Las ayudas envenenadas del Gobierno de España

La reciente resolución de la secretaría general de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA), que obliga a los Ayuntamientos a imponer sanciones por el acceso indebido a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) como condición para acceder a ayudas destinadas para, por ejemplo, reducir el precio del transporte público urbano, desata un intenso debate sobre la intervención estatal en la autonomía municipal. Además, cuestiona las verdaderas motivaciones detrás de estas medidas de "movilidad sostenible" y desmonta la creencia generalizada de que estas imposiciones provienen de la Unión Europea.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, no contemplaba estas condiciones. De hecho, la gran mayoría de los municipios han demostrado su capacidad para justificar y ejecutar los fondos europeos mediante la aprobación de ordenanzas de ZBE con disposiciones transitorias que les permiten adaptarse a su propio ritmo y necesidades locales. En Gijón, por ejemplo, la instalación de equipos de control y la aprobación de un proyecto técnico fueron suficientes para cumplir con los requisitos europeos, manteniendo el compromiso electoral que compartimos las principales fuerzas políticas de la ciudad. Este compromiso vinculaba la implantación de la ZBE de la Calzada con el desarrollo del vial de Jove o, al menos, con una alternativa para el tráfico pesado hacia El Musel.

Sin embargo, la insistencia del MITMA en adelantar las sanciones coloca a muchas corporaciones municipales en una posición incómoda y las enfrenta a sus propios vecinos. Esto plantea preguntas fundamentales: ¿responden estas decisiones a una verdadera preocupación medioambiental o están motivadas por intereses políticos? ¿Es casualidad que, tras los cambios de gobierno ocurridos en muchos municipios en 2023, ahora se insista en esta presión sancionadora, mientras la narrativa de "Europa nos obliga" pierde fuerza al demostrarse que los fondos europeos se justificaron exitosamente sin necesidad de imponer multas?

Más allá de estas implicaciones políticas, que podrían ser fruto de coincidencias y no de estrategias deliberadas, vincular medidas positivas, como las ayudas al transporte público, con acciones punitivas, como la imposición de sanciones a quienes no pueden cambiar de vehículo, genera un riesgo significativo. Es posible que algunos municipios opten por rechazar estas ayudas para evitar tensiones con sus ciudadanos, lo que, en consecuencia, podría derivar en un aumento de las tarifas del transporte público y un menor uso de este. En lugar de fomentar un cambio sostenible, este enfoque podría ocasionar el efecto contrario: reducir la accesibilidad al transporte público y ralentizar la implementación de las ZBE, desvirtuando sus objetivos originales de sostenibilidad y equidad.

El caso de Gijón ilustra con claridad esta desconexión entre las decisiones estatales y las realidades locales. La contaminación en la zona oeste de la ciudad, agravada por el tránsito diario de más de 1.000 vehículos pesados por la avenida Príncipe de Asturias, requiere soluciones estructurales. No obstante, el MITMA parece centrarse en sancionar a los vehículos particulares, afectando principalmente a los vecinos que ya sufren el impacto del tráfico y la contaminación. Este enfoque no solo es insensible, sino también ineficaz y demuestra un desconocimiento alarmante de los problemas reales de la ciudad.

Es tal la desconexión del Gobierno de España con lo que pasa en Gijón que resulta llamativo que no hayan tenido en cuenta un documento electoral aprobado el 20 de abril de 2023 por sus compañeros del PSOE, IU y Podemos en Gijón, que establecía que las posibles restricciones de circulación en la ZBE se vincularían a la ejecución de las obras del vial de Jove, y que la ZBE no estaría lista hasta 2027.

En fin, o el MITMA modifica sus resoluciones o con este escenario que ha planteado no creo en muchas ciudades sus gobiernos se envenenen con estas ayudas.

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