¿Por qué hay una nueva amenaza de bloqueo sobre el Consejo General del Poder Judicial?

El fin del segundo mandato de Manuel Marchena al frente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dado visibilidad al primer bloqueo que amenaza con prolongarse en el tiempo con el que tendrá que lidiar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que echó a andar en julio. Y justo se produce en su tarea más acuciante: cubrir con los mejores el más del centenar de vacantes que se produjeron en la cúpula judicial desde que se le impidió hacer nombramientos mientras estuviera en funciones. Estas son las claves de los problemas a los que se enfrenta el Consejo a la hora de designar a quien debe presidir las Salas del alto tribunal:

El adiós de Marchena a la presidencia de la Sala Segunda del Supremo implica un nuevo bloqueo en el CGPJ

¿Cómo se eligen?

El Consejo General del Poder Judicial se constituyó el pasado mes de julio con 10 vocales nombrados a propuesta del PP y otros tantos del PSOE. La propia elección de su presidenta, Isabel Perelló, se alargó hasta septiembre, la víspera del acto de apertura del año judicial, al no lograr ninguno de los candidatos presentados en el pleno constitutivo la mayoría de tres quintos necesaria para resultar elegido. Los miembros de la cúpula judicial también se eligen por mayoría de tres quintos y, como ocurrió con la propia Perelló, para ser designados resulta necesario recabar 13 apoyos del pleno del órgano de gobierno de los jueces. Ello supone un acuerdo que supere la división por bloques.

¿Dónde ha surgido el problema?

Nada más comenzar su andadura, el CGPJ inició los trámites para proceder a cubrir las distintas vacantes con las entrevistas de los candidatos a entrar a formar parte del Supremo o a presidir Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales y las Salas en las que organiza el alto tribunal, en aquellas en las que el mandato de su titular anterior había caducado o él había cambiado de destino o se había jubilado.

Justo ha sido en la renovación de las presidencias de cuatro de las cinco Salas del Supremo donde se ha evidenciado el principal desacuerdo entre los dos grupos de vocales. Los progresistas consideran que debe aplicarse la ley de paridad garantizando la elección de al menos dos mujeres al frente de las Salas y los conservadores sostienen que el cumplimiento de esa norma pasa por incrementar sensiblemente el número de magistradas en el alto tribunal.

¿En qué discrepan?

Los vocales de la Comisión de Igualdad Carlos Hugo Preciado y Lucía Avilés realizaron un dictamen en el que abogaban porque al menos dos de las cuatro Salas cuya renovación está pendiente fueran ocupadas por mujeres para dar visibilidad al cambio de registro que se había producido en el Consejo. La mayor presencia femenina quedaría así patente en los actos de apertura del año judicial donde el Rey se fotografía acompañado de la Sala de Gobierno del alto tribunal en la que apenas hay mujeres.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Igualdad, Gema Espinosa, no conforme con sus compañeros, encargó un informe al Gabinete Técnico, que respaldó la postura conservadora de que la paridad debe aplicarse al conjunto del Supremo, no necesariamente en las presidencias de las Salas.

Las Salas de la polémica

La única de las cinco Salas del Supremo cuya presidencia no hay que renovar ahora es la de lo Militar, porque su presidente, Jacobo Barja de Quiroga, aún no ha cumplido los cinco años de mandato. Y en la Sala de lo Civil solo se ha presentado un candidato, Ignacio Sancho Gargallo. De ahí que el mínimo de dos Salas presididas por mujeres que quieren los progresistas estaría entre la de lo Penal, a la que optan Andrés Martínez Arrieta y Ana Ferrer; la de lo Contencioso, que pretenden Pablo Lucas y Pilar Teso, y la de lo Social, que han solicitado Juan Molins y Concepción Ureste. Las dos primeras están consideradas la joya de la corona del alto tribunal, porque la primera es la encargada de investigar y juzgar a los aforados y la segunda controla al Gobierno.

Presidencia en funciones

Los candidatos de los vocales conservadores son Martínez Arreita para lo Penal y Lucas para lo Contencioso. Los dos están próximos a la jubilación obligatoria de los 72 años y son los más antiguos de sus respectivas Salas, por lo que la falta de acuerdo entre los dos bloques del CGPJ les sitúa automáticamente en la presidencia, aunque en funciones.

Mientras para los vocales nombrados a propuesta del PP los méritos de ambos son indiscutibles, los progresistas argumentan que las presidencias de Sala no es un premio pera el final de una carrera, sino que lo relevante debería ser el proyecto con el que optan a su elección. Los vocales de uno y otro lado consultados por EL PERIÓDICO no están, al menos de momento, dispuestos a ceder, lo que supondrá que la elección de los presidentes de las Salas se demore, lo que supone que al frente de las dos más cotizadas seguirán los candidatos del sector conservador.

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