Los cinco argumentos del auto de la jueza de la DANA que tumban las tesis del Consell valenciano sobre el 29-O

Al margen de la imputación de la exconsellera Salomé Pradas y su secretario autonómico, Emilio Argüeso, el alcance político del auto de la jueza de Catarroja estriba en la colisión frontal con las líneas maestras del relato que han mantenido tanto la Generalitat como el president Mazón en primera persona, desde los días posteriores a la dana. La toma de posición de la jueza en esta fase inicial de la instrucción contradice prácticamente todos los argumentos de defensa del Consell.

La emergencia: ¿mando único o compartido?

En los últimos meses, el Consell ha insistido en que la presencia en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, convertía al Ejecutivo central en corresponsable de las decisiones. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, defendía hace apenas un mes que el Cecopi está codirigido por Bernabé y la consellera Pradas, y que las decisiones que se tomaron el día de la dana, el 29 de octubre, fueron de forma «conjunta» y «colegiada» entre todas las administraciones. En una respuesta a la jueza, la Generalitat defendía que la dirección del Plan de Emergencias ante las Inundaciones la ejercía la entonces consellera de Justicia e Interior, “dentro de un Comité de Dirección, formado por la citada consellera [Salomé Pradas] y la delegada del Gobierno [Pilar Bernabé]”.

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La jueza, en el inicio del auto, zanja de raíz cualquier duda sobre la responsabilidad. Se apoya en el Estatut para fijar la protección civil como “competencia exclusiva de la Generalitat”; y en la ley 13/2010 para recordar que “a la conselleria competente en materia de protección civil le corresponde ejercer el mando único de la emergencia dirigiendo los planes de protección civil”.

“No teníamos información”

Fue la respuesta que dio Mazón a unos vecinos indignados en Torrent, y la columna vertebral de la defensa del Consell: quien debía informarles, la Confederación Hidrógráfica del Júcar, no lo hizo, y cuando lo hizo, ya era tarde. Es la base del famoso “apagón informativo”, de la CHJ, que se suma a las erróneas previsiones de la agencia meteorológica Aemet, según el Consell. En su auto, la juez Ruiz Tobarra defiende que ese día había información más que de sobra para actuar antes: “Como se ha expresado en reiteradas ocasiones por esta juez, el aviso a las 20.11 horas fue tardío y erróneo. […] Ha de señalarse que la dana no fue un fenómeno meteorológico imprevisto, su avance y desarrollo ya fue anunciado por la Aemet, hasta el punto de que la Universitat de Valencia acordó la suspensión completa de sus actividades”, dice sobre los días previos.

Esa mañana, la Generalitat tampoco fue diligente, según se desprende del auto: “Las previsiones meteorológicas debieron llevar a una convocatoria en la mañana del 29 de octubre de 2024 del Cecopi, al objeto cuanto menos de avisar a la población”. Para la jueza, bastaba encender la televisión o abrir el móvil: “En las previsiones meteorológicas, expresadas por todos los medios y aportadas al procedimiento, cobra especial trascendencia las que se llevaron a cabo por À Punt, pero no solo en los días previos, sino en el mismo día”. “La información que dio l’Oratge tras el informativo del mediodía establecía de forma grafica la evolución de la dana cuando se acercaba el punto álgido en su gravedad y resultado mortal”.

La jueza, de hecho, hace un exhaustivo repaso a las informaciones que fue dando À Punt esa tarde (y el resto de medios generalistas, señala), así como a la preocupante información del barranco del Poyo. En un momento dado, cita la jueza a una periodista de la cadena pública afirma: “Ahora el peligro no es este barranco, que por esta parte local urbana no se ha desbordado, pero aguas más abajo toma el nombre del barranco del Poyo, y va hacia Cheste, y más abajo hacia Alaquas y Aldaia, y ahí sí que corren el peligro de más inundaciones. Estamos en alerta roja todavía hasta las cinco de la tarde”.

En relación con esto último, la jueza, de hecho, cuestiona la falta de conocimiento del territorio que emana de la actuación esa jornada de los responsables de emergencias. “Cuestión distinta es que se desconociera por las localidades donde discurría el barranco del Poyo, algo que no desconocían los periodistas, como se ha señalado, y que podían verse afectadas por un caudal ascendente, por posibles desbordamientos”. Habla también del “saber común” por las trágicas inundaciones que a lo largo de las décadas ha asolado Valencia.

Un mensaje a tiempo y adaptado a Forata

Desde el primer día, el Consell ha argumentado que el mensaje se envió cuando tocaba, esto es, cuando se les advirtió del riesgo inminente de colapso en el embalse de Forata, porque nadie estaba pendiente del barranco del Poyo ya que nadie les informaba de tal situación. Sobre este planteamiento, Mazón señalaba en las Corts el 15 de noviembre: “A las 20:00 horas, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, desde Colombia, comunica por teléfono a la consellera de Justicia e Interior que no se puede garantizar que la presa de Forata vaya a resistir. En ese contexto, y con esta información respecto al riesgo real en el embalse, el Cecopi decide enviar el mensaje masivo a través del Es-Alert que llega a las 20:11 horas”, dijo. Cabe recordar, como ha contado este diario, que desde bastante antes se tenía tomada la decisión de enviar el mensaje, e incluso un borrador preparado, al menos 70 minutos antes del envío.

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Para la jueza, sin embargo, el SMS llega muy tarde: “No era preciso la movilización de recursos materiales y humanos, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, obligar a la asunción de riesgos por terceros, restringir algún tipo de derecho fundamental, exigir la colaboración de la propia población en la protección civil, obtener la autorización de la Delegación del Gobierno, solicitar la declaración de emergencia nacional para que ulteriormente se acordara la remisión de los avisos por el Ministro del Interior, solicitar la colaboración de las administraciones locales. No era necesario, en definitiva, contar con el asentimiento o conformidad de hasta 29 personas que integraban el Cecopi. Simplemente tomar la decisión de avisar a los ciudadanos que podía verse afectados”, señala sobre el envío del Es-Alert.

La Aemet ‘falló’ en sus previsiones

Es otra de las críticas del jefe del Consell y de su ejecutivo en general. Las previsiones de Aemet se quedaron cortas, cuatro veces menos de lo que realmente cayó, repetía recientemente la portavoz Susana Camarero tras el pleno de las Corts. “¿Estábamos preparados para afrontar precipitaciones de 180 litros por metro cuadrado acumulados en 12 horas, que era la previsión científica de la Aemet para el 29 de octubre? La respuesta es sí”, dijo Mazón, subrayando que el agua caída fue mucho mayor. “Quiero recordar en este punto que, en el momento en el que la Generalitat traslada toda esta información, la previsión de Aemet –según consta en su parte oficial remitido a Emergencias a las 7:36 horas de la mañana– establece probabilidades de lluvia de un máximo del 70% en distintas zonas de la provincia de Valencia y un máximo de precipitación de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. Un máximo de precipitación de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas”, insistió.

La jueza apunta: “Como se ha expresado en reiteradas ocasiones por esta juez, el aviso a las 20.11 horas fue tardío y erróneo. […] Ha de señalarse que la dana no fue un fenómeno meteorológico imprevisto, su avance y desarrollo ya fue anunciado por la Aemet, hasta el punto de que la Universitat de València acordó la suspensión completa de sus actividades”. En opinión de la jueza, las previsiones meteorológicas “debieron llevar a una convocatoria en la mañana del 29 de octubre de 2024 del Cecopi, al objeto cuanto menos de avisar a la población”.

“Los anuncios de la gravedad de la situación se produjeron en diversos ámbitos y con una antelación suficiente. Aemet, a través de los oportunos avisos en los días previos y el mismo 29 de octubre de 2024”, añade. “La Aemet ya anunciaba el 26 de octubre que el 29 iba a ser el día en el que se esperan mayores acumulados de todo el episodio”. La advertencia se mantuvo los días siguientes.

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El “apagón informativo” de la CHJ

“Cabe recordar -dijo el president en sede parlamentaria-, que ya antes, concretamente a las 17:00 horas, el caudal en el barranco del Poyo ascendía a 325,52 m3 por segundo, y que una hora después, a las 18:00 horas, el caudal se había disparado hasta los 1725,89 m3 por segundo, según los propios datos oficiales de la Confederación. Unos datos que la Confederación jamás comunicó a Emergencias durante ese “apagón informativo” de dos horas y media, las que van desde las 16.13 a las 18.43 del 29 de octubre”.

Esa idea, la del apagón, ha sido el eje central de la batalla política. Pero queda también respondida por la titular del juzgado 3 de Catarroja.“No se puede alegar un desconocimiento de los responsables de emergencias de la Generalitat del SAIH [el sistema que ofrece datos cada cinco minutos sobre el caudal de barrancos] ni de la posibilidad de acceder al mismo”. [...] “Más allá de la remisión de correos electrónicos entre las 16.13 horas y las 18.43 horas que informaban sobre el caudal ha de atenderse a la información que se proporcionaba por el SAIH”. La jueza, en su escrito, detalla los datos disponibles desde las seis de la tarde, así como las diferentes vías para acceder a ellos de que dispone Emergencias de la Generalitat: la aplicación Saihwin, los envíos de datos pluviométricos o la propia visualización del sistema.

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