Antiguos trabajadores de Modultec se manifiestan en el Palacio de Justicia de Gijón pidiendo soluciones: "O pagan o nos readmiten"

La empresa cerró en 2012 y todavía no tienen una resolución tras cuatro aplazamientos del juicio

Por la izquierda, Manuel Sánchez, Ana Fernández, Pilar Álvarez y María Amor González, manifestándose frente al Palacio de Justicia

Por la izquierda, Manuel Sánchez, Ana Fernández, Pilar Álvarez y María Amor González, manifestándose frente al Palacio de Justicia / Carlos Tamargo

En octubre de 2021 la empresa Modultec cerró de forma definitiva, despidiendo a 47 trabajadores, después de no poder afrontar los pagos con los acreedores. Cuatro años después, antiguos empleados de la compañía siguen luchando por reconocer sus derechos, reclamando que le entreguen el dinero de los ERTE que se realizaron o, en su defecto, que les vuelvan a contratar, en este caso Imasa, matriz del grupo empresarial al que pertenecía Modultec.

Ana Fernández es una de las afectadas por esta situación y junto a sus compañeros Manuel Sánchez, Pilar Álvarez y María Amor González acudieron hasta las puertas del Palacio de Justicia de Gijón para denunciar la situación. "Estamos a la espera que se juzgue en el mercantil, al haber sido en concurso de acreedores, pero no se acaba de solucionar. Llevamos cuatro aplazamientos", expresa Fernández.

La última modificación del juicio la tuvieron el pasado 30 de enero y aún no saben cuándo será la próxima fecha que les den. Por eso es que seguirán manifestándose cada semana hasta que tengan agendado un nuevo día para la celebración de la vista. "Tenemos ya unas sentencias de distintos ERTE de periodos de 2017 y 2018. Desde que entró en concurso Modultec, empezaron a hacer estos expedientes con las trabajadoras hasta que nos agotaron las prestaciones. Para luego cerrar la empresa y dejarnos así".

Fernández también reclama que deberían pagarles el dinero que les deben o readmitirles en alguna de las empresas del grupo Imasa y que se dedican también a la construcción modular de edificaciones. Ahora, su mayor problema es que desconocen la intención de la otra parte y tampoco nadie se ha puesto en contacto con ellos, algo que desde Imasa sí que han hecho con algunos compañeros. "Con los otros abogados sí que hubo un acercamiento para hablar y entrar en un periodo de negociación dando un plazo de 60 días hábiles, por lo que calculamos hasta mayo. Eso lo sabemos porque lo acordaron con otros trabajadores, no con nosotras", denuncia Fernández.

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