Vox mide al PP y pide prohibir por ley las ayudas a no europeos

El relato de Vox contra la inmigración, los menores no acompañados, la Agenda 2030, el uso del valenciano en la administración, la memoria democrática o la regulación en materia ambiental va camino de erigirse en una nueva prueba para el PP, con riesgo de convertir parte de su ideario en ley. Los voxistas han desplegado en las enmiendas a la ley de Acompañamiento a los Presupuestos buena parte de su agenda con enmiendas en materias sensibles que terminarán haciéndose norma si el PP le da su apoyo.

De entre las 49 modificaciones planteadas por Vox está la petición de una modificación de la ley de Hacienda para, a efectos prácticos, restringir la recepción de ayudas de la Generalitat Valenciana para las personas migrantes no comunitarias. En concreto, la enmienda añade un nuevo apartado a las condiciones para la convocar subvenciones con fondos exclusivamente autonómicos. En este, Vox reclama que se establezca como "requisito" cumplir con tres condicionantes que se ponen para el optar a un empleo público del Estado: tener nacionalidad española, la de un país de la Unión Europea o estar casado con alguien de esta nacionalidad.

Así, en caso de que los 'populares' dieran su visto bueno a esta enmienda (y que no hubiera ningún impedimento legal para aplicarla), quedarían fuera de las ayudas con fondos exclusivos de la Generalitat (como la Renta Valenciana de Inclusión o las becas de comedor) aquellas personas migrantes que pese a estar en una situación administrativa regularizada (con permiso de residencia válido) no tuvieran la nacionalidad española o alguna de la Unión Europea.

Esta petición se encontraba dentro de las exigencias que los voxistas le habían trasladado a Carlos Mazón para dar su visto bueno al Proyecto de Presupuestos para 2025. Si bien, en este caso, las consecuencias pasarían del apartado de la retórica (como el posicionamiento contra el Pacto Verde Europeo) o bien económica, con el anuncio de recortes y ajustes de partidas hacia un lado u otro, a tener unas consecuencias legales. Esta, no obstante, no es el único cambio normativo, ni la única vinculada con la inmigración.

Vox también reclama añadir tres apartados a la ley valenciana de la infancia centrada en una de las dianas de la formación en su discurso: los menores de edad no acompañados. Así, reclama establecer un "protocolo general para determinar fielmente la edad" de estos "con el mínimo margen de error posible", destinar en los presupuestos una "partida específica" para ello y reclamar al Estado que lleve a cabo "las actuaciones legamente establecidas en materia de reagrupacion familiar en su país de origen", esto es, reclamar su deportación.

Dentro de las áreas señaladas por los voxistas en su pacto con el PP está la eliminación de todas las menciones a la Agenda 2030 y la ONU en la ley valenciana de Cooperación, la derogación del Consejo Valenciano de Cooperación Internacional o quitar cualquier exención de tasas portuarias a barcos que realizan labores humanitarias. También cambian la ley de Concordia para blindar algunas cruces levantadas durante la dictadura para que sean consideradas "símbolo de memoria colectiva".

Postulados similares en valenciano

Cuenta con un apartado propio la ofensiva contra el valenciano en la Función Pública de la Generalitat. La diferencia en este caso es que las enmiendas las capitanea Vox, con siete iniciativas para reducir o directamente eliminar su presencia en la administración, pero también se suma el PP, con otras dos, quien además añade otros cambios en la norma que regula la gestión de los funcionarios, pero sin intersección con la lengua.

Así, los voxistas presionan a los de Carlos Mazón por la supresión del requisito ligüístico en los procesos selectivos, en el que hasta ahora se recogía la obligación de que la persona aspirante “acredite la competencia lingüística en los conocimientos de valenciano que se determine reglamentariamente” y que de salir este punto, desaparecería. El PP también presenta enmienda a este apartado en concreto, si bien no pide su eliminación total como Vox sino que el requisito lingüístico deje de ser una norma para ser una opción. La similitud entre ambos postulados evidencia que populares y voxistas se mueven en posiciones cercanas en este sentido.

Los populares siguen la misma estrategia con las relaciones de puestos de trabajo (RPT), en las que defiende una modificación para que el valenciano sea exigido sólo si así lo determina cada convocatoria y no por regla general, como estaba fijado hasta ahora. Ahora se establece que haya un reglamento para ver qué puestos necesitan valenciano y cuáles no, y qué nivel de valenciano necesitan, mientras que de prosperar este cambio sólo se pedirá algún nivel de valenciano si la RPT, cuyas modificaciones son sencillas, así lo indica.

Vox extiende su cruzada contra el valenciano a las pruebas de aptitud de las oposiciones, donde reclama diluir el peso del valenciano y rebajarlo a opcional. Hasta ahora la ley marca que estas pruebas incluyan “la comprobación de los conocimientos de valenciano y de otros idiomas” y los voxistas quieren rebajarlo a “los conocimientos de idiomas” en general y sólo “cuando sea necesario”. En cuanto a los concursos para la movilidad voluntaria de los funcionarios, Vox pide al PP eliminar la competencia lingüística en valenciano como requisito para que este mérito pase a “poder valorarse especialmente por su relación directa con las funciones y tareas a desempeñar en el puesto de trabajo convocado”.

Cambios ley trans

Asimismo, en materia de igualdad, el PP plantea cambios en la ley trans autonómica. Abogan por obligar a los menores a contar con una autorización de sus padres para su «toma de decisiones», a pasar por un «examen de profesionales pediátricos» para tratamientos médicos o, en el caso de «tratamientos farmacológicos», a «recibir apoyo de profesionales de salud mental». Compromís denuncia que es un «recorte sin precedentes» a los derechos trans y que vuelve a «estigmatizar» al colectivo.

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