El Gobierno aplaude el nuevo pacto migratorio con Junts pero ve "muy difícil" aprobar Presupuestos

“Estamos en racha”, explican fuentes de la Moncloa sobre su nuevo marco de relaciones con Junts, que ha provocado que el Gobierno apruebe este martes el decreto que permitirá el reparto entre comunidades de los menores migrantes no acompañados. El acuerdo, continúan los mismos interlocutores, se terminó de cerrar el lunes por la noche. Se plasmará dentro de 30 días en una votación en el Congreso donde en principio todo el bloque de investidura permanecerá unido, en un nuevo síntoma de la resistencia del Ejecutivo que, sin embargo, no alcanza al proyecto más importante de todos. La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado se considera “muy difícil”. No solo por Junts. También por otros aliados como ERC y Podemos.  

Si los números que ha transmitido el partido de Carlos Puigdemont son ciertos, la reforma legal implicará que a corto plazo Catalunya, que ahora mismo tiene a muchos más menores extranjeros acogidos que otras comunidades, reciba entre 20 y 30 miembros de este colectivo, frente a 700 de Madrid. El Gobierno ha evitado respaldar a pies juntillas estas cifras, que tendrán que confirmarse en lo que queda de mes, cuando los territorios acrediten el número de menores migrantes no acompañados que albergan en la actualidad. Después, a la hora de establecer el reparto, se tendrán en cuenta variables como la población, la renta per capita y la tasa de paro en cada comunidad. 

El Gobierno aprueba el decreto pactado con Junts para el reparto de menores migrantes desde Canarias

Pero el Ejecutivo sí ha dado por buena la estimación sobre Catalunya de la formación independentista, que hace apenas dos semanas selló otro acuerdo con los socialistas para delegar las competencias de migración a la Generalitat. “Entiendo que Junts tendrá bien los números de su comunidad autónoma”, ha señalado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha evitado entrar en los números para Madrid.

Frente a la tesis de presidentes autonómicos del PP como el andaluz Juanma Moreno, que ha tachado el decreto de reforma de la ley de extranjería de “enésima cesión a Junts”, Torres ha argumentado que rebelarse ante el reparto de menores inmigrantes no acompañados sí supone “romper el país”. Andalucía, ha recordado el ministro, albergaba en 2018 al 50% de los integrantes de este colectivo, y entonces el PP exigía “soluciones” al Gobierno central. Ahora la presión se ha trasladado a Canarias y Ceuta, territorios ambos gobernados por los conservadores, donde los centros habilitados de acogida se encuentran al límite. 

La delegación de competencias

El nuevo pacto con Junts supone una muestra más del nuevo clima que la Moncloa intenta construir con el partido de Puigdemont, después de que socialistas y posconvergentes registraran de la mano en el Congreso una proposición de ley para delegar a la Generalitat las competencias en migración. “Se han portado como señores”, explican fuentes de la Moncloa sobre la actitud de los posconvergentes. 

Ambas modificaciones normativas iban de la mano en la negociación. Tras su entendimiento con Junts para conceder a Catalunya estas atribuciones, que incluyen la capacidad del Govern para emitir permisos de residencia, llevar a cabo devoluciones de migraciones y colocar a los Mossos d’Esquadra en las fronteras junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil, el Ejecutivo ya anticipó que la distribución de menores extranjeros iba a llegar “pronto”. 

El PP rechaza acoger más menores migrantes por un “reparto partidista” pero asegura que “cumplirá la ley”

El Gobierno cuenta con una mayoría parlamentaria para reformar la ley de extranjería, cuya reforma se frustró en verano debido al rechazo del PP, Vox y Junts, pero de momento carece de los votos para delegar las competencias migratorias a Catalunya. Los grupos de izquierda son muy críticos con la iniciativa, así que en la Moncloa evitan dar por hecho que vaya a salir adelante durante una tramitación que se prolongará al menos durante meses.  

Y mucho más complicada se presenta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para este año. Los colaboradores de Pedro Sánchez evitan tirar la toalla, pero cada vez más su discurso se dirige en esa dirección. “La voluntad del Gobierno es tener unos nuevos Presupuestos. Vamos a seguir dialogando. Pero no depende solo del Gobierno y somos muy conscientes de la complejidad parlamentaria”, se ha limitado a señalar la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, cuando le han preguntado por las cuentas públicas de 2025. En cualquier caso, salgan o no adelante, la Moncloa defiende que se puede gobernar “perfectamente” sin Presupuestos durante toda la legislatura, que si no hay adelanto culminará a finales de 2027.