Regnum confusionis

En el escenario político todos vociferan, gesticulan, mienten e injurian. ¿Dónde está la verdad? No en el Parlamento, a lo que parece. Esa institución esencial del Estado democrático, que debería afanarse en perseguir la verdad dialógica –la única posible en democracia– a través de un debate libre, mesurado y constructivo, no sigue en España ese camino por falta de respeto mutuo entre los parlamentarios. Cuando no se es capaz de distinguir entre el adversario y el enemigo, la alta civilización que representa el Estado democrático degenera y amenaza con derrumbarse.

¡Cómo echo de menos la capacidad alemana para crear sólidos gobiernos de coalición! Me pregunto por qué eso es imposible en España. ¿Por qué no puede haber hoy, a tenor de los resultados electorales de julio de 2023, un Gobierno PP-PSOE? La respuesta reside, según entiendo, y dejando fulanismos aparte, en el efecto inhibitorio sobre el pacto entre partidos del permanente recuerdo de la Guerra Civil y del franquismo. ¿No es para echarse las manos a la cabeza? ¿Por qué tantos años después persiste un rencor tan castrante en el seno de la clase política? ¿O es que persiste igualmente en la entera sociedad española y los políticos se limitan a trasladarlo a la esfera institucional? Esta segunda explicación, con la que no estoy de acuerdo en absoluto, sería completamente desoladora. En todo caso la considero falsa y, por el contrario, me parece que existe un amplio espacio transversal en el electorado nacional que vería con alivio semejante grado de madurez por parte de los partidos mayoritarios. Como hubiera aprobado sin duda un pacto de gobierno entre Ciudadanos y el PSOE cuando entre ambas fuerzas disponían de la mayoría absoluta en el Congreso. ¡Qué tremendo error entonces el de Albert Rivera, justamente sepultado en el polvo de la nada posteriormente!

El Gobierno de coalición minoritario de Sánchez y Sumar obtuvo, con concesiones tan dolorosas para la dignidad nacional como la amnistía de los condenados o fugados del "procés", el apoyo a la investidura presidencial en noviembre de 2023, pero ha sido incapaz de lograr la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y, en general, de llevar a cabo una auténtica labor gubernamental, con sonoros fracasos en el Congreso y el reiterado abuso de la figura del decreto-ley. Teniendo en cuenta que el PP cuenta con la mayoría absoluta de los escaños del Senado, la debilidad gubernamental en las Cortes ha conllevado un desplazamiento de la alta política fuera de la sede parlamentaria, reservada únicamente para los crudos rifirrafes típicos de las sesiones de control. La degradación de nuestra forma de gobierno parlamentaria ha llegado a tal extremo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez justifica el no envío del proyecto presupuestario a la Cámara Baja en que, vista su exigua mayoría, supondría "perder el tiempo". Esta afirmación de la Portavoz Pilar Alegría, subrayada por el Ministro Félix Bolaños, evidencia la mayor desvergüenza política, al aceptar con todo descaro incumplir una obligación constitucional.

Prescribe, en efecto, nuestra Constitución que "el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior" (art. 134.3 CE), o sea, a más tardar el 1 de octubre. Cierto es que si la Ley de Presupuestos no se aprueba antes del 1 de enero, "se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos" (art. 134.4), pero eso de ninguna manera relativiza la fuerza vinculante de la obligación constitucional, ni siquiera cuando, como observa la desfachatada Portavoz, los Presupuestos prorrogados son los aprobados a instancias de "este mismo Gobierno, no son ajenos". Entérese, Sra. Alegría: la prórroga automática es una exigencia del principio de legalidad presupuestaria del gasto público, no la excusa para que se mantenga en funciones sine die un Gabinete carente de soporte parlamentario. Cuando un Gobierno pierde la votación presupuestaria, debe dimitir o disolver las Cámaras, como hizo Sánchez en 2019. No vale permanecer en estado ectoplásmico hasta enero de 2026 simplemente porque a ERC no le convenga "mojarse" ahora, dada su dura competencia con Junts.

En suma, basta de confusionismo y de fraude constitucional. La situación del Gobierno es ya insostenible. Y lo es además en un momento particularmente crítico de la política internacional, con la guerra de Ucrania, la necesidad de aumentar el gasto en defensa y el conflicto arancelario desatado por Trump. Tiene que haber de inmediato o un nuevo proceso electoral o un fuerte Gobierno de coalición. La presente debilidad gubernamental comienza a resultar peligrosa para nuestro país. n

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