FALSIFICACIÓN DOCUMENTAL

Dos detenidas por estafar más de 72.000 euros a una comunidad de vecinos en Madrid

La gestoría que regentaba una de ellas, en Majadahonda, tenía revocado el CIF para ejercer esta actividad

Las mujeres falsificaban facturas y realizaban cobros modificando los datos de los residentes afectados

Un agente de la Guardia Civil, de espalda, en imagen de archivo.

Un agente de la Guardia Civil, de espalda, en imagen de archivo. / EP

Madrid

La Guardia Civil ha logrado identificar y detener a dos mujeres por su presunta implicación en delitos de administración desleal, delito continuado de estafa y un supuesto delito continuado de falsificación documental.

Las arrestadas regentaban una gestoría en Majadahonda (Madrid) que, tras las indagaciones policiales, resultó tener revocado el CIF de empresa para poder ejercer estas funciones y llevar a cabo una estafa de más de 72.000 euros.

Gastos injustificados

El inicio de la investigación tuvo lugar tras una denuncia de la presidenta de la comunidad de vecinos, quién tras hacerse cargo del puesto, observó diversas irregularidades en el pago a proveedores, así como la duplicidad de facturas.

En el momento de solicitar la acreditación de pagos a la gestoría, la comunidad de vecinos tenía sus cuentas bancarias en negativo, no justificando la gestora los gastos. Con los datos aportados por la presidenta se comprobó que la gestoría relacionada llevaba años modificando datos, fechas y números de registro de facturas, falsificando la firma y usando el sello de los perjudicados.

Para cobrar la factura doblemente, emitían a posteriori un cheque al portador de una factura que había sido cobrada porque se encontraba domiciliada.

Pérdidas de 114.000 euros

El estudio pormenorizado de las cuentas, movimientos bancarios y tras contactar con empresas proveedoras que figuraban como beneficiarias del dinero, se acreditó la falsedad de las facturas emitidas. Localizaron así, pagos realizados que le han ocasionado a la comunidad de propietarios una pérdida de 114.000 euros.

A raíz de las gestiones realizadas se ha constatado que, a la encargada de la gestoría, le fue revocado el CIF en abril del año 2021. En la gestoría trabajaba otra persona, la cual era la supuesta encargada de llevar los trámites de la comunidad de vecinos, pero que no figura de alta en la seguridad social. 

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