Aranceles, guerras, deportaciones...
Chequeo a las medidas de Donald Trump: qué anuncios del presidente de EEUU se van cumpliendo y cuáles no
El presidente de EEUU ha iniciado su mandato con una proliferación de decretos y medidas expeditivas que han generado caos y confusión. Conviene detenerse a examinarlas. ¿Cómo avanzan las principales medidas anunciadas por el republicano?

Donald Trump

Donald Trump ha iniciado su segundo mandato gobernando a golpe de decreto. En poco más de dos meses ha firmado más de 150 órdenes ejecutivas, memorandos y proclamaciones. Un torbellino de medidas expeditivas que está cambiando Estados Unidos y el mundo a marchas forzadas. En casa, impulsa un giro autoritario mientras trata de transformar la economía con políticas proteccionistas y de cumplir con sus promesas para la expulsión masiva de migrantes indocumentados. Fuera de sus fronteras, ambiciona territorios, doblega voluntades a golpe de amenazas, desprecia las alianzas tradicionales de EEUU e insiste en socavar las reglas del orden internacional.
El ruido es tan intenso que merece la pena detenerse a examinar cómo avanzan las grandes medidas impulsadas por el republicano hasta la fecha, muchas de ellas, promesas de campaña reiteradas hasta la saciedad.
Esas medidas aparecen aquí evaluadas con los colores del semáforo, que reflejan el grado de progreso alcanzado hasta ahora.
Trump prometió acabar con la guerra de Ucrania en 24 horas, una bravuconada que, como era de esperar, no se ha cumplido. Lo que sí ha logrado es abrir la vía diplomática, con dos canales de negociación separados con Rusia y Ucrania. Como primer paso, la Casa Blanca ha tratado de impulsar un alto el fuego parcial de 30 días, pero se ha topado con la inflexibilidad del Kremlin.
Vladímir Putin dio largas a su primera oferta para una tregua en todos los frentes e impuso una larga lista de condiciones a la oferta posterior para el cese de los combates navales en el mar Negro. Un jarro de agua fría para Trump, que el pasado fin de semana dijo estar "muy enfadado" con el presidente ruso. No es para menos: el republicano se ha alineado con las posturas rusas en la negociación y, de momento, no ha obtenido nada a cambio.
Su supuesta genialidad como negociador ha quedado también en evidencia en Oriente Próximo. Trump fue determinante para que Israel y Hamás aceptaran un alto el fuego el pasado enero, un acuerdo en tres fases que debía conducir al final de la guerra. Pero sus propios negociadores no tardaron en traicionar el pacto para darle a Israel la oportunidad de continuar con su asalto genocida sobre la Franja, como quería Binyamín Netanyahu. Esencialmente, cambiaron lo acordado.
En lugar de negociar la liberación de los rehenes restantes a cambio de la completa retirada israelí de Gaza, como contemplaba la segunda fase del acuerdo, propusieron extender indefinidamente la tregua para obligar a Hamás a liberar a los rehenes sin recibir a cambio el final de la contienda. Cuando la milicia palestina rechazó la imposición, Israel reanudó sus bombardeos el pasado 18 de marzo.
México y Canadá son los mayores socios comerciales de EEUU y los primeros objetivos de sus políticas proteccionistas, con las que quiere reducir los déficits comerciales e incentivar la reindustrialización del país. Los pasos en falso, sin embargo, han sido la norma. El 1 de febrero Trump impuso aranceles del 25% todas las importaciones desde México y Canadá, pero los suspendió solo dos días después. Tras un mes de moratoria, entraron en vigor el 4 de marzo, pero de nuevo dos días después, suspendió hasta el 2 de abril los gravámenes sobre los bienes incluidos en el tratado de libre comercio entre las tres naciones. Nada de eso ha impedido que Canadá respondiera con sus propios aranceles. México, por el momento, se reserva el tiro.
Trump ha sido inicialmente menos agresivo con China que con sus vecinos y aliados norteamericanos. Inicialmente, impuso aranceles del 10% a todas las importaciones desde el país asiático como castigo por el tráfico de fentanilo, del que responsabiliza a Pekín. El 4 de marzo aumentaron hasta el 20%. China ha respondido con contramedidas, centradas en la industria agropecuaria estadounidense.
Los economistas están preocupados: temen que las guerras comerciales del republicano relancen la inflación y frenen el crecimiento. Solo un 38% de los estadounidenses comulga con su política comercial, según una encuesta reciente de Associated Press.
El 12 de marzo la Casa Blanca gravó con un impuesto del 25% las importaciones de acero y aluminio de cualquier procedencia, incluida la Unión Europea, dos sectores que ya protegió durante su primer mandato. Días después hizo lo propio con los vehículos importados, aunque estos aranceles no entrarán en vigor hasta el 2 de abril.
Ambas medidas tendrán un impacto directo sobre la industria europea. El 16% del acero de la UE se vende en el mercado norteamericano, también importante para Volkswagen, Volvo, Mercedes, BMW o Stellantis, que prevén caídas significativas en sus beneficios.
Trump ha bautizado el próximo 2 de abril como "el día de la liberación", cuando se espera que anuncie "aranceles recíprocos" para muchos países del mundo. En realidad no se trata de una reciprocidad al uso. Según reclamó el presidente a sus asesores, no solo deberán tener en cuenta las barreras arancelarias que enfrentan los productos estadounidenses en otros países, sino también otras cargas, como los requisitos regulatorios o el impuesto sobre el valor añadido.
"Durante décadas todas las naciones del mundo, tanto amigas como enemigas, nos han estafado y maltratado. Es hora de que los buenos y viejos EEUU recuperen parte de ese dinero y respeto", escribió Trump la semana pasada.
A mediados de marzo Trump amenazó con imponer aranceles del 200% a los vinos y licores europeos en respuesta a los gravámenes del 50% impuestos por la Unión Europea al whiskey estadounidense, una medida que llegó en represalia a los aranceles contra el acero y el aluminio europeos. La amenaza no se ha materializado de momento, pero la preocupación es máxima en el sector. El 20% de las exportaciones de vinos europeos acaba en el mercado estadounidense.
Como parte de su campaña de presión contra el régimen bolivariano, la Administración Trump ha amenazado con imponer aranceles del 25% a los países que compren petróleo venezolano. En paralelo ha notificado a Repsol y otras compañías internacionales asociadas con PDVSA la cancelación de sus permisos para exportar crudo y derivados desde el país latinoamericano. En 2024 Repsol produjo una media de 67 millones de barriles al día en Venezuela, donde cuenta con una exposición patrimonial de 504 millones de euros.
Las promesas para deportar a "millones de migrantes ilegales" fueron una de las piedras angulares de la campaña del republicano, que ha recurrido a una controvertida ley de 1798 para deportar sin garantías procesales a ciudadanos de "naciones enemigas". De momento, sin embargo, esos planes avanzan con notable lentitud. Durante su primer mes en el cargo deportó a 37.600 personas, según el Departamento de Seguridad Interna, bastantes menos que los 57.000 que Biden deportó de media mensualmente en su último año de mandato.
Esa ralentización se explica en parte por el desplome de las aprehensiones en la frontera, que han caído al nivel más bajo de los últimos 25 años por el efecto disuasorio de las políticas del magnate. En paralelo, se ha doblado el número de migrantes detenidos en centros de internamiento. La Casa Blanca insiste en que está priorizando la deportación de migrantes con un historial delictivo, pero las organizaciones de derechos humanos denuncian que algunos no tenían antecedentes.
Centenares de personas han sido enviadas a Guantánamo o a las prisiones de Naguib Bukele en El Salvador, ignorando la orden de un juez que prohibió esas deportaciones. También se está arrestando a estudiantes y profesores que se han significado contra el "genocidio en Gaza". Los tribunales han impugnado algunas de esas medidas.
Trump se comprometió a ser un hombre de paz, reacio a las intervenciones en el extranjero. Pero ignorando sus propias promesas, en este segundo mandato ha puesto sobre la mesa una agenda imperialista, sustentada en sus ambiciones para apropiarse de Gaza, Groenlandia y el Canal de Panamá. También coquetea con la anexión de Canadá, un horizonte todavía más improbable.
En Gaza trabaja mano a mano con Israel para tratar de deportar a la población palestina del enclave como primer paso para 'heredarlo'; a Groenlandia sigue enviando a altos cargos de la Administración con el fin de desestabilizar a la isla danesa y tratar de encontrar aliados para sus planes; y respecto a Panamá, pidió hace unas semanas al Pentágono que prepare "opciones" para incrementar la presencia de tropas estadounidenses en la región con el fin de "reclamar" eventualmente el Canal, según NBC News.
Las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) se han convertido en una de las bestias negras de la Administración Trump. Esas políticas servían para promover la igualdad, proteger a las minorías o garantizar el cumplimiento de las leyes que velan por los derechos civiles, pero la Casa Blanca sostiene que son discriminatorias y promueven la cultura 'woke' en detrimento del mérito.
Para acabar con estas políticas, Trump ha ordenado desmantelar todos los programas DEI en el seno del Gobierno y despedir a los funcionarios que trabajaban en ellos. También se están purgando centenares de términos de los documentos oficiales y webs gubernamentales supuestamente asociados con DEI. Se han rescindido las políticas de acción afirmativa y se amenaza con dejar sin fondos públicos a colegios y empresas que mantengan estos programas. Numerosas empresas privadas han optado por plegarse a los dictados del Ejecutivo.
El recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk sin supervisión alguna del Congreso, se está encargando de reducir el tamaño de la Administración Pública, como prometió Trump durante la campaña para "obliterar totalmente al Estado profundo" y reducir los costes de la burocracia. La consecuencia es un desguace expeditivo, saldado hasta la fecha con el despido de 124.100 funcionarios, según el recuento de 'The New York Times', y el desmantelamiento de la Agencia Internacional de EEUU para el Desarrollo (USAID) o la Voz de América. De la cifra mencionada, 75.000 se habrían acogido a las bajas incentivadas ofrecidas por la Administración, que ha congelado también las contrataciones.
En paralelo, se han planeado 171.000 despidos adicionales, lo que en términos agregados representaría entre el 10% y el 12% de los 2.3 millones de empleados públicos. Por agencias y departamentos, estos son los más afectados: USAID (99% de su plantilla despedida); Educación (46%), Sanidad y Servicios Humanos (16%), Energía (13%), Hacienda (13%), Agencia de Protección Financiera al Consumidor (12%). Muchos de los despidos han sido impugnados en los tribunales.
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