Illa anuncia una inversión de 4.400 millones para construir vivienda pública en Cataluña

Dice Salvador Illa que su espíritu no es "demasiado revolucionario", pero que el impulso a los servicios públicos que se propone va a suponer una sacudida para Cataluña. Con este afán, el president de la Generalitat ha presentado sus credenciales para comandar la etapa del 'post-procés' situando de un plumazo el acceso a la vivienda como la prioridad absoluta tras una década a lomos del referéndum de autodeterminación. El anuncio en el debate de política general ha sido de calado y lo ha definido como la "movilización de recursos públicos más importante hecha nunca" por una comunidad autónoma en este ámbito: 4.400 millones de euros en esta misma legislatura, es decir, en cuatro años, con el horizonte de contar en 2030 con 50.000 viviendas más. El tiempo de descuento está ya en marcha y el Consell Executiu moverá ficha la semana que viene mientras asegura estar trabajando sigilosamente para lograr la financiación singular.

"No nos podemos permitir que la vivienda condiciones el proyecto de vida de las personas, especialmente de los jóvenes", ha defendido el president, que ha subrayado que su Govern quiere ser "riguroso" pero también "osado" ante una escalada de los precios que ha tachado de "intolerable". Y es que, por más que el ejecutivo presuma de que con los topes de la ley de vivienda los arrendamientos han descendido un 5%, se han frenado un 17% los nuevos contratos mientras se aprovecha la brecha normativa con los de temorada.

Las claves del anuncio de Illa en vivienda: 50.000 pisos, rapidez en la entrega y ayudas directas

El objetivo de Illa es compactar la mayoría de izquierdas con la que fue ungido presidente con medidas que repercutan directamente sobre la agenda material que entronca con las principales preocupaciones de la ciudadanía, con el acceso a la vivienda en la cúspide. La cifra del plan anunciado supone un inversión de 1.100 millones por año que deberían empezar a incluirse ya en los presupuestos de 2025, en estos momentos en negociación con ERC y los Comuns, con quienes pactó para su investidura el crecimiento del parque público de vivienda, que en estos momentos representa solo el 2%.

Reducir a la mitad el tiempo de construcción

Esa inversión, que Illa considera un "deber de país", supone exprimir todas las vías posibles para contar con nuevos pisos. Por un lado, se creará la primera Reserva Pública de Solares de Cataluña, que tendrá como finalidad ayudar a los ayuntamientos a activar suelo disponible para construir promociones. La primera convocatoria se prevé ya para el año que viene y será abierta tanto a operadores públicos como privados. El president también se ha comprometido a intensificar las negociaciones con el Gobierno para quedarse con terrenos que ahora son de propiedad estatal. Por otro lado, se promoverán las modificaciones legales que permitan reducir en un 50% los tiempos de construcción.

El modelo a seguir, ha apuntado Illa, es el de la colaboración público-privada, por lo que la Generalitat se ofrecerá también a los promotores privados para alquilar o comprar todas las promociones de obra nueva destinadas a vivienda pública en zonas de alta demanda. El plan incluye ayudas directas a la ciudadanía. Se creará un fondo público de emancipación dotado de 500 millones de euros en cinco años para financiar el 20% de los gastos de compra de 12.000 viviendas para menores de 35 años y se destinarán otros 500 millones más para ayudar a las familias a pagar el alquiler y comprar 1.700 pisos de segunda mano para evitar desahucios. "Esta batalla la ganaremos todos juntos", ha proclamado clavando la mirada en el hemiciclo.

Guiños a los socios

Con el as bajo la manga del plan de vivienda, el president trata de garantizarse la confianza de ERC y de los Comuns y situar a Junts entre la espada y la pared después de haber tumbado en el Congreso la ley para regular los alquileres de temporada. Los guiños a los socios prioritarios han sido explícitos cuando ha asegurado que su hoja de ruta es la pactada con los dos partidos que le dieron el 'sí' a la investidura y dará continuidad a la obra heredada del Govern de Pere Aragonès. "Soy consciente de que tengo 42 diputados y necesito 26 más", ha dejado caer reivindicando que para él es un imperativo tener nuevos presupuestos. Para ello, ha prometido hablar con todos, a excepción de la extrema derecha, de la que ha dicho que está dispuesto a desmontar "uno a uno" sus discursos de odio. "Todos los que migran a Cataluña es catalán",

La financiación singular "va a pasar"

Si para el grupo de Jéssica Albiach la "música suena bien" en vivienda, el asunto que fue el centro de su acuerdo para la investidura, Illa ha cuidado también el vínculo con ERC reafirmando que, guste o no, la financiación singular pactada con los republicanos será una realidad por más que haya quien predique lo contrario. "Esto va a pasar en los términos y calendario acordado", ha afirmado en lo que pretendía ser un gesto a los republicanos, pero también un mensaje para que el partido de Carles Puigdemont -a quien ha vuelto a defender que se le aplique la amnistía "sin subterfugios"- salga del córner en esta cuestión.

El president ha asegurado que, aunque no lo parezca, se está trabajando "con discreción" para que los argumentos se impongan al "ruido" que atribuye tanto al PP, a quien acusa de "confrontar territorios", como a dirigentes del PSOE como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. "Sé que costará, y sé que será más fácil si hay un acuerdo amplio de esta Cámara", ha insistido haciendo hincapié en que arremangarse por un modelo de financiación "justo" para Cataluña no va "contra nadie", menos aún cuando "tiene en su ADN la solidaridad".

Mención ha hecho de la defensa del catalán, otra cuestión con la que pretende lograr un amplio apoyo aprobando antes de final de año el Pacte Nacional per la Llengua. También de otro asunto, el de la ampliación del aeropuerto de El Prat, que sabe que pisa más callos en la izquierda -es un anatema para los Comuns-, pero en el que está dispuesto a avanzar con la propuesta de la comisión técnica que se ha reunido de nuevo este martes acabada a principios de 2025. El Govern de Illa trata de despegar dos meses después de la investidura con una oposición que está todavía recolocándose en el tablero.