PP y Vox atacan a Marlaska por la delegación de la inmigración a Catalunya y el ministro insiste: "No hay cesión del control de fronteras"

Por el tono y la temperatura, lo que este miércoles ha escuchado en el Congreso Fernando Grande-Marlaska sería parecido a una admonición bíblica, convertido el ministro del Interior en el dique contra el que rompe furiosa la derecha por el acuerdo PSOE/Junts sobre delegación de competencias de inmigración en Catalunya.

Causa: "Pactar con los que quieren destuir el Estado. Pactar el control de las fronteras con quien se quiere cargar las fronteras". Resultado: "Pone en riesgo la seguridad del Estado, las fronteras, la unidad de acción, la cooperación internacional..." Son palabras del diputado popular Carlos Rojas, que en esta jornada ha representado el papel de ariete principal contra "un gobierno al que le quedan unos meses nada más", ha dicho.

En su interpelación parlamentaria al titular de Interior, al final de la mañana, han convergido los reproches que al comienzo de la sesión le han llovido a Marlaska desde las bancadas del PP y Vox, cuando la popular Ana Vázquez le ha espetado: "Es usted un cobarde", y el voxista Ignacio Gil Lázaro le ha acusado de ser el ejecutor de "un pacto miserable".

El ministro ha tratado de esquivar las acusaciones negando la mayor, en el mismo sentido en que viene haciéndolo esta semana. Ha asegurado que "no es ninguna cesión, ninguna transferencia de competencias del Estado" el acuerdo entre los socialistas y la formación de Carles Puigdemont del que sale la proposición de ley para delegar a la Generalitat competencias en materia de inmigración. Esta proposición de ley orgánica "no es una cesión, ni un pago, ni mucho menos una claudicación, ni un atentado contra la seguridad del país ni contra la unidad de la nación", ha dicho Marlaska, acusando a la oposición de "falta de rigor".

Ya había dicho al comienzo que "no hay cesión del control de fronteras ni cesión del control de los flujos de inmigración irregulares", y subrayando: "irregulares".

El sello en el pasaporte

El PP le ha prometido al ministro toda clase de trabas. Rojas le ha advertido que “esta ley no tiene futuro (...) vamos a recurrir esta ley, si se pone en marcha, en todos los sitios donde se pueda recurrir, y la revocaremos cuando el Partido Popular vuelva al Gobierno”.

El ministro ha insistido en que "hay cuestiones que no se delegan y hechos que no suceden, por mucho que se empeñen ustedes en decirlo". Entre esos hechos, "tampoco se expulsa, ni mucho menos, a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional de Catalunya".

Ha sido un debate en dos pases, el matinal y el de mediodía, turno de preguntas y turno de interpelaciones, y con la misma respuesta. Marlaska ha retado a PP y Vox -"esa coalición que va y vuelve, como el Guadiana"- a que busque en el pacto en qué parte está la cesión del control de fronteras o una cesión de los flujos migratorios irregulares".

"La Policía Nacional seguirá siendo quien diga quién entra y quién sale por la frontera, también en Catalunya, y seguirá sellando el pasaporte, y seguirá ejecutando las expulsiones", ha asegurado al comienzo de la sesión. "Controlará la Policía Nacional como hasta ahora las entradas y salidas, en Catalunya también, y la Guardia Civil hará el registro fiscal", ha reiterado al final.

"Y los Mossos -ha añadido- estarán en frontera para el cumplimiento simplemente de las devoluciones, es decir, aquellas personas que tengan, con nombre y apellidos, una prohibición de entrada en territorio nacional".

Ventanilla única

Ha dicho también Marlaska que "la Generalitat de Catalunya funcionará como ventanilla única en asuntos como las autorizaciones de estancia de larga duración, la residencia temporal y de larga duración y la propuesta de contrataciones en origen", lo cual le parece que llevará a una mejor gestión "desde el conocimiento profundo de la realidad local".

El matiz, "flujo irregular", que ha subrayado en varias ocasiones, se refiere a que los Mossos d'Esquadra podrán ejecutar devoluciones en frontera. El resto del control migratorio policial, la detección o expulsión de migrantes irregulares, seguirá en manos de las fuerzas de seguridad del Estado, ha repetido el titular de Interior.

Pero se ha visto la acritud del debate cuando la popular Ana Vázquez ha acusado a Marlaska: "Son ustedes unos peleles en manos de los ultras separatistas", y "usted insulta a la inteligencia de policías y guardias civiles". La diputada gallega le ha pedido la dimisión: "Quien trocea la seguridad de un país no merece estar en su gobierno". En su turno, Gil Lázaro ha dicho que el verdadero objetivo de ese pacto "con el delincuente de Puigdemont" es "echar a la Policía y la Guardia Civil de Catalunya".

"El único momento en que se puso en peligro la integridad territorial de España fue con el gobierno de Rajoy, con una declaración unilateral de independencia", ha respondido Marlaska. Y. en otro momento, ha presentado el descenso del porcentaje de independentistas en Catalunya como un fruto de la política de acuerdos del Gobierno.

Protesta policial

La imprecación de los diputados de la derecha ha coincidido con una protesta convocada por los sindicatos policiales a la puerta del Congreso. El portavoz popular Miguel Tellado se lo ha recordado al ministro. Y ha respondido Marlaska con una acusación de instrumentalización: "Ustedes utilizan a los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Cuando gobernaban, les utilizaban para destruir pruebas, y para espiar a los adversarios políticos". Les ha recordado que eso se hacía mientras recortaban plantillas y poder adquisitivo de policías y guardias civiles y dejaban estropearse sus instalaciones.

Ha habido un extremo expuesto, pero no debatido: Rojas ha incidido por el flanco de la desigualdad de “una ley que es claramente injusta (...) No se ha llamado a las demás comunidades autónomas, no se les ha llamado a negociar, a analizar esta futura ley que afecta a todas".

Marlaska ha defendido que esta delegación de competencias se propone "para que la administración del Estado y la administración autonómica lleven a cabo una gestión coordinada y eficaz en un ámbito concreto", y esto "lo contempla nuestra constitución de manera clara en el artículo 150.2". Según Marlaska, por ese artículo se entiende que lo que es competencia estatal no es indelegable. Y el interpelante ha enumerado sentencias del Tribunal Constitucional que fijan que "no pueden transferirse competencias cuando estas afectan a la soberanía y la unidad nacional".

En alusión a Pugidemont ha señalado Rojas la paradoja de que “quien firma esto con los socialistas está fuera de la ley, y quiere destruir la Constitución y destruir España”. Rojas le ha dicho a Marlaska que se olvide de que Puigdemont vaya a tener lealtad constitucional, “no la va a tener; usted lo sabe perfectamente: ustedes pactan con un prófugo de la justicia”.