Educación
Reforma de la profesión docente: avanzan las negociaciones para cambiar el grado de Magisterio
El Ministerio de Educación acepta crear un grupo de trabajo para negociar las condiciones laborales de los profesores y las ratios, la gran reivindicación de los sindicatos, y deja en barbecho la idea de un MIR educativo

Alumnos de un instituto de Barcelona. / Danny Caminal
Olga Pereda
"Estamos en el kilómetro cero de la negociación”. Con esta frase, Francisco García, responsable de Educación de CCOO, advierte del muchísimo trabajo que queda por delante para que la reforma de la profesión docente -un mandato de la ley educativa- sea una realidad. “Queda mucho, sí. Pero, al menos, ya estamos en la carretera", añade, algo más optimista, Ramón Guadalajara, del sindicato de profesores Anpe. Los dos, junto con representantes de UGT, Csif y otras centrales, forman parte de la negociación emprendida por el Ministerio de Educación y FP para la transformación de la carrera docente no universitaria, un colectivo que asciende a 810.863 profesionales, un gremio que en la última década ha experimentado un crecimiento de casi un 11%.
Esta mañana se ha celebrado la segunda reunión entre el subsecretario de Educación, Santiago Roura, y las centrales y ya se vislumbra algún tímido avance en la futura remodelación de la formación universitaria de los docentes. Los cambios alcanzarán tanto el grado para ser profesor de primaria como el máster para ejercer en las aulas de secundaria. Lo que está en barbecho (de hecho, ni siquiera se ha mencionado) es la posibilidad de un MIR educativo, una idea que viene de la época de Íñigo Méndez de Vigo (PP) como ministro. Es un modelo que no gusta a los sindicatos y que solo está establecido en Cataluña con un proyecto piloto y voluntario.
Aprobada en diciembre de 2020, la actual ley educativa (Lomloe) incluye un mandato para afrontar la reforma de la profesión docente. El pasado 14 de enero, el Ministerio de Educación y FP convocó la llamada Mesa de Negociación del Personal Docente no universitario, es decir, una reunión con los sindicatos de enseñanza (CCOO, UGT, Anpe y Csif, entre otros). El orden del día incluía la "propuesta abierta" para constituir los grupos de trabajo. La segunda reunión estaba prevista para principios de febrero, pero, finalmente, se ha celebrado esta mañana. La tercera tendrá lugar en marzo. Alegando prudencia, el departamento que dirige Pilar Alegría prefiere no hablar públicamente sobre las conversaciones.
Presencia de las autonomías
En el encuentro, se ha acordado (con el único voto contrario de Csif) que las comunidades autónomas estén presentes en los grupos de trabajo. Marta Herráiz, responsable de Educación Pública de UGT, recuerda que los grupos "no son mesas de negociación" y que las comunidades estarán solo para aportar ideas dado que el pacto se establecerá entre dos bandas: centrales y ministerio.
La formación inicial del profesorado será estudiada en el primer grupo de trabajo, titulado 'Marco de competencias profesionales'. El divorcio entre lo que se enseña en las facultades de Educación y la realidad con la que se encuentran una vez que están impartiendo clase llevó al Gobierno en 2023 a dar los primeros pasos para una reforma que, en teoría, debería estar lista en 2026. El nuevo plan para maestros de infantil y primaria y profesores de secundaria deberá ser consensuado no solo con los sindicatos, Educación y las facultades sino con el Ministerio de Ciencia y Universidades.
Los sistemas selectivos y el ingreso en la función docente (las oposiciones para ejercer en la escuela pública, con un temario excesivamente largo y memorístico, según los sindicatos) acapararán otra mesa de trabajo, lo mismo que la formación permanente.
Antes de la segunda reunión, las centrales consideraban que las conversaciones con Educación llevaban un paso muy lento y dejaban claro que hay tres aspectos de la reforma que tienen que ser ya pactados. Son urgentes y no pueden esperar al futuro Estatuto docente, una norma que podría ver la luz en 2027 y que supone, según el portavoz de CCOO, "la gran asignatura pendiente de las reformas educativas".
"Estamos relativamente motivados porque el ministerio parece que nos ha escuchado"
Las tres peticiones inaplazables para los trabajadores son la reducción de los horarios lectivos, la rebaja de las ratios, y la inclusión de los maestros y maestras de infantil y primaria en el grupo A-1 (la clasificación de mayor rango dentro de la administración pública y donde ya están los de secundaria) en lugar del nivel en el que están ahora, A-2. En la primera reunión, estos aspectos no estaban contemplados. Pero esta mañana, el ministerio ha optado por crear un cuarto grupo de trabajo, llamado 'Condiciones del desempeño docente' y en el que están incluidas, precisamente, las reivindicaciones urgentes de las centrales. "Hemos pedido comenzar a trabajar de forma paralela dos de los grupos, tanto el primero, el de la reforma universitaria, como el de las condiciones laborales. Estamos relativamente motivados porque el ministerio parece que nos ha escuchado", destaca la responsable de UGT.
Futuros profesores
“Hablar de las competencias que deben tener los docentes y su formación inicial es importante y merece estudiarlo bien, pero son aspectos que incumben a los futuros profesores. ¿Qué pasa con los actuales? Eso es lo que queremos negociar y pactar ahora mismo, lo que afecta a los docentes que están ahora mismo en un aula”, explicaba, hace semanas, Maribel Loranca, de UGT.
Respecto a las horas lectivas semanales, la responsable de UGT explica que el objetivo sindical es que el pacto con el Ministerio incluya un compromiso para que en todas las autonomías se respete los máximos establecidos por ley: 23 horas en infantil y primaria y 18 en secundaria. Loranca destaca que los docentes están saturados con un día a día que incluye una descomunal carga burocrática, que a veces no hay más remedio que hacer en casa porque en la escuela no hay tiempo. “Tenemos decenas de miles de informes que redactar y registrar todas las visitas de las familias”, se queja.
Ratios
Las ratios máximas, uno de los grandes problemas del sistema educativo español, son 25 alumnos por clase en infantil y primaria, 30 en secundaria y 32 en bachillerato. “Reducir las ratios es una necesidad. Si tienes menos alumnos enseñas mejor. Nos preguntamos por qué Castilla y León saca tan buenas notas en PISA y ves que tienen clases con 15 niños”, se quejaba el profesor y director de un instituto de Castellón Toni Solano en una reciente entrevista con este diario. De hecho, desdoblar clases para bajar las ratios en los centros con mayores necesidades educativas (aquellos con un 30% de alumnado vulnerable) era una de las medidas incluidas, en teoría, en el plan estatal para reforzar matemáticas y comprensión lectora y remontar los malos datos que arrojó el último informe PISA.
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