Las claves de la tormenta política por el accidente de la mina, con una consejera en el punto de mira: el PSOE ciñe la investigación a la empresa, pero IU exige más

El ala socialista del Gobierno ciñe las investigaciones por el grave accidente minero de Cerredo, en el que murieron cinco trabajadores, a "esclarecer las circunstancias" en las que la empresa Blue Solving llevaba a cabo su actividad en el tercer piso de la mina. Pero Ovidio Zapico, líder de IU y consejero de Ordenación del Territorio, insistió en las responsabilidades "políticas". "No cerramos filas con nadie, estamos para abrir todas las puertas", aseguró.

Guillermo Peláez, portavoz del Ejecutivo, aseguró tras la reunión del Consejo de Gobierno (a la que no acudió Zapico, presente en el congreso de Comisiones Obreras, en Gijón) que "el foco" debe ponerse en la empresa, Blue Solving: "Si estaba llevando a cabo una actividad congruente con la licencia que tenía concedida y si estaba cumpliendo las condiciones de seguridad laboral". Aseguró que hay "unidad del Gobierno" en esa hoja de ruta por "el esclarecimiento de los hechos". También insistió en que se hará una inspección a los servicios de la dirección general de Minas y que el Gobierno se personará en el Juzgado.

Pero la enumeración del PSOE excluye lo que Izquierda Unida recalca: "Responsabilidades políticas". Para Zapico, las responsabilidades han de ser "políticas, jurídicas, administrativas, técnicas e incluso penales".

Los dos únicos Proyectos de Investigación Complementaria (PIC), paralizados.

El Gobierno ha suspendido las dos licencias de proyecto de investigación complementaria para la búsqueda de minerales ligados al carbón de alta calidad. El primero estaba en Cerredo (anulado tras el accidente) y el segundo en la mina de Tyc Narcea en Vega de Rengos. Esta segunda suspensión se produce, recalcó el Principado, después de una denuncia de la sociedad Special Antracites (antigua NMR). Esta denuncia es anterior al accidente. La empresa Tyc Narcea mantuvo ayer una reunión con los responsables de la dirección general de Minería sobre este asunto y tras decirles que simplemente lo que necesitaban era acreditar la trazabilidad del proyecto de Investigación, la firma confía en tener en un plazo de 48 horas dicho certificado, que depende de la empresa receptora del material. Según la firma, la certificación resolverá las supuestas discrepancias. Será entonces cuando la dirección general de Minería deberá determinar si reactiva el permiso vinculado al proyecto de investigación. En la empresa confían en una pronta resolución. Aunque ayer no hubo actividad en la empresa, no habrá despidos. La firma cree que la situación se resolverá en breve y recalca que ha sido transparente con todos los requerimientos: "Lo lógico es que nos dejen volver empezar a trabajar"

La "transparencia" de Belarmina Díaz.

Preguntado sobre si cabe una comisión de investigación parlamentaria, Peláez insistió en "esclarecer las circunstancias" en las que operaba Blue Solving y "acreditar su responsabilidad". Para el Gobierno, la consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, realiza "una labor de transparencia clara, no ha dejado de atender a los medios" y comparecerá en la Junta General a dar explicaciones.

Las dudas de Foro sobre presuntas "incompatibilidades de la consejera", un "uso partidista del accidente".

Sobre la sospecha de Adrián Pumares (Foro) de presuntas incompatibilidades de la consejera por las actividades de su marido (contratado por Hunosa) y su hermano (con una empresa compartida con el empresario leonés Manuel Lamelas Viloria, con varias inversiones en energía pendientes de tramitación), Guillermo Peláez criticó "el uso partidista de la tragedia minera" y acusó a Pumares de "hacer el trabajo sucio del PP". Adrián Pumares recordó a este periódico que esa misma comparencia en la que denunció las posibles incompatibilidades la tenía prevista para el día del accidente y la suspendió.

Inspección a los servicios de la dirección de Minas, "a la mayor brevedad".

El Gobierno ha asegurado que la Inspección General (un órgano independiente de la administración), iniciará "a la mayor brevedad" la auditoría a la dirección general de Minas.

La Consejería avaló la actividad en Cerredo después de los informes de los guardias rurales.

La Consejería de Industria, según fuentes oficiales consultadas, recibió un acta procedente de la Consejería de Medio Rural, relativa a la ocupación de los terrenos, después de que funcionarios del servicio de guardería natural del Principado informasen por escrito, y en varias ocasiones, sobre actividades de ocupación de montes públicos por parte de la empresa explotadora de la mina de Cerredo, tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA. Según fuentes de la Consejería de Industria, se dio una respuesta a los "cinco o seis días", recalcando que la empresa tenía autorización y que todo estaba en regla. Según detalló el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, tras las denuncias recibidas se produjeron inspecciones en las que no se detectaron irregularidades.

La denuncia vecinal que acabó en un correo de la dirección de Minas que nadie leyó.

Tal y como reveló LA NUEVA ESPAÑA, un vecino de Cerredo había presentado una denuncia sobre posibles actividades irregulares en la mina que remitió por correo electrónico el 16 de octubre de 2023. Este correo fue trasladado a Minas por el Servicio de Atención Ciudadana, pero allí nunca se leyó. La Consejería de Industria aseguró que en abril de ese año se había producido un cambio de sistema informático y varios buzones quedaron desactivados. La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, aseguró que "el único apoderado de ese correo electrónico era el jefe de servicio de Minería", por lo que era "la única persona que podía acceder". Llamedo señaló que las migraciones a otro gestor de correos se realizaron en abril de 2023 y "en ese momento se trasladó información e instrucciones a todos los empleados públicos para realizar esas migraciones y también de las cuentas genéricas".

Blue Solving no cobró la subvención que le concedió el Instituto de Transición Justa.

La empresa Blue Solving, que operaba en la mina de Cerredo, donde fallecieron cinco trabajadores, no llegó a cobrar la subvención pública de 927.668,72 que le concedió el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del Instituto para la Transición Justa, según aseguran fuentes ministeriales. "La empresa Blue Solving todavía no ha cobrado la subvención otorgada ya que el trámite está pendiente de la justificación de los gastos a través de facturas", explicaron desde el departamento liderado por la ministra Sara Aagesen.

El Ministerio recuerda que la compañía recibió la citada subvención para "la creación en el concejo de Degaña de una planta de recuperación y valorización de minerales estratégicos a partir de escombros". La planta iba a estar situada en las "antiguas edificaciones exteriores de las Minas de Cerredo". Desde el Ministerio se recalca que la compañía "pidió la recuperación y acondicionamiento de las antiguas instalaciones para disponer de un área de almacenamiento, un área de transporte y un área de valorización, en ningún caso para la actividad extractiva".

Según las mismas fuentes, que citan la memoria del proyecto, "todas son instalaciones de superficie incluidas las cintas transportadoras que las unen". Además, la empresa indicó en el proyecto que los subproductos de la minería a tratar "no proceden de la minería del carbón".

La empresa no había entregado en el momento del accidente su plan de labores.

La empresa Blue Solving no había entregado al Principado su plan de labores, según se trasladó en la primera reunión de la Comisión de Seguridad Minera que se produjo tras el grave accidente. Se trata de un documento anual en el que los titulares de los derechos mineros detallan el proyecto general de explotación. La actividad de Blue Solving vinculada al permiso de investigación había comenzado en agosto de 2024. Aunque por ley aún estaba en plazo para hacerlo (podía llevarlo a cabo hasta transcurrido un año), lo habitual es que las empresas lo presenten trascurrido poco tiempo después del inicio de actividad, uno o dos meses, según señalaron fuentes del sector.

Discrepancias en las declaraciones de los supervivientes.

Fuentes próximas a los heridos habían señalado días atrás que los supervivientes habían quedado rezagados después de que saltase una alerta en el detector de grisú. Sin embargo, las mismas fuentes trasladaron ayer la versión contraria, por parte de uno de los heridos: que no se había producido un aviso. La empresa Blue Solving niega que los trabajadores estuvieran extrayendo carbón, sino recuperando material.

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