Víctimas del incendio de las discotecas en Murcia piden ampliar la causa a un delito contra los trabajadores

 Familiares de las víctimas del incendio que el 1 de octubre de 2023 arrasó dos discotecas de Murcia y causó la muerte a 13 personas quieren que la jueza que investiga el caso amplíe la instrucción abierta por trece posibles delitos de homicidio imprudente a otro contra los derechos de los trabajadores, ya que una de las fallecidas estaría trabajando sin contrato en la sala la noche del siniestro.

La abogada que defiende a los familiares de esta víctima mortal, Rosa Egea, ha propuesto para ello la declaración ante la jueza de dos testigos: una clienta habitual de Fonda Milagros, donde se produjeron las muertes, y el viudo de la fallecida, Ferney Lozano, que también era empleado del local de ambiente latino, como él mismo ha explicado a los periodistas tras prestar declaración.

Lozano ha asegurado que tanto él como su esposa, Olga Lucrecia Nieto, entraron a trabajar la noche de la tragedia en su horario habitual, a las 10 de la noche, él para desempeñar labores de animador, y ella de camarera.

Este hombre ha señalado que ha estado trabajando para el propietario de Fonda Milagros, Daniel Ramírez, desde 2018, cuando todavía la discoteca no se ubicaba en la zona de ocio de Atalayas, sino en el barrio del Infante, y solo tuvo contrato durante apenas un año.

La otra testigo que ha declarado este jueves, clienta habitual de Fonda Milagros, ha corroborado que tanto Lozano como su mujer eran empleados de la discoteca y, de hecho, Nieto fue la camarera que la atendió en la noche del incendio. Su abogada ha insistido en la necesidad de que la causa se amplíe para investigar este posible delito contra los derechos de los trabajadores.

La inspección de trabajo ya determinó en mayo de 2024 la situación irregular de trabajo que desempeñaba en la sala la fallecida.

Por su parte, el abogado que representa al propietario de esa discoteca, Francisco Javier Verdú, ha pedido a la jueza instructora que no permitiera las declaraciones de estos testigos al considerar que exceden el objeto de la investigación, que se limita a si se cometieron o no trece homicidios imprudentes.

En su opinión, debatir en esta instrucción si hubo un posible delito contra los derechos de los trabajadores puede estar provocando la generación de una "prueba preconstitutida" contra su representado, si bien la jueza no ha atendido la petición y ha permitido continuar con las declaraciones.

Para el abogado José Manuel Muñoz Ortín, que representa a los familiares de otras tres víctimas mortales del incendio, los testigos de hoy han corroborado además que la sala no cumplía con las medidas de seguridad exigidas por ley, puesto que la discoteca carecía de carteles reflectantes, luces de emergencia o sistemas anti-incendios.

Además, han acreditado que no había ninguna salida de emergencia más allá de la puerta de acceso al local, ya que las otras dos únicas puertas de la sala, que se ubicaban en la pared de yeso que separaba esta discoteca de Teatre, donde se originó el fuego, siempre estaban cerradas, por lo que no podían usarse con ese fin.

Para el abogado, estos testimonios corroboran que Fonda Milagros "era una ratonera" en la que la evacuación "resultaba imposible", lo que llevó al trágico resultado de las muertes.

La inspección de trabajo también sancionó a Teatre en junio de 2024 por una infracción muy grave en materia de prevención de riesgos laborales.