Registrada ya en la Junta la petición de una comisión de investigación sobre el accidente minero de Cerredo

La solicitud de una comisión de investigación parlamentaria sobre el grave accidente minero de Cerredo, en el que fallecieron el pasado 31 de marzo cinco trabajadores, ya ha sido registrado en la Junta General. La solicitud está firmada por todos los diputados del Partido Popular más el diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares. La propuesta se discutirá en la Mesa de la Junta del martes de la próxima semana ya que el orden del día para la que se celebra mañana ya está cerrado.

La solicitud detalla el interés en abrir una investigación "al objeto de analizar, investigar y depurar las posibles responsabilidades sobre la gestión del Gobierno en los últimos años que ha desembocado en el accidente" de la mina de Degaña.

En la exposición de motivos se indica que, tras el accidente, "desde el primer momento" se produjeron declaraciones "tanto por parte de la Administración Central como de la Autonómica, que parecían indicar que la mina se encontraba en perfectas condiciones y que tenía todos los permisos y licencias en regla".

Sin embargo "por parte de los medios de comunicación se empiezan a publicar hechos que indican que podrían haberse producido distintas irregularidades administrativas"

El documento, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, indica que el permiso a la empresa Blue Solving para llevar a cabo un proyecto de investigación fue otorgado "por la hoy consejera Belarmina Díaz, entonces Directora General de Minas". Se trata de un permiso a una empresa "que se acababa de constituir y de la que era administrador el hijo del dueño de anterior empresa explotadora de la mina y a la que se denunció por múltiples irregularidades".

Indica el texto que esa empresa se constituyó con un capital social de 3.000 euros, el mínimo legal, y posteriormente "se le concede por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a través del Instituto de Transición Justa una subvención de casi un millón de euros".

Los firmantes destacan las informaciones periodísticas sobre las denuncias a la empresa, "poniendo de manifiesto distintas irregularidades y la realización de actividades que no se ajustaban a los permisos concedidos". Esas irregularidades fueron refrendadas por la propia Consejera en la Junta General al confirmar que los primeros indicios tras la exploración de la planta tercera de la mina de Cerredo donde se produjo el accidente llevaban a sospechar de una extracción irregular.

La solicitud para activar la comisión parlamentaria insiste en la necesidad de analizar la actuación del Gobierno en los últimos años en materia de minería y en relación con este accidente.

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