El Ayuntamiento de Gijón, obligado a cesar al gestor de la oficina de Movilidad

Los asuntos de movilidad le sacaron canas al anterior gobierno de coalición PSOE-IU y aún pueden darle algún disgusto más. El Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Gijón ha dado la razón a la Unión de Sindicatos Independientes del Principado (USIPA) al considerar que el Ayuntamiento debe ordenar el cese del gestor de la Oficina de Movilidad que desde octubre del 2020 venía ocupando el puesto en comisión de servicios.

La jueza Estefanía López considera que se ha "rebasado con creces" el plazo máximo de un año, incluso con prórroga de otro año más, que tienen estos nombramientos, por lo que no cabe más que atender al recurso de USIPA defendido por la abogada Belén Simón Castiñeiras.

El sindicato llegó al juzgado después de llevar advirtiendo, casi desde el mismo momento de la contratación, que el nombramiento de Eduardo Fernández se produjo "vulnerando no solo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, sino también toda la legislación vigente que establece que ese puesto se debe cubrir por un funcionario de carrera, requisito que no cumplía la persona seleccionada".

También hacen hincapié en la difícil justificación que tenía un nombramiento "a dedo" que recayó en una persona sin un perfil de técnico experto –es trabajador social, con experiencia en animación sociocultural y comprometido con la movilidad ciclista, lo que le llevó a participar en el grupo de trabajo que articuló el plan de movilidad segura y sostenible de Gijón (2018-2024)–. Se trata "una persona afín al concejal de turno que no tenía formación de ningún tipo en la materia, ni experiencia, y que, además, no cumplía con los requisitos legalmente establecidos para desempeñar esas funciones", indica el portavoz sindical.

Solo unos meses después de llegar al Gobierno, el edil de Medio Ambiente y Movilidad, Aurelio Martín (IU) reordenó el servicio de Tráfico para orientarlo mejor hacia las nuevas políticas que quería impulsar desde su concejalía, con una dirección general de Movilidad y dos áreas diferenciadas. Una, la de gestión de tráfico y otra de planificación con protagonismo para la Oficina de Movilidad. Desde 2019 –un año antes de ser efectiva la comisión de servicios– se presentó al gestor de dicha oficina, aunque no fue hasta octubre del 2021 cuando se dio por confirmada la comisión de servicios. Un año después, USIPA requirió al Ayuntamiento para que declarara terminada la atribución de funciones al empleado y se procediera a la inmediata convocatoria del puesto.

La jueza entiende que cuatro años después, con independencia del nombramiento hecho en su día y de que se esté en fase de cobertura de determinados puestos, debe estimarse el recurso planteado por USIPA porque "se ha rebasado con creces el plazo máximo legal". Además impone las costas al Ayuntamiento. El pasado mes de enero la misma letrada ganó otro pleito por el que el Ayuntamiento tuvo que cesar a una jefa de servicio y convocar por oposición su puesto. "La Administración continúa con su política de nombramientos, así que desde USIPA se está valorando iniciar acciones penales contra los responsables de este tipo de nombramientos que vulnera la legislación vigente y los derechos del personal municipal", advierten desde el sindicato.

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