Europa se abre a excluir de su rebaja arancelaria a la pesca "insostenible"

Abadejo de Alaska (340.000 toneladas), bacalaos y pescados de la especie Boreogadus saida (110.000 toneladas), calamar patagónico (75.000), surimi congelado (60.000 toneladas), camarones y gambas de las especies Penaeus vannamei y Penaeus monodon (48.000), merluza del Pacífico y argentina (40.000), lomos de atún (35.000 toneladas)... Estas son las principales especies que cada año se ven beneficiadas por los contingentes arancelarios que la Unión Europea aplica a algo más de 900.000 toneladas de pescado y marisco foráneo, con el objetivo de blindar el suministro de la industria de los estados miembros y que pueda acceder a materia prima a un precio competitivo. El último reglamento aprobado elevó casi un 10% la cantidad total que se puede acoger a estas tarifas a cero y aun así parte de la asignación de 2025 se agotó al inicio de enero. El sector transformador reaccionó pidiendo un nuevo aumento: se reitera en la necesidad de contar con más producto para ser más rentable. Frente a ello, la flota comunitaria presiona para que la mercancía que entra con ventajas fiscales cumpla los mismos estándares.

Es en este contexto en el que Bruselas ha lanzado una consulta pública con la intención de reformular los llamados ATQs e incluir el factor "sostenibilidad" desde el punto de vista económico, social y ambiental. A ojos de la patronal europea de la pesca, Europêche, "es evidente que el libre acceso al mercado para los proveedores extranjeros de productos del mar debe estar sujeto a la reciprocidad". Y por este motivo celebra el paso dado en este sentido, que abre la puerta a excluir a aquellos cuya gestión no sea ejemplar.

Ahora habrá que ver cómo. Para ello se deberán definir los criterios que la Comisión Europea tendrá en cuenta para determinar qué entra dentro de esa "sostenibilidad" y qué no. Conforme explica el director gerente de la asociación comunitaria del sector pesquero, Daniel Voces, no sería comprensible catalogar como sostenibles a las embarcaciones que faenan en territorios que posean una tarjeta amarilla de los Veintisiete por no cooperar en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada —son ocho; Liberia, Saint Kitts and Nevis, Vietnam, Panamá, Senegal, Sierra Leona, Ghana y Ecuador, que en principio estaría muy cerca de librarse de ella—. Tampoco aquellos que no hayan ratificado los principales convenios impulsados por la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que entre otras cosas buscan combatir la explotación laboral a bordo o el uso de mano de obra infantil.

"Una herramienta eficaz y consolidada"

A falta de concretarse de qué forma actuará Bruselas, la industria se muestra a favor de reforzar los criterios de sostenibilidad, "pero teniendo clara la definición de sostenibilidad". "No se puede empezar la casa por el tejado. Lo primero que debería hacer la Comisión Europea es definir esos criterios de sostenibilidad y, una vez definidos, explicar dónde y cómo quieren aplicarlos. Creemos que debe aplicarse a todo el sistema alimentario, no solo a los ATQs, o solo a las importaciones de la pesca", expone Conxemar.

"Los contingentes arancelarios son una herramienta eficaz y consolidada que permite garantizar el acceso a materias primas esenciales para las fábricas comunitarias, favoreciendo la transformación, el empleo de calidad y valor añadido dentro del territorio comunitario. Es fundamental preservar su finalidad como instrumento de abastecimiento para la industria transformadora de la Unión Europea", señala por su parte Anfaco, que también apoya "plenamente" la necesidad de una pesca y comercio responsable y sostenible. "Es importante que cualquier planteamiento en este sentido se base en criterios claros, aplicables y se haga desde un enfoque equilibrado", destaca asimismo la entidad.