La ley de Cambio Climático impide reabrir minas sin devolver ayudas

La posible incompatibilidad de la explotación de minas que en su día fueron cerradas por la UE poniendo sobre la mesa indemnizaciones a sus propietarios sobrevuela en el debate sobre si la empresa Blue Solving, que explotaba la mina de Cerredo en la que fallecieron cinco mineros, podía extraer carbón en la explotación de Degaña sin que la administración devolviese la subvención europea recibida. La ley de Cambio Climático y Transición Energética, del 20 de mayo de 2021, establece en su artículo 29 una referencia explítica al "cese de la producción de carbón nacional".

Señala en su primer punto que "el otorgamiento de autorizaciones de explotación, permisos, concesiones, prórrgas o cesiones de los recursos de carbón" de las unidades de producción inscritas en el Plan de Cierre de la Minería quedará "supeditado a la devolución de las ayudas concedidas al amparo de la citada decisión comunitaria". Asimismo, deberían corresponder "a todo el periodo cubierto por el plan de cierre", así como los intereses devengados. Esta es una condición que debe cumplirse "con carácter previo a cualquier posible autorización".

Según la norma, esta exigencia será de aplicación "a todas las solicitudes de autorizaciones de explotación, permisos o concesiones reguladas por la legislación minera, así como a prórrogas o cesiones que se encuentren en tramitación en el momento de entrada en vigor" de la ley. Por último indica que ha de ser el Instituto de Transición Justa el que vele, "en cooperación con las Comunidades Autónomas" por el cumplimiento del citado artículo.

Precisamente si la mina de Cerredo podía o no explotarse, más allá de que su permiso fuese de "investigación", es una de los elementos en disputa en las denuncias presentadas por una empresa (Promining, del entramado del empresario minero Victorino Alonso) contra la autorización del Principado para la búsqueda de grafito de alta calidad. Victorino Alonso fue propietario de la mina y recibió ayudas europeas para garantizar su cierre. La denuncia ante el Principado fue presentada antes del fatal accidente en el que fallecieron cinco mineros; tras el siniestro, la reclamación fue formulada a la Fiscalía. Se investiga si los fallecidos extraían carbón de manera irregular cuando se produjo la explosión (probablemente por grisú) en la planta tercera de la mina de Cerredo.