El problema de la vivienda: el alquiler social como solución

La vivienda siempre ha sido un bien de primera necesidad, una necesidad que las personas han pretendido siempre satisfacer de manera distinta, según las épocas. Pero es preciso hacer una primera distinción: la vivienda considerada desde una perspectiva económica y, por tanto, como un objeto de mercado, como un bien patrimonial, un activo para quienes puedan adquirirla o alquilarla; y la vivienda considerada desde una perspectiva social para quienes no puedan llegar a hacerlo: como alojamiento, morada, como un bien necesario que cumple una función social. Y es en este segundo aspecto, el de su función social, donde los poderes públicos han de intervenir y donde menos se ha intervenido y se interviene en España, país en el que se ha fomentado la consideración de la vivienda como un bien patrimonial, como un objeto de mercado, a pesar de que hoy se reconoce como cierto de manera casi general que sólo con el alquiler social - es decir, con los poderes públicos como propietarios y arrendadores - puede resolverse el problema de quienes no tienen capacidad económica para acceder al disfrute de una vivienda digna ni siquiera en el mercado del alquiler libre.

Algunos países europeos lo han entendido así y llevan muchos años aplicando una política consecuente con ello. Países Bajos, Austria, y Dinamarca intervienen extensamente en el sector de la vivienda de alquiler social, y son los países de la Unión Europea que mayor porcentaje de vivienda social tienen. Además, esos países destinan entre el 2 y el 3% de su Producto Interior Bruto a políticas de vivienda, mientras que en España ese porcentaje es del 0,39% en los Presupuestos Generales del Estado para 2023.

Ante esta situación, mantenida durante muchos años, no debe sorprender que en todas las encuestas aparezca el de la vivienda como el primer problema en nuestro país; y es que este déficit ha provocado situaciones socialmente injustas y muy perjudiciales para el futuro demográfico del país por sus consecuencias en las cifras de la natalidad, entre otras. Por ejemplo, resulta casi insoportable que en España la edad media de emancipación de nuestros jóvenes sea de 30,4 años, sólo por debajo de Croacia, Eslovaquia y Grecia y lejos de las cifras de Finlandia (21,4 años), Suecia (21,8) y Dinamarca (21,8), que encabezan esta clasificación, y lejos de la media de los países de la UE, que es de 26,4 años; o que sólo el 17% de los españoles entre 16 y 29 años estén emancipados; y que 7 de cada 10 personas jóvenes no puedan acceder a una vivienda aún teniendo un sueldo, todo ello según el Consejo de la Juventud (12 de agosto de 2024)

Los responsables de las políticas de vivienda parece que quieren abordar el problema, porque ya es un clamor social. Así, fue aprobada la Ley12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Los resultados de la Ley no son los esperados, y quizás por un exceso de regularización, el parque de viviendas de alquiler se ha reducido hasta casi desaparecer del mercado. Además, da la impresión de que los partidos políticos siguen mezclando la vivienda como producto mercantil sujeto a las leyes del mercado con la vivienda como necesidad social, y continúan pretendiendo que sea la iniciativa privada quien mayoritariamente resuelva el problema de quienes no pueden acceder a una vivienda digna y adecuada. No es el mejor sistema satanizar a quienes han decidido adquirir una vivienda (o varias) como inversión y deciden su destino, porque tienen derecho a ello; ni parece razonable considerar que es siempre el inquilino la parte débil, porque no siempre lo es, y si lo fuera es el Estado quien debe atender las necesidades de ese inquilino.

El hecho es que España va muy retrasada en lo que a la vivienda social se refiere. La media de la UE es del 7% de viviendas sociales con respecto al total de viviendas, mientras que en España ese porcentaje es del 1%, (según el Informe del Banco de España de octubre de 2024), lo que nos sitúa en los últimos lugares, sólo con Portugal, Croacia, Estonia y Rumanía por detrás. El Banco de España, en el informe citado, afirma que en nuestro país hay en la actualidad alrededor de 300.000 viviendas de propiedad estatal destinadas al alquiler social y que necesitamos 1,5 millones de viviendas públicas con ese destino para equipararse a Europa. Para llegar a esa cifra, creo que es necesaria una acción conjunta de ayuntamientos (suelo), administración central (dinero) y administraciones autonómicas (gestión de la promoción y adjudicación de esas viviendas); y todo ello acompañado del aumento del porcentaje del producto interior bruto (1,5 billones de euros) pasando de ese 0,39% actual al 2-3% de otros países, pues cada 1% sobre el PIB supone 15.000 millones de euros, con los que se podrían construir entre 125.000 y 150.000 viviendas al año.

Si de verdad estamos convencidos de que la vivienda social es la solución, o al menos parte de la misma, pongámonos a ello, pensando que para que haya una pancarta con la palabra “meta” tiene que haber otra que ponga “salida”.