Las izquierdas registran una proposición de ley para criminalizar las terapias de conversión para el colectivo LGTBI

Están prohibidas por ley, pero las terapias de conversión todavía no se han extinguido en España. Gracias a una investigación de la asociación No es terapia, se sabe que al menos siete diócesis (Málaga, Valencia, Madrid, Barcelona, Getafe, Alcalá y Sigüenza-Guadalajara) han venido publicitando y cediendo espacios para impartir cursos y talleres que buscan, nada más y nada menos, que las personas LGTBI+ cambien su orientación sexual. Que dejen de ser quienes son. Para acabar con esto, Sumar, Podemos, ERC, Comuns, Compromís, Más Madrid e Izquierda Unida han registrado este martes, junto a la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, una proposición de ley orgánica para criminalizarlas.

Esta proposición de ley orgánica quiere que se incluya en el Código Penal un tipo delictivo autónomo que criminalice la práctica de las llamadas terapias de conversión. Consideran que es la "única solución posible" para atajarlas de forma eficaz y para otorgarles a quienes las sufren la condición de víctimas.

El texto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, incluye ayudas económicas y alternativa habitacional a todas esas víctimas de estas terapias de conversión, al tiempo que eleva las sanciones para quienes las perpetren. No solo las económicas, que podrían llegar hasta los 150.000 euros; también con la "acción popular".

Artículo 175 bis

La proposición de ley orgánica habla de terapias de conversión y de Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual e Identidad o Expresión de Género (ECOSIEG), cuya definición está recogida en un nuevo artículo del Código Penal: el 175 bis.

Según la redacción, engloban tanto el asesoramiento como la práctica o cualquier tipo de tratamiento –incluyendo, por ejemplo, las intervenciones médicas, psiquiátricas, psicológicas, sociales, familiares, clínicas, religiosas o pastorales–, que tengan como objetivo "modificar, disminuir, reprimir, desalentar o suprimir la orientación sexual, la identidad sexual y/o de género o la expresión de género de una persona".

No importan los métodos o técnicas que se empleen. Siempre y cuando "busquen eliminar, modificar o reprimir la orientación sexual o la identidad y/o expresión de género de las personas para 'acomodarlas' a los cánones, identidades y conductas cisheteronormativas imperantes en nuestra sociedad", serían delito.

La víctima no tiene que denunciar

La propuesta también recoge, por ejemplo, que el consentimiento de una víctima de ECOSIEG, o de sus representantes legales, sea "irrelevante para la responsabilidad criminal" de la conducta. Tampoco es necesario que la denuncia la pongan estas personas para proceder por este delito.

Esto tiene un sentido: el contexto criminológico en el que se producen y perpetran las 'terapias de conversión' en España "determina que las víctimas tarden muchos años en decidir ejercer acciones o visibilizar la violencia a la que han sido sometidas".

Nombran estudios, como el titulado Conversion Therapy and LGBT Youth, y publicado por el Williams Institute, que indica que más de la mitad de las víctimas sufren este tipo de terpias cuando son todavía menores de edad. "Paralelamente, el estudio The Global State of Conversion Therapy. A Preliminary Report and Current Evidence Brief, de la LGBT Foundation, señala que solo una de cuatro víctimas se somete a terapias de conversión sin coacciones de su entorno y que, entre las restantes, un 22% asiste por presión familiar, un 11% por recomendación de su comunidad/líderes religiosos y hasta un 17,5 % por insistencia de profesionales de la salud, autoridades educativas o de sus propios empleadores", exponen.

Con este contexto, las víctimas muchas veces "no tiene posibilidad ni incentivos para denunciar ante las autoridades administrativas y sufrir un procedimiento que las revictimice y las aísle de sus entonos". Con esta ley, que de momento no cuenta con la firma del PSOE, quieren que eso termine.