Esclarecer el siniestro de Degaña, una obligación caiga quien caiga

Los peores demonios de los tiempos del carbón acaban de resurgir inesperadamente en Asturias y León con la tragedia de la mina de Cerredo, en Degaña. Ha sido una semana de inmenso dolor por la pérdida de cinco vidas, pero en el llanto junto a los destrozados padres, esposas, hijos y amigos de las víctimas tiene que abrirse paso el esclarecimiento del siniestro y la rendición de cuentas.  

Fue un 31 de agosto de 1995, poco después de las tres de la madrugada. A 400 metros de profundidad, una explosión causada por una fuga de grisú entre las galerías cuarta y quinta, se llevó por delante a 14 trabajadores del pozo Nicolasa, en Mieres. Nada volvió a ser igual. Los medidores de gas, los equipos para respirar en condiciones adversas, estrictas normas para ventilar las galerías y muchas cosas más pasaron a formar parte habitual del paisaje de un trabajo penoso que aún se prolongaría 29 años. Hasta que con la clausura precisamente de esta explotación, porque ninguna era ya rentable y habían recibido millonarias ayudas para su cierre, se puso fin a una etapa fundamental de la economía asturiana.

El siniestro del lunes en Cerredo ha supuesto una brutal sacudida no solo por el impacto emocional de las cinco vidas segadas de cuajo y las desgarradoras historias personales tras ellas, sino porque supone retotraerse por un oscuro túnel hasta una época que la mayoría de los asturianos daban por superada. Llama la atención un accidente de esta magnitud en una explotación cerrada, de la que no puede extraerse carbón, y sorprende aún más que, conforme avanzan las investigaciones y afloran testimonios, empresarios del sector, políticos y vecinos expresen dudas sobre las labores que en realidad allí se acometían. Como si todo el mundo lo supiera y nadie hubiera intentado impedirlo. 

Un suceso en el mismo lugar tres años antes, en el que murió un trabajador y otro perdió una pierna, acrecienta las preocupaciones. A raíz de aquel episodio, como contó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA, los informes de los inspectores corroboraron anomalías de funcionamiento y un juez determinó la extracción fraudulenta de mineral. No es momento de dar pábulo a especulaciones. Sí de aclarar de inmediato qué se hacía ahora realmente y en qué condiciones, cómo a pesar de este precedente los mismos empresarios lograron un permiso de la Consejería de Industria de Asturias para reabrir el yacimiento y quién vigiló que cumplían las condiciones establecidas para otorgárselo.

Esta no es una escaramuza del juego de tronos de la política, por respeto a las víctimas y a sus familias que la verdad salga a la luz

Injusto resultaría que la onda expansiva de esta catástrofe colocara en la picota la actividad minera. Ciertamente, parece mentira que, con los medios y normativa vigente, estas convulsiones de la época más dura y precaria de la minería sigan produciéndose en pleno siglo XXI. Pero labores extractivas se realizan en muchas partes, y por supuesto dentro de la legalidad. Cada situación tiene su particularidad, aunque la concatenación de desgracias laborales de los últimos meses en diversos frentes merece una serena y objetiva reflexión. Sin bajar la guardia.

El origen del accidente de Nicolasa nunca llegó a aclararse. Tres informes oficiales distintos, ninguno concluyente, apuntaron a un electroventilador, un minador y un cartucho de dinamita como desencadenante de la chispa que activó el gas e hizo saltar la capa octava por los aires. Ha transcurrido tiempo de sobra, y acrecentado los profesionales experiencia suficiente en el manejo del grisú y las condiciones de seguridad, como para que aquí nadie sepulte la causa. 

Esta no es una escaramuza del juego de tronos de la política. El Principado tiene el deber de llegar hasta el fondo y depurar responsabilidades. Caiga quien caiga. Por respeto a la memoria de Ibán Radío, 54 años; Rubén Souto, 49 años; Amadeo Bernabé, 48 años; Jorge Carrio, 33 años; David Álvarez, 33 años, y sus familias, que la verdad salga a la luz.