el conflicto entre la capacidad legislativa del Senado y la potestad del Gobierno y optaron por eliminar las enmiendas ya que consideraron que la Cámara alta había incumplido la Constitución por permitir su tramitación.
Sin embargo, en esa misma reunión, el secretario general del Congreso, avisó de que, si el Gobierno estaba disconforme con la manera de actuar del Senado, tendría que haber reaccionado en aquella Cámara y en aquel momento. Galindo, según fuentes conocedoras de su intervención, dijo que el Ejecutivo podría haber solicitado al Tribunal Constitucional la adopción de medidas cautelares para suspender el procedimiento parlamentario que el PP estaba llevando a cabo en el Senado. No lo hizo: la pelota volvió al Congreso y ahí la Mesa mutiló el texto, sacando las enmiendas, algo que los populares rechazan totalmente y que les lleva ahora a recurrirlo ante el Constitucional.
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