La justicia avala las obras en la vivienda de la pareja de Ayuso: "Consta declaración responsable"

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 14 de Madrid ha fallado a favor de Alberto González Amador en el litigio contencioso que mantenía con el Ayuntamiento de Madrid en relación con las obras realizadas en el piso en el que convive con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Acoge el argumento de que los trabajos estaban sometidos al régimen de declaración responsable, y no era necesario pedir licencia.

La resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, señala expresamente que "en contra de lo que sostiene el Ayuntamiento de Madrid", sí está permitido modificar una declaración responsable como la que el empresario presentó el 14 de octubre de 2022 y que "englobaba la totalidad de las obras a realizar" --de demolición interior y posterior acondicionamiento-- y que acompañó de la documentación necesaria. "A pesar de haber sido objeto de comprobación por la Administración, ningún pronunciamiento ha recaído sobre esta segunda declaración responsable", agrega la sentencia, que es firme porque no ha sido recurrida por el consistorio.

La resolución añade que, pese a que el Ayuntamiento entendía que no podía llevarse a cabo la ampliación en el marco de un expediente de declaración responsable, las nuevas obras fueron comunicadas por el empresario y se emitió un nuevo informe técnico municipal en octubre de 2022 que no se menciona en la resolución en la que se abría el expediente sancionador.

La resolución ahora anulada, con fecha de mayo del pasado año, le daba al empresario un plazo de dos meses para que solicitar la oportuna licencia, que afectaba a la redistribución de piezas, renovación de acabados e instalaciones de electricidad, fontanería, saneamiento y climatización, además de obras exteriores de carpintería e instalación de toldos.

Se le advertía de que en caso de incumplimiento se procedería a la demolición de los trabajos según la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid. La administración presidida por José Luis Martínez Almeida ha sido condenada al pago de las costas del procedimiento.