La jueza imputa a la pareja de Ayuso por corrupción en los negocios y administración desleal y le cita el 10 de abril

La jueza Inmaculada Iglesias ha citado a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, el próximo 10 de abril, en calidad de investigado por delitos de corrupción entre particulares y administración desleal en la pieza separada que trata de esclarecer si utilizó una sociedad interpuesta para ocultar ingresos procedentes de Quirón. Así lo señala el auto de citación adelantado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso este periódico, y que tiene fecha del pasado lunes, 17 de marzo. En la misma resolución, la jueza acepta la personación también en esta parte de las pesquisas del PSOE y Más Madrid.

Fuentes fiscales recuerdan por su parte que el empresario solicitó ir a declarar voluntariamente por estas nuevas acusaciones tras el aval obtenido por parte de la Audiencia Provincial de Madrid a esta pieza separada, y se informó favorablemente a esta petición este mismo martes. La postura del Ministerio Público, no obstante, se notificó a la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid cuando la magistrada ya había adoptado la decisión de fijar una fecha para la declaración del empresario, según las mismas fuentes.

Por otra parte, la jueza Iglesias se pronunciará próximamente sobre la declaración como testigo en la pieza principal que se abrió por un delito de fraude fiscal, al fiscalista Javier Gómez Fidalgo, que fue quien representó a la compañía ante Hacienda. El abogado, cuya citación fue solicitada por la Fiscalía de Madrid, fue el autor de las autoliquidaciones del Impuesto de Sociedades de la mercantil de los ejercicios 20210 y 2021, tras ser adquirida por González Amador. Menor probabilidad de producirse, según las fuentes consultadas, tiene la reclamación del testimonio de Blanca López, la experta que asesoraba a Maxwell Cremona, la sociedad del novio del Ayuso investigada por fraude a Hacienda. Ambas solicitudes se resolverán previsiblemente después de que sean escuchados este viernes los dos peritos de Hacienda que realizaron el informe que determinó la primera denuncia contra González Amador.

Una empresa pantalla

La investigación a González Amador por presunta corrupción en los negocios se centra en Masterman & Whitaker Medical Supplie And Health Process Engineering S.L., una empresa pantalla según la Fiscalía que éste compró en diciembre de 2020 a la mujer del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, cuando todavía se llamaba  Círculo Belleza. Se trataba de una dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética que fue adquirida por 499.836,92 euros y que, según la inspección Tributaria, no tenía inmuebles o empleados -- su activo material se limitaba a un ordenador portátil y tres aparatos de depilación y remodelación corporal-- y el empresario cambió su nombre por el de Masterman.

Según las sospechas de la Fiscalía,  la pareja de Díaz Ayuso habría utilizado Masterman como "sociedad pantalla" para tratar de eludir sus obligaciones con Hacienda, que es precisamente la conducta que dio origen a la causa abierta contra el empresario hace ahora un año por parte de la jueza de instrucción de Madrid Inmaculada Iglesias. Pero además, el Ministerio Público apunta que esta sociedad pudo servirle al empresario para ocultar ingresos procedentes de Quirón y el presunto pago de comisiones encubiertas, que es lo se investiga en la pieza separada como posible delito de corrupción en los negocios y administración desleal. Para la defensa del empresario, si la acusación pretende sostener que los beneficios no declarados al fisco tuvieron un origen ilícito se anularía la causa por fraude, pues no serían cantidades por las que debiera pagar impuestos.

La Fiscalía de Madrid apuntaba además en un reciente informe a "lo que parece ser el pago de una comisión encubierta de medio millón de euros" por parte del empresario a la mujer del presidente de Quirón Prevención por Círculo Belleza, una empresa sin aparente valor comercial, lo que podría constituir un delito de corrupción en los negocios.