El Gobierno se abre a aumentar la financiación a las comunidades por la acogida de menores migrantes

El Gobierno está en conversaciones con los grupos parlamentarios para introducir cambios en la reforma de la ley de extranjería aprobada vía decreto para hacer obligatoria la acogida de menores migrantes procedentes de Canarias. El texto, previamente pactado con Junts, se prevé llevar al Congreso para convalidarse a mediados de abril y, según trasladan fuentes del Ejecutivo, “estamos abiertos a que se tramite como proyecto de ley para hacer modificaciones”. Principalmente, en lo relativo a la financiación para las comunidades autonómicas de acogida.

En las disposiciones adicionales se incluye un crédito extraordinario de 100 millones de euros para financiar la acogida de los 4.400 menores de Canarias y Ceuta. Una cantidad que no solo al PP le parece escasa. Con todo, desde el Ejecutivo trasladan que su voluntad de negociar un hipotético aumento no se centra en intentar atraer a los populares, pues asumen su voto en contra y hasta “un frente común” de rechazo por parte de las once comunidades autónomas que gobiernan, sino para pactar con sus socios.

El Gobierno se prepara para un "frente común" de las comunidades del PP contra el reparto de menores migrantes

El fondo, además, se limita a “cubrir los costes ocasionados por la sobreocupación”, por lo que dejaría fuera los territorios deficitarios. Los socialistas defienden que sean las comunidades ahora “sobreocupadas” las que tengan una compensación económica, pero se abren a recalcular las fichas financieras. La financiación para Canarias se ha pactado entre el gobierno de Fernando Clavijo y el ministerio de Hacienda de forma paralela, teniendo en cuenta el coste de su sobreacogida durante el pasado año, y que ya superaría los 100 millones incluidos en el decreto.

Sobre los aspectos competenciales y la base jurídica del texto, ante la posibilidad de una lluvia de recursos por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, los socialistas consideran que no son necesarios cambios. Lo consideran blindado jurídicamente y advierten que su incumplimiento tendría consecuencias administrativas o incluso penales. Precisamente, para tener una mayor seguridad jurídica, además de para poner sobre la mesa una solución estructural y no puntual.

Al reformarse la ley de extranjería, la vía recomendada por los servicios jurídicos como la Abogacía del Estado y el Consejo de Estado, se evitaría un posible conflicto competencial, según sostienen. Esta es la vía por la que siempre apostó el Gobierno.

Otro de los seguros que se establece en la reforma para evitar un conflicto competencial es que las comunidades autónomas tendrán capacidad para adecuar la norma en la conferencia sectorial del ramo. Eso sí, para ello se precisará de unanimidad. De este modo, se incluye un artículo en la ley para que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia pueda acordar “los requisitos para la declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria, el plan de respuesta y los criterios para la aplicación del plan”.

Los populares gobiernan en 11 de las 17 comunidades, además de en Ceuta y Melilla, uno de los argumentos del partido de Alberto Núñez Feijóo para quejarse de que el sistema de reparto se haya hecho sin su concurso. La dirección nacional aseguró el martes, por boca del portavoz parlamentario, Miguel Tellado, que los ejecutivos que presiden cumplirán la ley, aunque el diputado defendió que cada autonomía pueda recurrir contra una iniciativa que considera que responde al “chantaje del independentismo”.

Criterios de distribución

Desde Podemos mantienen un apoyo crítico al texto, lo que permitirá su convalidación con el resto de socios de investidura. Tras la aprobación del decreto en el Consejo de Ministros, la líder del partido, Ione Belarra, lo calificó de “parche” y cargó contra una solución que “no va al corazón del problema de política migratoria que tenemos en España, que adolece de un problema de racismo institucional muy serio”.

Sus propuestas para modificar el texto se centran en mejorar la atención de los menores. En poner el foco en que los "servicios sociales se aseguraran de que estos niños y niñas son directamente trasladados a aquel lugar en el que tienen familia extensa, amigos y amigas de sus padres, en condiciones de seguridad". Un enfoque en contraste con lo que Podemos califica como “un régimen de control que lo que busca es la criminalización de las migraciones y, particularmente, la criminalización de los niños y niñas migrantes". En base a los criterios de distribución establecidos, principalmente población, pero también la renta per cápita o el esfuerzo previo de cada comunidad autónoma, será el Estado el competente para formular la propuesta de traslado.

Pisos tutelados

De forma complementaria, el ministerio de Juventud e Infancia prevé llevar al Consejo de Ministros en las próximas semanas un real decreto para marcar a las comunidades autónomas unos protocolos comunes en sus respectivos sistemas de acogida de menores tutelados. Se trata de estandarizar el sistema con exigencias de mínimos en lo referente al tipo de centros, infraestructuras e itinerarios formativos, pero sobre todo para rebajar las ratios sobre el número de menores y trabajadores sociales asignados.

La principal novedad, tras tener el visto bueno de los servicios jurídicos por un posible conflicto competencial, es que se incluirá en el decreto un régimen sancionador para las comunidades autónomas que no se adecuen a los nuevos protocolos o vulneren la obligación de informar al Estado sobre las inspecciones, que seguirá recayendo en las comunidades. Uno de los objetivos es acabar con lo que se denominan “macrocentros”, pero también establecer unos mínimos “para elevar la calidad del sistema de acogida mejorando las condiciones laborales y la situación de los menores”. De ahí que vayan a establecerse no solo mecanismos de sanción en caso de vulneraciones, sino mecanismos de coordinación entre administraciones.