Menores, cortijos y tontos

Hay cosas que cualquiera con un mínimo de sentido común jamás pensó que vería. Una de ellas es cómo los niños, los más indefensos, se han convertido en moneda de cambio en el gran mercado de la política. La reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería no es solo una cuestión legal o administrativa. Es, ante todo, una prueba de humanidad. Y una vez más estamos fracasando.

Hablar de "distribución territorial de menores extranjeros no acompañados" como si fueran mercancía es una señal de la descomposición moral que nos rodea. Y no es que los menores sean el problema, que los pobres críos solo han tenido la mala suerte de nacer en el lugar equivocado en este desbarajuste de mundo. Pero convertirlos en piezas de un ajedrez político y utilizarlos para contentar a los independentistas en su eterna lista de exigencias, es de una bajeza que ya ni siquiera extraña a estas alturas.

El pacto entre el Gobierno central y Puigdemont, ese esperpento de tipo fugado de la justicia que se esconde en Bruselas como un tahúr de taberna y que ahora, en su infinita desvergüenza, se permite imponer las condiciones de la política nacional, no es solo un acuerdo político, es otro torpedo a la línea de flotación de la convivencia entre las comunidades que forman nuestro país. Se impone la carga a unos mientras se alivia a otros, sin consulta, sin consenso, sin el más mínimo respeto por quienes tendrán que asumir la realidad de estos menores, con la amarga sensación de que una vez más la política de peajes eclipsa cualquier atisbo de justicia.

Aquí la cuestión no es la inmigración ni el bienestar de los menores. Es que alguien ha decidido convertir España en un cortijo con dueño. Y ese dueño, por increíble que parezca, no está ni en Madrid ni en España. Está en Bruselas, con su tupé revuelto, su enorme cobardía y su habilidad para hacer que un país entero se arrodille ante él cada vez que le da la gana.

La inmigración es un reto que exige equilibrio, firmeza y sentido común. No consiste en cerrarse en banda ni en abrirse en canal. Pero lo que no se puede hacer es legislar en una cuestión como esta a base de intereses partidistas ni someterse al chantaje de los mediocres. España se ha convertido en un campo de batalla donde el interés general queda sepultado bajo la pila de concesiones a quienes han convertido la fragmentación en su modo de vida. Y lo peor no es que pase, sino que ya ni siquiera sorprenda.

Afortunadamente aún se escuchan voces con cierto sentido, como la del mismo Page, presidente de Castilla La Mancha, quien hace unos días recordó a quien corresponda que sí, solidarios podemos ser, pero tontos, no. Ya veremos.