La Fiscalía pide sobreseer la causa contra Álvaro Álvarez a la vista de la contradicciones de los tres testigos

El "caso Baterías", la investigación abierta contra el exdirigente socialista Álvaro Álvarez por un presunto delito de tráfico de influencias relacionado con el primer proceso de adjudicación del contrato de demolición de la coquería, podría acabar archivado tras haber solicitado la Fiscalía el sobreseimiento al Juzgado de Instrucción. El Ministerio Público, que presentó la denuncia contra Álvarez hace más de un año (en marzo de 2021), ha lanzado esta petición al magistrado José Antonio Moreno Gomis después de un careo entre tres testigos y de concluir que no hay "indicios suficientes de criminalidad" sobre Álvaro Álvarez. El caso queda ahora pendiente del auto que dictará el juez instructor.

La fiscal del caso había solicitado el pasado 24 mayo la celebración de un careo entre tres testigos presenciales de los hechos que originaron la denuncia contra el exsecretario general del PSOE de Avilés para esclarecer contradicciones detectadas en sus respectivas declaraciones. Esta petición tuvo lugar durante la comparecencia celebrada en los juzgados para formalizar la imputación de acuerdo a la ley del Tribunal del Jurado. A la espera de ese careo, el ministerio fiscal imputó inicialmente al exvicenconsejero y exsecretario del PSOE de Avilés un delito de tráfico de influencias, si bien ya aclaraba entonces que esta imputación podría modificarse en función de esa u otras pruebas que pudieran practicarse.

Fiscalía ve contradicciones en el "caso Baterías" y pide un careo entre tres testigos

El careo en cuestión tuvo lugar el pasado 18 de julio. Participaron las tres personas que estuvieron reunidas con Álvaro Álvarez en la mañana del 31 de diciembre de 2020 en la terraza de La Cantina de Renfe de Avilés: el propietario de una empresa del polígono de Maqua (Gozón) y representantes de una empresa que optó en UTE al contrato de demolición de la coquería avilesina (Lezama-Los Álamos).

Desde la Fiscalía del Principado explicaron ayer que los tres mantuvieron sus versiones iniciales: el empresario de Lezama afirmó que el investigado se ofreció a influir en el proceso de adjudicación del contrato de desmantelamiento de las baterías de coque a cambio de una contraprestación económica mientras que los otros dos negaron este extremo y afirmaron que durante ese encuentro no se habló en ningún momento de dinero ni porcentajes, avalando la versión que ha venido defendiendo Álvaro Álvarez desde que trascendió que estaba siendo investigado.

Como adelantó este periódico en su edición digital, el Ministerio Público considera que el resultado del careo impide conocer con una mínima certeza lo que realmente ocurrió en aquella reunión y, además, que tras las pruebas practicadas desde el inicio del procedimiento no hay indicios suficientes de criminalidad respecto del investigado. Es por todo esto por lo que pide al juzgado de instrucción el sobreseimiento del caso.

Álvaro Álvarez viene negando desde el primer momento los hechos por los que ha sido investigado y solo realizó declaraciones a los medios de comunicación en enero de 2021, cuando trascendió la denuncia. Fue a través de un comunicado emitido el día 31 de ese mes. Según aquel relato, que ha mantenido durante la investigación", aquel 31 de diciembre mantuvo "un encuentro informal con representantes de Lezama Demoliciones y una empresa local del sector (a iniciativa de ésta última como contratista habitual de Lezama en Asturias) debido al interés del primero en conocerme y de ambas en conocer mi opinión sobre el proceso de adjudicación de las obras que Sepides desarrolla en los terrenos de las antiguas Baterías, dado su carácter de empresas vinculadas a Asturias (la UTE Lezama-Los Álamos era la única de las aspirantes a este contrato que contaba con una empresa vinculada a la región y la empresa local gestionaría el hierro y chatarra de la demolición)".

Por aquel entonces "Sepides ya había hecho público que tres de las empresas que presentaron sus propuestas al concurso estaban admitidas y en este encuentro del día 31 la propia Lezama reconoció que estaban muy bien posicionados y tenían muchas posibilidades de ganar el concurso. Lo cual hace todavía más incomprensible el supuesto intento de intermediación que falsamente se me atribuye".

"Resulta muy poco sólido y nada creíble atribuirme una capacidad de influencia de que la carezco por completo en un procedimiento de contratación que corresponde exclusivamente a una empresa de la administración general del Estado. En este momento me encuentro jubilado y no ejerzo ningún papel ni representación institucional, y estoy fuera de cualquier ámbito de decisión, tras una conocida e intachable trayectoria como representante público. Estoy a disposición de la Fiscalía para aclarar cualquier supuesto y contribuir a que se resuelva este proceso cuanto antes", apuntó entonces el exviceconsejero de Administraciones Públicas del Principado.

Esta denuncia en cuestión, que puso en conocimiento de la Fiscalía la propia mesa de contratación tras recibir la alerta de una de las firmas que optaban a la licitación, llevó a retrasar el inicio del desmantelamiento de las baterías de coque. Aquella primera adjudicación se la llevó Lezama-Los Álamos, pero otra aspirante (Erriberri) recurrió la adjudicación y le dieron la razón. Sepides tuvo que sacar de nuevo a licitación el contrato, que fue finalmente para Erriberri (se presentó a la segunda licitación en UTE con Afesa). La suya fue, por mucho, la mejor oferta económica: 2,85 millones de euros, la diferencia entre el coste del proyecto y obra (12,7 millones) y lo que se obtendrá por la enajenación de materiales y residuos (9,84 millones).

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