"No se va a multar", reitera el Ayuntamiento sobre la zona de bajas emisiones

El Ayuntamiento está poniendo "todos los esfuerzos", apuntan fuentes municipales, para que el Ministerio de Transportes modifique el punto de la normativa de las nuevas ayudas estatales para rebajar el precio del transporte público relativo a las zonas de bajas emisiones (ZBE). Los requisitos para las entidades locales con obligación legal de contar con una ZBE contemplan que estas áreas estén "ya implantadas de manera efectiva" o con el "compromiso" de 2025. Y, según las bases, eso implica tener "un régimen sancionador activo", circunstancia que Gijón no cumple. Fuentes del gobierno local insisten en que "tenemos claro que no se va a multar". De hecho, la intención es convencer a Transportes para que el régimen sancionador se retrase hasta 2028, decisión vinculada al impulso del proyecto de los accesos al Puerto tras no fructificar el vial de Jove.

Las actuales indicaciones de Transportes, que el Ayuntamiento busca que varíen, marcan que a partir de julio los descuentos estatales no llegarían a Emtusa si no hay multas en la ZBE de La Calzada. Las tarifas de Emtusa disponen de una rebaja del 50 %, un 30 financiado por el Gobierno de España y un 20 por el Ayuntamiento, si bien, desde julio, el descuento cae al 40 %, financiado a medias por ambas Administraciones. El embrollo comenzó en enero, cuando –aún sin conocerse las nuevas exigencias– se aprobó en un segundo intento el decreto "ómnibus". Su decaimiento en una primera votación en el Congreso había dejado inactivos por unos días los descuentos estatales. Fuentes municipales aseguran que se barajan "todos los escenarios" en cuanto a la asunción de esa financiación si la situación lo requiere.